Una gran sorpresa se llevó el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, al descubrir que el proceso de actualización catastral fue contratado el 29 de diciembre del año pasado con el municipio de Neiva, Huila.

No se explica cómo se fue tan lejos para adelantar ese ejercicio cuando la Asociación de municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo ofrece ese servicio.

La Procuraduría General de la Nación revisa con lupa ese proceso y solicitó a la actual administración de Neiva que lo suspenda y se revise de fondo.

“Primero lamentar profundamente que Ocaña haya tomado la decisión el año pasado de entregar la gestoría catastral a Neiva, bastante cuestionado en este tema, estamos muy preocupados porque debió hacerse con varios oferentes y es bastante lamentable. Haremos todo lo que esté al alcance desde el punto de vista jurídico porque esto impide más el accionar ante las necesidades de actualizar el catastro y obviamente al hacerlo con un municipio que ni siquiera es del departamento atrasa todo”.

Lea además: Deudas, el dolor de cabeza del alcalde de Ocaña

Es enfático al manifestar que Neiva tiene serios problemas y se puede verificar con la Procuraduría. Nunca hubo una socialización, ni mucho menos se sometió a la aprobación del Concejo de Ocaña a raíz de la afectación al patrimonio financiero de los habitantes de la región. Durante el empalme los funcionarios salientes presuntamente escondieron esa información a los entrantes, reiteró el funcionario.
 

Enderezar el entuerto

El abogado Francisco Antonio Coronel Julio calificó el hallazgo como una de las tantas ‘perlas’ que van a denunciar debido al detrimento del patrimonio de Ocaña.

“Aparte de los sobrecostos y el saqueo sistemático aparece este tipo de convenios. Es un exabrupto, no sabemos las excusas y las explicaciones lógicas sobre ese desastre total”, reiteró.

Toda la contratación hecha “debe mirarse con lupa porque es lesiva para la gente por todo el horror de corrupción. Los órganos de control deben meter la mano fuerte porque no es justo que los responsables hoy sean funcionarios públicos en otras instancias como ocurre con Samir Casadiego a nivel departamental”, reiteró.

Asegura que en derecho las ‘cosas se deshacen como se hacen’ y los órganos de control deben actuar para dar por terminado de manera bilateral ese contrato y “enderezar en entuerto”.

Lea además: Hueco fiscal de Ocaña supera los $30.000 millones

Coronel señala que debió hacerse un concurso de méritos debido a la magnitud de la decisión y se tiene limitantes para otorgar un convenio. El alcalde no gobierna solo, debe apoyarse del Concejo para coadministrar, recalcó.
 

Tocó todas las puertas 

El mandatario saliente, abogado Samir Fernando Casadiego Sanjuán, en una alocución radial explicó que ante la dificultad de convertirse en gestor catastral se procedió a contratar con la administración opita.

Asegura que es una necesidad para el municipio y desde el 2020 comenzó la tarea para lograr el catastro multipropósito para el aumento de los ingresos propios a través del impuesto predial unificado.

“El primer intento lo hicimos con el Gobierno nacional donde directamente se sostuvo una reunión en presidencia, pero nos descartaron porque valía en su momento mediante una cotización entregada por Asomunicipios la suma 11 mil millones de pesos. Se esfumó esa posibilidad ya que no podían financiarnos”, explicó.

Los otros entes territoriales PDET siguieron adelante y hoy gozan de ese servicio, menos Ocaña. “Continuamos con la tarea para convertirnos en gestores catastrales y sobrevino el cambio de presidencia en República y el tema de catastro multipropósito no le llamaba mucho la atención y estábamos al límite de una decisión. Todo el trámite se paralizó y buscamos una ficha para sacar adelante la iniciativa”, añadió el funcionario saliente.

Entonces buscaron una figura distinta y agotados los trámites estaban obligados a buscar un privado donde se tenía que desembolsar los 11 mil millones de pesos. Sin embargo, la Asociación, ni mucho menos el municipio los tenía. “Urgía una solución rápida para mejorar los ingresos propios de la movilidad presupuestal. Conversamos en varias oportunidades con el presidente ejecutivo de la Asociación de municipios, Hugo Arévalo Franco y no se logró consenso alguno, incluso tuve la posibilidad de suscribirlo con Cúcuta, pero no gozaban la experiencia e idoneidad”, recalcó.

El exalcalde confesó que en septiembre del año pasado tocó las puertas en el departamento de Huila y a pocos días de soltar las riendas de la administración suscribió el convenio.

Lea además: Terminal de transportes de Ocaña, en saldo rojo

Irónicamente el exalcalde encontró la ayuda para salvar el catastro de Ocaña en un ente territorial cuestionado por la Procuraduría General de la Nación. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion