En dos meses y medio comienza la inscripción de candidatos para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes que se celebrarán en marzo de 2022 y todavía no está claro cuántas ni cuáles de las nuevas reglas de juego incorporadas en el Código Electoral aprobado el año pasado se implementarán.

La razón: la Corte Constitucional aún no entrega el veredicto sobre el estudio de constitucionalidad que determinará si la reforma, que fue posible después de 34 años y que moderniza la legislación electoral, es exequible o no.

En vista de este panorama y de que el calendario electoral sigue corriendo sin que haya luces sobre los cambios que sufrieron trámites que ya están en marcha como la inscripción de cédulas, la Misión de Observación Electoral (MOE) le hizo un llamado al presidente del alto tribunal, Antonio José Lizarazo, para que se agilice la revisión y se brinden cuanto antes todas las claridades sobre cómo deben desarrollarse los procesos electorales de Congreso y Presidencia de 2022.

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“Para la MOE es preocupante que, a tan solo siete meses del proceso electoral, no hay claridad frente a los procedimientos de inscripción de cédulas de ciudadanía, inscripción de candidaturas, las reglas para el desarrollo de las campañas y el funcionamiento de la misma jornada electoral, lo cual podría tener consecuencias graves frente al ejercicio de los derechos políticos, por cuanto no hay certeza sobre las reglas que le serán aplicables”, advirtió la veeduría electoral.

En el oficio enviado al magistrado Lizarazo, la Misión de Observación planteó que además de los efectos políticos y electorales que traerá la decisión de la Corte, el fallo también tendrá implicaciones en la contratación y la planeación de las próximas jornadas democráticas, razón por la cual, la demora en la publicación del fallo “podría representar un retraso en dicha contratación y ejecución para desarrollar los procesos electorales, cuestión que preocupa a la MOE”.

“La Misión de Observación Electoral es respetuosa de la autonomía de la Corte Constitucional, sin embargo, señor presidente, teniendo en cuenta lo manifestado, reiteramos la necesidad de que se profiera una sentencia oportuna de acuerdo a cada uno de los momentos del calendario electoral y que brinde parámetros sobre los asuntos que serán declarados constitucionales o inconstitucionales y cuáles disposiciones normativas se aplicarán para las elecciones”, manifestaron.

Cambios sobre los cuales hay inquietudes

Según quedó contemplado en el nuevo Código Electoral aprobado a finales de 2020, en adelante las elecciones en Colombia se extenderán una hora más, es decir, se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde; además, se garantizará el transporte público gratuito, las listas a corporaciones públicas serán paritarias, los jurados de votación saldrán directamente del censo electoral y se combatirá la llamada trashumancia con la identificación del domicilio del elector, entre otros cambios.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, señaló que varias de estas modificaciones tendrán un impacto considerable en los próximos comicios y es por esa razón que resulta urgente saber si se implementarán o no en las elecciones de 2022.

“En lo dispuesto para la conformación de listas paritarias, la MOE identifica que, para las organizaciones políticas este cambio en la normatividad representará la realización de acciones encaminadas a garantizar la inclusión de las cuotas en sus listas. Las organizaciones políticas deberán, cuando se elijan 5 curules o más, conformar sus listas de candidaturas con un mínimo de 50% de mujeres, sobre el número de candidatos inscritos a la corporación que se pretenda postular. De incumplirse esta medida, podrá ser causal de revocatoria, sanción disciplinaria o multa para las organizaciones políticas”, explicó Barrios.

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La directora de la MOE trajo a colación también la elección de los jurados de votación, pues indicó que el nuevo Código Electoral modifica el criterio de integración de estas listas, teniendo en cuenta que ya no serán seleccionados de los listados que envíen las instituciones públicas y privadas, sino que saldrán aleatoriamente del censo electoral, lo cual implica cambios en los sistemas tecnológicos empleados para tal fin.

“En caso de que salga el fallo de la Corte, antes del proceso electoral se requerirá acoplar esa contratación a la decisión, pudiendo tener un impacto presupuestal significativo que podría evitarse”, dijo Barrios.

De la misma forma, sugirió que, con la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos democráticos, surge la necesidad de crear mecanismos nuevos de control y vigilancia, pero que para eso se requiere de un tiempo suficiente de preparación, consecución de recursos y coordinación con la organización electoral.

En esa medida, Alejandra Barrios insistió en que se hace urgente acelerar el control de constitucionalidad para poder adaptar los cambios que se aprueben, al desarrollo del proceso que ya está en marcha.

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