Un menos de un mes termina el gobierno del presidente Iván Duque y la Defensoría del Pueblo decidió, por segunda vez, hacer un corte de cuentas a las acciones que se han liderado en los últimos años para avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc en 2016.
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Si bien la conclusión, en términos generales, es que la administración que está por terminar viene dando cumplimiento a los compromisos pactados en los diferentes puntos, en algunos con mayor grado de progreso que en otros, y destaca el “esfuerzo de planeación” que se ha promovido como parte de la política de Paz con Legalidad, Norte de Santander definitivamente sigue siendo uno de los departamentos que menos figura en términos de logros y ejecutorias.
Según el informe presentado por la Defensoría, los rezagos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) continúa siendo uno de los principales lunares del departamento, pese a que es el segundo más afectado por la presencia de coca.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registra a Tibú como el municipio con mayor afectación en Colombia, pues concentra el 13,5 % del total nacional y el 48% del total departamental. Además, en el listado de 10 municipios del país con más coca sembrada también figuran Sardinata, El Tarra y Teorama.
No obstante, el balance hecho por la delegada del Ministerio Público concluyó que, en contraste con los avances que se han dado en Putumayo y Nariño, que son las regiones que concentran el mayor número de familias beneficiadas con el PNIS, con avances del 80% en la mayoría de componentes, en Norte de Santander el progreso es menor.
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“Por ejemplo, mientras la mayoría de departamentos reporta un porcentaje superior al 85% en materia de asistencia técnica integral, Norte de Santander y Cauca reportan 57,20% y 59% respectivamente. Situación similar ocurre si se revisa el componente de seguridad alimentaria, para el cual Norte de Santander y Cauca reportan 56,3% y 51% frente a los demás departamentos con más del 82% de avance”, dice el informe de seguimiento.
La Defensoría advierte que los resultados también son poco alentadores en términos de proyectos productivos, pues junto con Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta y Guainía, los avances reportados son menores respecto a las demás regiones donde se implementa el PNIS.
“Ante dicha situación, se hace necesario identificar las barreras que se han presentado en los municipios con un menor porcentaje de avance, con el fin de generar estrategias pertinentes, a fin de dar celeridad a la implementación del programa de sustitución”, recomendó el defensor, Carlos Camargo.
El informe señala que, como el Gobierno Nacional aclaró que era imposible la vinculación de más familias al PNIS, se dispusieron otros programas alternativos de sustitución como ‘Hecho a la medida’
para el cual se priorizaron ocho departamentos, entre ellos Norte de Santander, pero hasta el momento solo se está ejecutando en ocho municipios de Antioquia, Vichada, Nariño y Putumayo.
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En la región del Catatumbo, apenas unas 3.000 familias están inscritas al Programa de Sustitución. A nivel nacional son 99.097 las familias vinculadas.
Todavía sin tierras
En el corte de cuentas que hace la Defensoría a la implementación del Acuerdo, destaca también los avances en la consolidación del Fondo de Tierras que se creó como parte de la Reforma Rural Integral.
Entre lo pactado se estableció que la constitución de este fondo se daría con un total de 3 millones de hectáreas para ser entregadas, de manera gratuita, a la población rural sin tierra o con tierra insuficiente, durante los primeros 12 años de la implementación.
A la fecha, según las cifras de la Agencia Nacional de Tierras, han ingresado 1’912.839 hectáreas, lo cual equivale al 63,8% de la meta pactada.
Lo preocupante para la Defensoría es que la mayor parte de las hectáreas disponibles en el Fondo de Tierras se concentra solo en seis departamentos, entre los cuales, por supuesto, no está Norte de Santander, (Bolívar, Vichada, Meta, Antioquia, Arauca y Caquetá).
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“El esfuerzo para la consolidación del Fondo es inobjetable, sin embargo, el hecho de que el 80% de las tierras ingresadas se concentre únicamente en seis departamentos puede elevar el riesgo de inequidad en la distribución de las tierras rurales del país, además de que podría afectar la aplicación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural”, dice el informe.
Allí también se puede ver que si bien se aprobó un Conpes para fortalecer la puesta en marcha del Catastro Multipropósito y en el documento se priorizaron 57 municipios para avanzar con la herramienta en 2021, tan solo 14 se actualizaron entre 2020 y el año pasado, pero ninguno de ellos en Norte.
Uno de los pocos avances al respecto, es la habilitación de la Asociación de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios), como gestor catastral.
Zonas de Reserva y PDET
El seguimiento hecho a la implementación da cuenta, además, que la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación ha acompañado 13 planes de Zonas de Reserva Campesina ya constituidas. Adicionalmente, se han presentado a la Agencia Nacional de Tierras 37 solicitudes de constitución, de las cuales solo tres se encuentran pendientes de resolución de recursos y otras tres en cierre administrativo; las demás están en proceso.
“Algunas de las solicitudes (de constitución de Zonas de Reserva Campesina) llevan más de 10 años esperando surtir el trámite pertinente para su respectiva constitución, por lo que es importante priorizar y dar celeridad a la respectiva evaluación y validación conforme a los términos de ley”, dice la Defensoría.Lea también: El misterio detrás del asesinato de dos policías en Cácota
Con relación a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) la recomendación, en general, es que a pesar de los avances alcanzados, es necesario tener en cuenta que la inversión debe atender a todos los municipios priorizados, evitando que unos concentren mayores recursos que otros.
El defensor del pueblo dijo que el objetivo de este informe de seguimiento es que pueda servir como guía tanto a las entidades del Gobierno, como a los liderazgos rurales y las organizaciones, para “reconocer los avances, dificultades, oportunidades y las lecciones aprendidas evidenciadas”.
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