Esta semana, al revelar que la exniñera y una empleada de servicio de la ex jefe de gabinete de Gustavo Petro Laura Sarabia habían sido víctimas de interceptaciones ilegales, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, resumió así el escándalo: “volvieron las ‘chuzadas’ a Colombia”.

En efecto, esta es una práctica que, cada cierto tiempo, vuelve a asomarse en la política colombiana. No han sido pocos los escándalos que, en los últimos años e incluso décadas, han estallado en el país, al hacerse público que, desde los organismos de inteligencia del Estado se ha ordenado escuchar ilegalmente a líderes de oposición o a personas que tienen algún interés para funcionarios del Gobierno.

Son pocos, en cambio, los casos en los que se ha logrado identificar a los responsables e imponer condenas, sin contar aquellos en los que sus autores se han salido con la suya y ni siquiera han trascendido a la opinión pública.

Algunos de estos casos guardan similitudes con el escándalo que ahora afecta al Gobierno Petro y por el que en las próximas semanas tendrán que declarar varios funcionarios y ex funcionarios de la Casa de Nariño.

*‘El escándalo que acabó el DAS’*

Probablemente el escándalo más sonado en materia de ‘chuzadas’ que se ha dado en el país se presentó en el gobierno de Álvaro Uribe y terminó llevando a la liquidación del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que por ese entonces tenía a cargo la inteligencia del Estado.

Las investigaciones judiciales concluyeron que varios líderes de oposición como Piedad Córdoba, Carlos Gaviria y Antonio Navarro al igual que a los periodistas como Hollman Morris y Daniel Coronell, así como el entonces magistrado de la Corte Suprema y hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, y varios defensores de derechos humanos fueron objeto de seguimientos e interceptaciones.

Las labores de espionaje afectaron incluso a la Corte Suprema de Justicia, en donde unas empleadas de servicios generales fueron utilizadas por una agente de Policía, Alba Luz Flórez Gélvez, conocida como la ‘Mata Hari’, para que instalaran una grabadora en la sala en donde el alto tribunal llevaba a cabo sus salas de decisión.

Aunque las interceptaciones fueron realizadas por agentes de Policía y miembros de organismos de inteligencia, las investigaciones llevaron al propio Palacio de Nariño, pues el secretario general de Presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, fue encontrado responsable y condenado a 8 años de prisión.

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*El caso Guatibonza *

Otro caso que parece tener cercanía con el actual fue el escándalo de ‘chuzadas’ que en 2018 provocó la captura del general en retiro Humberto Guatibonza, por ser presuntamente parte de una red dedicada a hacer interceptaciones ilegales.

Según las investigaciones de la Fiscalía en ese momento, una empresa, supuestamente creada por Guatibonza, ofrecía a diferentes clientes la posibilidad de obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresarios rivales, parejas, funcionarios públicos, etc.

En el mismo escándalo se mencionó el nombre del saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, como uno de esos clientes que habría obtenido información ilegal del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, pero nunca hubo decisiones judiciales contra el entonces senador.

Guatibonza, que se ha declarado inocente en el proceso que se adelanta en su contra por esas interceptaciones, debió salir a los medios a negar que tiene relación con el actual escándalo de ‘chuzadas’ que afecta al gobierno Petro o con Armando Benedetti.

*El mismo ‘modus operandi’ *

Otro escándalo que guarda relación con el actual fue el que involucró, también en 2018, a Luis Carlos Gómez Gongora, coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía General de la Nación.

En este, las coincidencias están en el modus operandi. Como ocurrió en el caso de la niñera y la empleada de servicio de Laura Sanabria, las interceptaciones se hacían a través de un procedimiento legal, pero incluyendo dentro de un proceso criminal el teléfono de una persona que nada tenía que ver con ese proceso.

En el caso de las exempleadas de Laura Sanabria, según la Fiscalía, se les hizo pasar como miembros del Clan del Golfo, e incluso se les inventaron unos alias que no tenían: la ‘cocinera’ y la ‘madrina’. En el escándalo de 2018 se habría interceptado el teléfono de un miembro de un sindicato, en relación con un caso de desaparición forzada con el que nada tenía que ver.

Y como esos son decenas los casos de ‘chuzadas’ que se han dado en el país, desde hace varias décadas, sin que por lo general se logre determinar quién estaba detrás y qué era lo que buscaba.

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