Más allá de las repercusiones políticas que puedan tener las visitas autorizadas de Timochenko a Cuba –que, entre otras cosas, parecen perfectamente naturales en el curso de un proceso de paz en que el jefe máximo de una de las partes está naturalmente interesado-, preocupa que, de una parte, no obstante la transparencia anunciada en días recientes por el Gobierno, se haya ocultado sin necesidad ese no insignificante detalle y que solamente se haya sabido por una supuesta “imprudencia” del Ministro de Defensa en el curso de un reportaje radial; y de otro lado –mucho más de fondo- que quizá en el interior del Ejecutivo no todos están en la misma línea de pensamiento y acción respecto al proceso de paz.

En todos los asuntos en que se ocupa la rama ejecutiva del poder estatal, pero particularmente en uno tan delicado como el que se tramita en Cuba –en que no por apoyarlo dejamos de ver y reconocer que están en juego buena parte del futuro próximo de Colombia y la vigencia misma de nuestra institucionalidad-, lo mínimo que se espera, con miras al buen suceso de las conversaciones y los eventuales acuerdos, es la unidad del Gobierno Nacional.

El Jefe del Estado, del Gobierno, de la administración, supremo guardián del orden público y comandante, también supremo, de la Fuerza Pública, es –según los mandatos constitucionales- el Presidente de la República.

Es el Presidente el llamado a coordinar, sin intermediarios, la actividad de los ministros y directores de departamentos administrativos, de sus delegados y voceros y de los comandantes de las fuerzas militares y de policía, con el fin de orientar el proceso de paz hacia los objetivos que se ha fijado, que se resumen en la terminación del conflicto armado y que constituyeron elemento esencial dentro del conjunto de sus compromisos de campaña en el último debate electoral.

Se requiere ante todo la existencia de un plan y un esquema de trabajo fijados por él acerca del proceso. Santos está comprometido con el propósito de lograr la paz, y eso es loable.

Cuenta con el apoyo de la mayoría.

Pero, si quiere cumplir, debe asumir la función que al respecto le corresponde y proceder a instruir a sus inmediatos colaboradores sobre los criterios y lineamientos presidenciales; definir la actitud gubernamental en la materia; coordinar y unificar las posiciones, y si definitivamente algunos no comparten la política que señala, lo natural y honesto es su salida del equipo.