Desde el 6 de marzo de este año asumió funciones como delegado del registrador nacional del Estado Civil en Norte de Santander Jorge Alberto Villamizar Durán.

Es abogado de la Universidad Libre, seccional Cúcuta y tiene una especialización en Derecho Público y Contratación Estatal. También es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar. Fue diputado durante dos períodos y presidente de la Asamblea. Ha desempeñado también otros cargos en la administración pública. Hasta comienzos de este año, después de casi cinco años en ese cargo, fue defensor del Pueblo en la seccional de Norte de Santander.

La Opinión habló con Villamizar sobre sus nuevas funciones.

Se acercan ya varias jornadas electorales en el país, ¿dónde tiene en estos momentos concentrada su mayor atención la Registraduría?

En la creación y actualización de la Dipole (División Política Electoral), la ampliación de la cobertura en los puestos de votación; también en el uso del aplicativo web que garantiza la publicidad y transparencia de los procesos electorales, así como en el diseño y organización del sistema democrático juvenil.

A propósito, este año tendrá lugar la elección de los Consejos de Juventud, que es un proceso democrático nuevo, ¿cómo funcionará?

Los Consejos de Juventud se fundamentan en la Ley 1622 de 2013. Son mecanismos autónomos de participación, concertación y vigilancia de la gestión pública. Son interlocutores de los jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes ante la institucionalidad pública de cada ente territorial.

¿Cuál es la demanda de cedulación en Norte de Santander en estos momentos?

Las cifras no son constantes, pero podríamos tener un promedió aproximado de un poco más 5.300 que se distribuyen así:

-Cédulas de primera vez: 3.326

-Renovación: 91

-Rectificaciones: 106

-Duplicados:  1.788

¿De qué forma ha incrementado la migración de venezolanos a Colombia la expedición de cédulas en la zona fronteriza?

Es considerable el incremento de la cedulación de nuevos colombianos y colombianos retornados, por la situación que se vive en el país hermano. En épocas anteriores mucho colombiano salió del país y hoy en día regresan con sus hijos quienes, por ley, tienen derecho a acceder a la cédula colombiana.

¿Es alta la demanda de doble nacionalidad?

Sí, claro. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 96, introdujo un principio de la doble nacionalidad, que consiste en que un colombiano no pierde su nacionalidad colombiana por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Además, la Ley 43 del 1993 dice: “Todo colombiano tiene derecho a tener más de una nacionalidad”. En nuestro territorio es muy común tener familias colombianas y venezolanas.

Su paso por la Defensoría del Pueblo

¿Cómo le fue en su desempeño al frente de la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander?

Diría que bastante bien. Pudimos acompañar a la población vulnerable de nuestro departamento, visibilizamos la grave situación que viven nuestros campesinos, fuimos la primera institución, en su momento, que identificó la problemática del migrante venezolano y retornado colombiano. Estuvimos con el campesino del Catatumbo en los momentos más difíciles, cuando el programa de sustitución de cultivos no llegó como se había planteado. Con las masacres que se presentaron en nuestro departamento estuvimos ahí, acompañando a sus víctimas, al igual que en muchas otras situaciones complejas.

¿La Defensoría del Pueblo tiene algunas funciones especiales en la zona fronteriza?

Claro que sí. La función de acompañar la movilidad humana, visibilizar la violación de derechos humanos que día a día viven los migrantes y  los colombianos en una zona azotada por el conflicto y tan llena de necesidades.

¿El conflicto armado le impone una dinámica especial a la Defensoría del Pueblo?

Sí, ya que ese es el deber ser de la Defensoría del Pueblo, estar donde la comunidad lo necesite, velar por los derechos de las comunidades y desafortunadamente en el conflicto es donde más se violan los derechos humanos.

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