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Política
Es una vergüenza que Colombia estuviera en la lista de países que permite el matrimonio infantil: Jennifer Pedraza
La representante a la Cámara, una de las autoras de la ley que prohíbe el matrimonio con menores, habló con La Opinión sobre este histórico avance.
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Lucy Araque
Lucy Araque
Sábado, 16 de Noviembre de 2024

Después de ocho intentos fallidos, esta semana el Senado aprobó en su último debate un histórico proyecto de ley que busca ponerle fin a una práctica de la que poco se habla en el país, pero que tiene consecuencias de peso en la población menor de 18 años: el matrimonio infantil.


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Una de las artífices de ese avance es la representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, quien tuvo que batallar hasta con firmas para que el Congreso asumiera esta bandera y finalmente pudiera ser una realidad.

Pedraza, quien acaba de ser reconocida por el Panel de Opinión como una de las tres mejores representantes de la pasada legislatura, estuvo ayer en Cúcuta para participar en un foro en la Universidad Libre, sobre la participación de la mujer en política y La Opinión aprovechó para conversar con ella sobre la ley que prohíbe el matrimonio con menores de edad.

La congresista reconoció que este es un avance significativo para Colombia, pues dice que en el país hoy en día está tan naturalizada la pedofilia y tan arraigada la cultura de las uniones maritales con menores, que hasta ahora se creía que este era un asunto  solo de los países del Medio Oriente.


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A nivel mundial es una vergüenza que Colombia estuviera en esa lista de países que permitía el matrimonio infantil y no solo estábamos en esa lista, sino que ocupábamos el puesto número 20 a nivel mundial en tasa de matrimonio infantil”, señaló la representante.

Pedraza dijo que el 17% de los matrimonios y uniones maritales de hecho en Colombia vinculan a un menor de edad y que si se analiza el panorama en la zona rural, esa cifra sube al 25%.

“Es decir, uno de cada cuatro matrimonios o uniones tempranas en Colombia vinculan a menores de edad. Lo cual es una práctica violatoria de sus derechos, porque este fenómeno está asociado con violencia física, psicológica, sexual, embarazo a temprana edad y deserción escolar”, aseguró.

 En ese sentido, considera que el Estado tenía que dar ese paso y no permitir que se continuara legitimando esta figura, si se tiene en cuenta, además, que el matrimonio infantil afecta de manera particular a las niñas.


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El 70% de los menores en matrimonios o uniones maritales de hecho son niñas. Por eso es que nuestro mensaje de esta campaña fue #SonNiñasNoEsposas”, agregó la congresista, quien cumple su primer periodo como legisladora.

‘Lo más difícil acaba de empezar’ 

Sobre el contenido de la ley, a la que le falta solo la conciliación y la sanción presidencial, Jennifer Pedraza explicó que su énfasis está en la prevención.

“Lo más difícil acaba de empezar, que es la implementación. Por eso, solo la mitad del proyecto es la prohibición, la otra mitad tiene que ver con la inclusión en la política de infancia y adolescencia de una campaña de prevención, educación y de lucha cultural, porque esto de verdad está ensamblado en la cultura colombiana”, sostuvo.


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La dirigente explicó que una vez quede en firme la ley, en el país será una obligación educar a los maestros y a los padres, pero también a los mismos menores, frente a los efectos lesivos que tiene el matrimonio infantil y así “batallar culturalmente y lograr prevenir este fenómeno”.

Pedraza aclaró que en la norma no quedó contemplado el matrimonio infantil como un delito, por cuanto esto ya se ensayó en México y terminó generando un efecto contrario.

“Ahora, si esto ocurre, dependiendo del caso, eso podría entrar en algún tipo de delito que ya exista hoy, como por ejemplo la trata de menores, porque ese delito está relacionado con el matrimonio infantil. Casan niñas, pero realmente es para explotarlas laboralmente”, manifestó.


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La representante Pedraza dijo que algunos aspectos que tiene a su favor la ley, para evitar que se quede solo en el papel, es que cada seis meses se deberá rendir cuentas sobre el proyecto, lo que permitirá estar con la lupa puesta sobre los recursos que le asignan para su implementación y hacer el control político.


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