Las manifestaciones en Perú contra la presidenta Dina Boluarte, que reúnen en Lima a miles de personas venidas de las zonas andinas e incluyen bloqueos de vías en varias partes del país, continuarán, dijo uno de los organizadores.
"La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referendo para la (Asamblea) Constituyente", declaró el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López.
"Las personas que llegaron a Lima y que permanecen en la ciudad piensan movilizarse hoy (viernes) nuevamente, aunque aún no está claro cómo", admitió.
"La jornada del jueves fue un éxito. Los trabajadores paralizaron sus actividades. En Lima la marcha era pacífica, pero la policía comenzó los ataques con gases lacrimógenos, perdigones e incluso balas", añadió el líder sindical.
Los disturbios en Perú se han cobrado 45 vidas desde el 7 de diciembre. Estallaron tras la destitución y detención del presidente de izquierda Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
Las protestas del jueves en Lima dejaron 38 heridos entre policías y civiles, según el ministerio de Interior.
Miles de personas, la mayoría provenientes de regiones andinas, como Cusco y Puno, marcharon por la capital mientras estallaban violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad.
Por la noche, Boluarte volvió a llamar a la calma, en un mensaje emitido por la televisión estatal.
"A las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar en paz, que sí quieren llevar el ingreso a sus hogares para sostener sus familias, les digo y también a los que están generando estos actos de protesta, a los que se han trasladado de las provincias a la capital, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo", dijo.
Pero también advirtió que "los actos de violencia" de diciembre y enero "no quedarán impunes".
El gobierno de Boluarte amplió el domingo el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público.
El jueves las regiones Amazonas y La Libertad, ambas en el norte, y Tacna, esta última en la frontera con Chile, fueron incluidas en el estado de emergencia. Con ello casi un tercio del país, que tiene 25 regiones, está afectado por ese régimen hasta mediados de febrero.
Aeropuertos cerrados
Boluarte era la vicepresidenta de Castillo, a quien reemplazó según establece la Constitución, y provienen de la misma fórmula que ganó las elecciones de 2021, pero es vista como "traidora" por los manifestantes.
"Este gobierno no nos representa, es ilegítimo para el pueblo aimara, por lo tanto hemos venido aquí para hacer sentir nuestra voz de protesta", dijo Ricardo Mamani, de 47 años.
"Hemos viajado por 42 horas desde la región Puno, estamos exigiendo de una buena vez que esta señora (Boluarte) dé un paso al costado para que el pueblo esté en paz", añadió.
Mamani, quien vestía de negro en señal de luto por las víctimas de la región Puno, instó a organizaciones de derechos humanos internacionales a intervenir. "No sentimos la presencia del derecho internacional. No hay quien nos defienda", clamó, indignado.
En Lima, brigadas de bomberos continuaban trabajando en apagar el incendio de un antiguo edificio semideshabitado cerca a la histórica plaza San Martín, donde se agrupaban centenares de manifestantes.
Los aeropuertos de las regiones del Cusco y Arequipa (sur) permanecían cerrados y el servicio de trenes a la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, seguía sin servicio en el contexto de las protestas que además de los 45 muertos dejan ya más de 600 heridos.
Decenas de turistas extranjeros y nacionales esperaban el viernes con sus maletas en el frontis del aeropuerto del Cusco su reapertura para viajar, según imágenes de televisión.
La crisis también refleja la inmensa brecha que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
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