Un día antes del festivo nacional del sábado 20 de julio de 1946, se destapó en el Concejo de la ciudad, un supuesto negociado por la adquisición de un “jeep” para el servicio de la Secretaría de Obras Municipales.

En el debate se presentaron argumentos sustentados en documentos que evidencian que el doctor Luis A. Cáceres, en su condición de miembro de la Junta de Gobierno Municipal, según consta en las actas del Honorable Concejo, insinúa la compra de un automóvil “jeep” conveniente para realizar las labores de la Secretaría en mención. 

Ahora bien, el problema radicaba en que el doctor Cáceres, presidió en ese entonces, la Junta de Caminos, ante la ausencia de su presidente titular, Armando Suárez Peñaranda, ordenándole al alcalde comprar con los fondos de esa Junta, el vehículo antes citado.

Todo surgió según parece, a raíz de la intermediación propuesta por el señor Julio García-Herreros, quien actuó como representante del concesionario de los vehículos, quien presentó una cotización por valor de $2.700, pero que los agentes de la Junta encabezados por Armando Suárez, a su vez  declararon un mayor precio, manifestando que no se había considerado el valor de la capota la cual debía incluirse como un accesorio indispensable.

Sin embargo, el alcalde no toma en cuenta esta observación sino que ordena su compra y lo que es peor, sin que en el presupuesto se hubiera asignado la partida para este gasto. 

El tesorero cumple las órdenes del alcalde y firma la correspondiente letra, a noventa días, pero a nombre de Armando Suárez y no a favor de Julio García-Herreros, quien fungía como representante de ventas del vehículo.

En razón de lo anterior y debidamente verificada la transacción, se cita a sesiones del Concejo y en ella el concejal Alfonso Lara Hernández presenta una proposición de censura contra el alcalde por la negociación que considera ilegal e inconveniente. En la misma proposición se le ordena al señor tesorero no cubrir la letra firmada a favor del seño Armando Suárez. 

A esa sesión se excusó, por razones personales, de asistir el presidente de la Corporación. El debate se prolongó más de lo usual y fue necesario, por lo avanzado de la hora, suspender la sesión, quedando con el derecho al uso de la palabra el señor alcalde. La sesión fue programada para el martes siguiente 23 de julio.

Por razones de procedimiento, algunos concejales no fueron citados, entre ellos Manuel Vicente Hernández y Rafael Rangel Durán pero en cambio se citó al señor Julio Restrepo, quien fuera chofer del señor Suárez y quien asistió y participó activa y puntualmente cada vez que se le requirió.

En el uso de la palabra, el señor alcalde justificó la negociación presentando un certificado de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento en el cual se hace constar que también compró un ”jeep” que está prestando magníficos servicios en las carreteras del departamento. Adicionalmente lee un informe en el que se dice que el municipio de Bogotá tiene diez aparatos similares y revela al Concejo que la negociación se hizo citando una autorización para hacer traslados dada pro-témpore al alcalde Ochoa. Para rematar y como argumento definitivo declara enfáticamente que el ejecutivo municipal considera la proposición como una censura y que si el Concejo al aprueba no le quedará más remedio que darse por vencido y que como en las novelas de caballería, decirle a sus adversarios, “tomen su lanza y quítenme la vida”. 

A renglón seguido, toma la palabra el concejal Rafael Rangel Durán, Randú, para sus amigos y seguidores, iniciando su discurso aclarando que es tío político de Armando Suárez y que éste no intervino en la negociación y que quien figuró fue un ‘godo’, sin precisar nombre y presenta una proposición sustitutiva, agregando que el ejecutivo municipal, el personero y el tesorero como miembros de la Junta de Gobierno, deben renunciar, bien sea que se apruebe la proposición sustitutiva o la del concejal Lara.

El alcalde riposta que si la negociación no se aprueba, habrá crisis en la administración municipal.

El debate continuó por unas horas más que al final concluyó con el retiro de los dos proposiciones y como fórmula de transacción, se aprobó un mico en el Acuerdo que sobre Avisos Luminosos se estaba tramitando en segundo debate, y en éste, el Concejo ordena la compra del dichoso “jeep” y hace los traslados correspondiente para aprobar la negociación.

Al cierre de la sesión, el concejal Lara deja constancia de que ella tiende a librar a los autores de esta negociación, de cualquier sugerencia que pudiera hacer el público, respecto al hecho criticado de que un sujeto que ocupa una posición en la administración municipal, en este caso Armando Suárez Peñaranda, presidente de la Junta de Caminos, negocie con el municipio un “jeep”, suministrado por Armando Suárez Peñaranda, agente de estos vehículos en la ciudad y que para esto se valía de un intermediario.

Casos como este fueron frecuentes en las administraciones municipales y departamentales, durante la primera mitad del siglo pasado, en todo el país sin excepción. El mismo concejal Lara recordaba una situación similar ocurrida en el pasado reciente, cuando el líder político Miguel Roberto Gélvis en desempeño de sus gestiones públicas negociaba con su socio y su cuñado los bloques de cemento suministrados para la construcción  del matadero y de la plaza de mercado de El Zulia, su pueblo natal.

Gerardo Raynaud D. | gerard.raynaud@gmail.com