Días atrás estuvo en Cúcuta el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para analizar con las autoridades del departamento la complicada situación de seguridad de la ciudad y la región, y definir un plan de intervención que permita hacerle frente al accionar de los criminales que operan en esta zona del país.

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Una de las primeras medidas que se anunció fue la designación de 18 fiscales que ayudarán a reforzar las líneas de investigación en casos de homicidio, feminicidio, líderes sociales, hurto, microtráfico, extorsión y trata de personas.

En diálogo con La Opinión, Barbosa se refirió a las amenazas de las que fue objeto el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, entregó un balance sobre el esclarecimiento de los casos que se registran en la ciudad y el área metropolitana, habló de las bandas transnacionales que delinquen en la frontera y se refirió a la tensión que ha marcado su relación con el presidente Gustavo Petro.

El funcionario respondió si será candidato presidencial en 2026 y cuáles son sus reparos a la política de ‘paz total’ del Gobierno.

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Las bandas criminales transnacionales tienen atormentada a la ciudad, incluso, días atrás, una de ellas amenazó directamente al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ¿cuántas organizaciones de este tipo tiene identificadas la Fiscalía y cuáles son las líneas de investigación que manejan sobre su accionar?

Sobre las amenazas contra el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, se inició una investigación teniendo en cuenta el video que estaba circulando en redes sociales, el cual ya está en poder de la Fiscalía. De igual forma, el pasado 22 de enero se emitieron órdenes de policía judicial y una vez se obtengan los resultados se presentarán ante un juez de control de garantías para que sean judicializados los responsables. Una de las hipótesis que se maneja en este caso es la presunta responsabilidad de la organización transnacional conocida como los AK-47.

De otra parte, en contra del Tren de Aragua, organización transnacional que también incide negativamente en la seguridad de Norte de Santander, se han adelantado acciones operativas a través de las cuales se han logrado resultados contundentes como la captura de su cabecilla, alias Niño Guerrero. Otros 56 de sus integrantes han sido judicializados entre el 2020 y 2023. Unos 21 homicidios han sido atribuidos a este grupo delincuencial. La Fiscalía logró el esclarecimiento de tres secuestros, al igual que el hecho terrorista del parque Mercedes Ábrego, ocurrido el año anterior.

A propósito de estas bandas, ¿ha logrado la Fiscalía algún tipo de coordinación con Venezuela para trabajar de manera conjunta en las investigaciones?

La Seccional Norte de Santander ha adelantado mesas de trabajo con el objetivo de reactivar y fortalecer los convenios de cooperación judicial.

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En su criterio, ¿a qué obedece que la situación de inseguridad esté desbordada en Cúcuta y muchas ciudades del país?

Al presidente Petro y su gobierno no les interesa la seguridad de la ciudadanía y ataca con frecuencia las instituciones de justicia. He señalado varias veces que al Gobierno Nacional no le interesó tener una política pública en materia de prevención y seguridad. Improvisan todo el tiempo. No salen de Bogotá, no entienden el país y benefician con la idea de ‘Paz total’ la criminalidad. Los criminales se incentivan con la inacción del Estado. Recordemos que este Gobierno, con frecuencia, propone beneficios a cabecillas de estructuras criminales por fuera de la Constitución y, más allá de la retórica y de los anuncios, hay un gran desconocimiento de las dinámicas criminales en los territorios.

Si a esto se le suma el descuido de la Fuerza Pública de varias zonas críticas con influencia de estructuras criminales, se puede explicar la situación por la que atraviesan regiones como Norte de Santander.

364 personas fueron asesinadas en Cúcuta y el área metropolitana durante 2023, es decir, diariamente hubo un homicidio. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes supera, incluso, la media nacional, ¿en qué porcentaje se logran esclarecer esos casos y judicializar a los responsables, porque la gente tiene la sensación de que no hay justicia para los criminales?

Durante el año 2023 se presentaron 548 homicidios en el departamento Norte de Santander. De ellos, 284 fueron en Cúcuta, 50 en Villa del Rosario, 15 en Los Patios, 8 en Puerto Santander, 13 en El Zulia y 1 en San Cayetano. Las acciones de la Fiscalía lograron un 51,82% de esclarecimiento.

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La extorsión es otro de los delitos que ha ido en aumento en el último año, ¿qué panorama tienen ustedes y que se está haciendo al respecto?

Este fenómeno ha crecido en Cúcuta, al igual que en otras ciudades del país como Bogotá y Barranquilla. Por lo anterior, la Fiscalía ha diseñado un plan de acción en aras de analizar este comportamiento delictivo, su focalización, caracterización y georreferenciación en comunas y municipios del área metropolitana de la capital. Con esto queremos determinar la presencia de organizaciones criminales, sus cabecillas y los hechos que les son atribuibles para lograr la judicialización correspondiente y la reducción de este delito. La seccional cuenta actualmente con dos fiscales Gaula destacados y dos de apoyo para atacar esta dinámica delincuencial.

¿Qué casos relevantes adelanta la Fiscalía sobre delitos contra la administración pública que involucren a funcionarios de Norte de Santander?

