Por medio de un video que se difundió en las redes sociales, las disidencias de las Farc le propusieron al electo presidente Gustavo Petro avanzar en un acuerdo que permita el cese bilateral del fuego.

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Los integrantes del grupo armado anunciaron, incluso, que ya tienen listos los que serían sus “plenipotenciarios” para una eventual negociación, la cual sería encabezada por Iván Lozada 

En el comunicado le piden al gobierno entrante que, en común acuerdo, establezcan también un “clima propicio” para definir mecanismos eficaces que le permitan a “las masas desplazadas y empobrecidas”  participar en la elaboración de los cambios estructurales que requiere el país.

“Finalmente las Farc- Ep nos hemos planteado por concepción y convicción, la solución política a la violencia desatada por el Estado. Por tal motivo, invitamos al nuevo gobierno, en cabeza del doctor Gustavo Petro y la doctora Francia Márquez, como genuinos representantes de las aspiraciones de las clases populares, para que en común acuerdo, creemos un clima propicio para un acuerdo de cese bilateral”, dice la disidencia.

Quien habla en el video parece ser Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc que el pasado 15 de julio el ministro de Defensa, Diego Molano, presentó como abatido en combate.

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El anuncio de este grupo armado se conoce horas después de que el designado ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, se refiriera a una posible dejación de armas por parte del Clan del Golfo, catalogado como una banda criminal y no como un grupo alzado en armas con estatus político.

“¿Estamos en sometimiento o acogimiento?, una sutileza. En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios, porque el sometimiento es al Código Penal, pero si hay delación, hay rutas, implica que hay posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales”, afirmó Leyva en medio de su intervención.

Lo dicho por Leyva abre, entonces, el interrogante frente a lo que podría ocurrir con la disidencia de las Farc en caso de un acercamiento con el nuevo gobierno, como quiera que el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 establece que quien no haya participado del proceso de dejación de armas en los términos establecidos en la negociación “no podrá tener acceso a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema”.

“Quien se salga del proceso de paz perderá todos los beneficios y será investigado por la jurisdicción ordinaria”, explicó en su momento el Gobierno.

Comenzando 2017, cuando iba a comenzar  el proceso de dejación de armas, se ratificó que cualquier delito que cometieran los miembros de la desaparecida guerrilla de las Farc después del 1 de diciembre de 2016, salvo los estrechamente ligados con el proceso de dejación de armas, "no podrán ser objeto de ningún tratamiento penal especial".

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