Desde que las autoridades fueron alertadas de que una red dedicada al tráfico de migrantes entre Colombia y Estados Unidos estaba haciendo de las suyas, llevando de manera irregular a extranjeros provenientes de Cuba, Haití, Venezuela, China, Somalia, India, Afganistán y Pakistán, entre otros, hacia el país norteamericano, iniciaron rigurosas pesquisas para identificar y capturar a sus integrantes.

La investigación se inició en febrero de 2022, por lo que los investigadores lograron establecer que estas personas se habrían lucrado con más de 3.000 millones de pesos, viajando hasta cuatro veces por semana, utilizando vehículos con sistemas de identificación adulterados y sometiendo a los migrantes a diferentes riesgos, porque estos viajes eran por trochas peligrosas y a altas horas de la noche, sobrepasando la capacidad legal de carga de los buses e inclusive, cuando eran intervenidos por las autoridades, dejaban abandonados los vehículos con los ciudadanos extranjeros.

Las autoridades establecieron que varios migrantes, en especial de nacionalidad afgana, paquistaní y haitiana, presentaban como documento de identidad cédulas de ciudadanía chilenas con el fin de evadir los controles migratorios en territorio colombiano y facilitar su ingreso a Estados Unidos, dado que, con este documento no necesitaban visa para pasar a territorio norteamericano, dejando al descubierto el alcance transnacional de esta organización.

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El general José Luis Ramírez Hinestroza, director de la Dijín de la Policía, aseguró que, en coordinación con la Fiscalía y el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), se adelantó la operación para capturar a nueve de los integrantes de esta red en Nariño, Cauca, Huila, Santander, La Guajira y Atlántico, que presuntamente habría transportado al menos a 294 personas, de las que 54 ingresaron a EE. UU. de manera irregular.

La ruta

La Policía estableció que la organización movilizaba a los migrantes especialmente en vehículos de servicio de turismo, para facilitar el tránsito irregular desde Cúcuta, Valle del Guamuez (Putumayo) e Ipiales (Nariño), hasta Antioquia, haciendo escalas en Medellín y otros puntos del Urabá antioqueño, cobrando entre 2.000 y 4.500 dólares, dependiendo de la ruta y la nacionalidad del migrante.

Una vez ingresaban a suelo colombiano, eran transportados vía terrestre desde las fronteras con Ecuador, Venezuela y Brasil, hasta llegar a Turbo y Necoclí (Antioquia), donde eran recibidos por otros integrantes de la organización, que los desplazaban por la selva del Tapón del Darién hasta Panamá, posteriormente hasta los Estados Unidos. 

¿Quiénes son?

Carlos Alberto Coy García, señalado de ser el líder de la estructura, fue detenido en Ipiales, cuando estaba cargando un bus con más de 19 venezolanos. Este hombre es señalado de ser el organizador y promotor de la entrada o salida de personas del país sin el cumplimiento de los requisitos legales por Migración. 

Presuntamente fue quien validó las rutas, costos, número de pasajeros y conductores de los buses para transportar migrantes desde Ecuador; en la misma acción fue capturado Gilberto Ariza Carrillo, alias Pescuezo, bajo el mando del jefe.

En Neiva (Huila) fue capturado Edwin Andrés Panqueva Prieto, alias Pochis; mientras que Juan Pablo Delgado Escobar fue detenido frente a la Terminal de Transporte en Pasto; Jhon Jairo Balaguera Peñate, ‘Menudencias’, fue sorprendido cuando compraba repuestos para vehículos de transporte en Soledad (Atlántico); asimismo, en Maicao cayó Samuel Darío Meza Salayandia, quien estando esposado después de su captura, trató de huir y fue retenido unos metros más adelante por los policías.

Las demás detenidos fueron tres conductores identificados como Hernando Cáceres Duarte, Hugo Robinson Rodríguez Regalado, detenidos en Bucaramanga, y Mauricio Álvarez Giraldo, quien cayó en Santander de Quilichao (Cauca).

Simultáneamente en Antioquia y Nariño se aplicaron las medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes muebles e inmuebles entre los que se encuentran cuatro establecimientos de comercio, siete vehículos, una sociedad simplificada y seis cupos de transporte especial para buses, valorados en 2.367 millones de pesos y que quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. 

Luego de que los capturados fueron presentados en audiencias concentradas, un juez decidió darles el beneficio de casa por cárcel a los conductores, mientras que los demás fueron enviados a prisión.

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