Gran revuelo ha generado en el país el decreto presidencial que se conoció a comienzos de esta semana y que le da vía libre a la creación de 1.208 nuevos cargos en la Procuraduría General de la Nación, entre asesores, directores de despacho, procuradores delegados, profesionales universitarios, técnicos investigadores, auxiliares administrativos entre otros.

La decisión adoptada por el presidente Iván Duque el 24 de diciembre, y que para muchos sectores políticos ha sido considerada como un verdadero regalo en plena época electoral, contempla el nombramiento de 32 nuevos procuradores regionales y 60 provinciales en las diferentes regiones del país, entre ellas Norte de Santander.

De acuerdo con un comunicado expedido por el Ministerio Público, la creación de estos nuevos cargos responde al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expedido en julio de 2020, el cual dispuso que el funcionario que formule cargos a un investigado no debe ser el mismo que dicte la sentencia disciplinaria.

Así las cosas, el ente de control asegura que esta decisión judicial generó la necesidad de separar funciones, designando un funcionario de instrucción y otro de juzgamiento, pues anteriormente estas dos etapas recaían en el mismo procurador.

Las tareas de las Procuradurías Regionales

Según el Decreto 1851, en adelante las Procuradurías Regionales de Instrucción serán las encargadas de conocer las actuaciones disciplinarias hasta la notificación del pliego de cargos o la decisión de archivo de funcionarios como:

- Los que conforman los órganos de dirección y administración de las áreas metropolitanas.

- Los diputados, concejales de las capitales de departamento, contralores departamentales y municipales, defensores regionales, rectores, directores o gerentes de organismos descentralizados del orden departamental y miembros de sus juntas o consejos directivos, y servidores públicos del orden departamental.

-Los representantes legales, gerentes, revisores fiscales, miembros de las juntas directivas de las entidades privadas que desempeñen funciones públicas a nivel departamental.

-Los integrantes de las juntas directivas de las Cámaras de Comercio que tengan de nueve a once miembros principales y los notarios de segunda categoría.

-Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado y las personas naturales que administran contribuciones fiscales o parafiscales del orden departamental.

-Los curadores urbanos de áreas metropolitanas, asociaciones de municipios y de capitales de departamento.

-Los particulares que desempeñen función pública a nivel departamental.

Por su parte, las Procuradurías Regionales de Juzgamiento tendrán que, como su nombre lo indica, encargarse de fallar los procesos adelantados por las regionales de instrucción.

De la misma forma, deberán conocer los recursos de apelación y queja, al igual que los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se presenten en los procesos de conocimiento de las procuradurías provinciales y distritales, en etapa de juzgamiento, excepto en los casos de servidores públicos de elección popular.

Los procuradores de juzgamiento asumirán también el grado de consulta de los autos de suspensión provisional proferidos por los procuradores provinciales y distritales, en etapa de juzgamiento, excepto en los casos de servidores públicos de elección popular.

Igualmente, conocerán los recursos de apelación, queja, impedimentos, recusaciones, así como el grado de consulta de la suspensión provisional y sus prórrogas, proferidos en etapa de juzgamiento por el control interno del orden municipal y personerías municipales y distritales, en los eventos en que no se pueda garantizar la segunda instancia. Adicionalmente, dirimirán los conflictos de competencia que se den entre los personeros y los procuradores provinciales, en etapa de juzgamiento.

Las Procuradurías Provinciales

De la misma forma, la nueva directriz establece la división de las Procuradurías Provinciales para que unas se concentren en la instrucción y otras en el juzgamiento.

Las primeras estarán encargadas de adelantar las actuaciones disciplinarias hasta la notificación del pliego de cargos o el archivo de los procesos que se lleven contra alcaldes de municipios que no correspondan a la capital del departamento, personeros, ediles de juntas administradoras locales, rectores, directores o gerentes de las entidades y organismos descentralizados del orden distrital o municipal, los miembros de sus juntas o consejos directivos, y contra servidores públicos del orden distrital o municipal.

En este grupo también se incluyen suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, contralores de los municipios distintos a la capital del departamento, representantes legales, gerentes, revisores fiscales, miembros de las juntas directivas de las entidades privadas que desempeñen funciones públicas a nivel municipal e integrantes de las juntas directivas de las Cámaras de Comercio que tengan menos de nueve miembros principales y los notarios de tercera categoría.

Los procuradores de juzgamiento conocerán la etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías provinciales y distritales de instrucción, así como los procesos disciplinarios de competencia del control interno disciplinario del orden municipal y distrital, las personerías municipales y distritales, en los casos en que no puedan garantizar la separación de la instrucción y el juzgamiento.

‘Exceso de carga laboral’

Ante la avalancha de críticas que surgió por el alto número de cargos creado en la Procuraduría, la titular de esa entidad, Margarita Cabello Blanco, insistió en que el Ministerio Público tiene una carga laboral de al menos 75.000 procesos, de los cuales están en riesgo de prescripción aproximadamente 12.000 que tienen que ser evacuados prontamente.

“Para responder a todos estos requerimientos se realizó un estudio de funcionamiento de la entidad, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que se concluyó que las necesidades y demandas de la Procuraduría para implementar la Ley 2094 de 2021 y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana eran imposibles de satisfacer con la planta de personal actual, por lo que recomendó ampliarla en diferentes niveles”, informó el Ministerio Público en un comunicado.

En este aseguran que los 1.208 nuevos cargos no implicarán adiciones al presupuesto ordinario destinado a la Procuraduría, el cual corresponde al 0.29% del presupuesto nacional.

“Los cargos a proveer son de diferentes niveles y buscan el fortalecimiento de la función disciplinaria, de acuerdo con las necesidades del servicio, buscando promover políticas como la de primer empleo y la de la profesionalización de la planta de la Procuraduría General de la Nación”, señalaron.

‘Se defrauda la confianza de los colombianos’

A los cuestionamientos contra el Decreto 1851 expedido por el presidente de la República se sumó ayer la Misión de Observación Electoral (MOE), que consideró como “inesperado” el alto número de cargos que se crearán a partir del próximo año.

“Se van a generar una serie de cargos de altísimo nivel que no son producto de ningún tipo de estudio de Función Pública, ni siquiera de la misma Procuraduría, porque como lo señaló la misma  procuradora General, apenas va a empezar a estudiarse cuáles serían los cargos y los más urgentes. Es completamente desproporcionado lo que está pasando y defrauda la confianza de los colombianos en el Congreso de la República y en lo que se decía que no se iba a contratar más gente”, planteó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

El precandidato presidencial Gustavo Petro también se refirió a lo dicho por la procuradora Margarita Cabello, en el sentido de que la creación de los nuevos cargos obedece al cumplimiento del fallo de la CIDH que le devolvió los derechos políticos al dirigente de izquierda, tras su destitución como alcalde de Bogotá y la inhabilidad de 15 años que le impuso en su momento el Ministerio Público.

“Esto es una verdadera falsedad de la procuradora. La sentencia lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas. En cambio, lo que hizo la procuradora fue transformarla en una policía política, a cambio de cargos para los congresistas”, aseguró Petro en su cuenta de Twitter.

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