Fiscales de administración pública, en articulación con extinción de dominio, vienen adelantando investigaciones contra exmandatarios de la ciudad de Cúcuta, entre los cuales están Donamaris Ramírez, César Rojas y Ramiro Suárez Corzo. Igualmente, se adelantan procesos contra Carlos Socha, exalcalde de Villa del Rosario y Ronal Felipe Jaimes Pabón, exalcalde de Salazar de las Palmas. Se adelantan investigaciones en los sectores de salud, PAE y contrataciones de obra e infraestructura. Los procesos se encuentran en etapa de indagación y averiguación de responsables, por lo tanto, tienen reserva sumarial.

Relaciones con el gobierno Petro

¿Usted no cree en la ‘Paz total’ del presidente Petro?

Es que no se trata de “creer” o no. Insisto, esto nunca ha sido una rencilla personal ni política. Nosotros hablamos con argumentos y quien conozca mi trayectoria sabe que soy amigo de los procesos de paz. El problema es la gigantesca improvisación, la falta de claridad y la incoherencia que ha acompañado la política de paz de este Gobierno, con intentos de rupturas legales e institucionales y la consecuencia de haber devuelto al país a un panorama de inseguridad que no se veía desde hacía décadas.

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¿Cuáles son los aspectos que más los distancian?

Temas tan elementales como no confundir procesos de paz con procesos de sometimiento a la justicia, como no dar a narcotraficantes y paramilitares el tratamiento de delincuentes políticos, son los que nos han separado de la denominada ‘Paz total’. Además, mientras esta no tenga un Norte claro e implique que los peores delincuentes actúen a sus anchas, seguirá siendo una “paz criminal”.

¿Por qué ha sido tan difícil trabajar con el Gobierno Nacional?

No le ha interesado trabajar con la Fiscalía. No quieren la articulación. Y no por nuestra causa, nosotros seguimos cumpliendo con lo que nos corresponde. Se ha roto en primer lugar, porque en la cabeza de la Rama Ejecutiva no se están ejerciendo debidamente las competencias que les corresponden: las órdenes de captura obtenidas por la Fiscalía ante los jueces, en contra de los responsables de los más graves hechos de violencia, tienen una ejecución deficiente o nula. No se está garantizando el acceso de nuestros investigadores a los territorios, para esclarecer y judicializar prontamente los hechos delictivos. La policía judicial de la Policía Nacional está al garete. En fin, todas estas son responsabilidades del Gobierno Nacional. Nosotros no podemos solos en la lucha contra el crimen.

¿No hay respeto a la independencia de poderes?

Desde la misma Presidencia se han patrocinado hostigamientos y agresiones en contra de la Fiscalía General de la Nación, lo cual es incompatible con el respeto a la independencia de la justicia y altera la armonía institucional. Lo claro de esto es que el fiscal general defiende unos valores y principios que el presidente no acepta. Mi línea es proteger la institucionalidad, la de él degradarla.

Pero, ¿no cree que la tensión que ha marcado la relación suya con el presidente Petro pareciera estar reducida a una puja política e ideológica?

Para nada y en eso he sido muy claro. Mis discrepancias con el presidente de la República han sido jurídicas e institucionales. Desde el día uno de su mandato tuvimos plena disposición para trabajar con el Gobierno. Desafortunadamente, el presidente ha generado una ruptura, por el simple hecho de que no nos plegamos a varias de sus iniciativas absurdas y, cada vez que vimos un intento de torcer el cuello a la ley, no vacilamos en llamar a las cosas por su nombre. Naturalmente, esa tensión ha tenido el agravante de las continuas muestras de irrespeto de él hacia la Fiscalía, lo cual es preocupante en un Estado democrático de derecho.  

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¿Cree que las decisiones del Gobierno tienen maniatadas a las Fuerzas Armadas?

Lo que considero es que están huérfanas de liderazgo y de respaldo por parte de quien, se supone, es responsable de su comandancia. El primer error ha sido, por supuesto, prescindir de personal técnico y experimentado en la Fuerza Pública, al punto de que, de manera insólita, varios de sus altos mandos hoy en día son coroneles. Eso no tiene presentación. De ahí en adelante han existido falencias operativas y de coordinación institucional de toda índole. Las Fuerzas Armadas no pueden ser una rueda suelta en el Estado de derecho, necesitan de un Gobierno civil serio que las dirija y las respalde.

¿Francisco Barbosa será candidato a la Presidencia en el 2026? ¿Qué les dice a los que aseguran que usted ha utilizado la Fiscalía como una plataforma para esa campaña?

No he hecho nada distinto que defender el Estado de Derecho y las instituciones, en el marco de las competencias que me confiere la Constitución en materia de política criminal. Que a algunos no les guste es otra cosa. Como es obvio, en este momento no me ocupa nada distinto que ejercer como fiscal general de la Nación hasta el 12 de febrero de 2024. Lo que se requiere hoy para Colombia son liderazgos y no candidaturas prematuras.

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