La campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 apenas está calentando motores y en la antesala de esta nueva contienda democrática ya son 36 las víctimas de violencia electoral que se contabilizan en el país, en 29 hechos.
Así lo advirtió la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que esta semana presentó su primer informe de violencia y dinámica electoral en el que alertó que, entre el 13 de marzo, fecha en la que empezó a correr el calendario para los comicios de Congreso, y el pasado 23 de agosto, cada cuatro días se contabilizó una víctima de violencia política en Colombia.
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De acuerdo con la investigación, los funcionarios elegidos popularmente han sido hasta ahora las personas más afectadas por este tipo de ataques, con 17 víctimas, lo que representa el 47,22% del total de personas afectadas. Les siguen integrantes de partidos políticos y periodistas, con cinco y cuatro víctimas, respectivamente.
“Dentro de este segmento, los concejales han sido los más afectados con seis casos, todos correspondientes a amenazas; les siguen seis alcaldes, dos ediles, dos diputados y una representante a la Cámara”, señaló Pares.
El mayor número de hechos y víctimas se registró en junio y los departamentos más afectados por las acciones en contra de los actores políticos fueron: Antioquia (5 casos), Magdalena (5), Bogotá (4), Valle del Cauca (4), Atlántico (3) y Tolima (3).
Al revisar los diferentes casos, los investigadores concluyeron que, en esta etapa preelectoral, los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, hacen parte de las coaliciones de gobierno, por cuenta del Estatuto de la Oposición.
“A nivel de partidos, la cifra de víctimas está concentrada en partidos alternativos emergentes (a excepción del Partido Liberal 17%), siendo los miembros del Partido Alianza Verde (29%), MAIS (13%) y Colombia Humana UP (13%) los más victimizados”, dice el informe.
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La Fundación Paz y Reconciliación señaló que, dado el alto número de casos que se ha presentado en estos cinco meses de etapa preelectoral, no es posible identificar sistematicidad contra uno u otro sector en específico, pero precisaron que sí ha habido algunos hechos que permiten inferir que estos se asocian a la fuerte presencia de grupos armados organizados en el territorio.
Los investigadores indicaron que, de los 36 casos de violencia electoral registrados, al menos en un 72,41% de estos no se conoce el agente que lo perpetró. En el otro 27,59% se identificaron como presuntos determinadores a grupos paramilitares o de autodefensas.
Pares recordó que, en 2019, antes de los comicios en los que se eligieron las autoridades locales y regionales para el periodo que está en marcha, se presentaron cuatro informes de violencia electoral en los que revelaron cómo durante el desarrollo del calendario electoral, aspirantes a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y Juntas Administradoras Locales, así como funcionarios públicos, integrantes de partidos políticos, denunciantes de corrupción electoral, entre otros, fueron víctimas de diferentes ataques en buena parte del territorio nacional.
En total fueron 230 las víctimas contabilizadas para esas elecciones en 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios.
En ese sentido, la Fundación señaló que lo que buscan con este tipo de investigaciones es llamar la atención sobre la confluencia de prácticas lesivas para la democracia que se enquistan en el sistema político.
“En el ámbito local, este sistema sigue profundamente relacionado con los grupos armados ilegales que compiten, cooperan o conviven con las instituciones del Estado y sus funcionarios para obtener o mantener el control territorial o de sus rentas”, concluyó la Fundación.
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