Para este domingo 30 de enero está programada la votación de la revocatoria del alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez y a tan solo cinco días de que esto suceda, la expectativa entre los cucuteños es total frente a la realización de la jornada.

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¿Es cierto que la revocatoria está suspendida? ¿Finalmente sí hay votación? ¿Es verdad que van a programar una nueva fecha? ¿Los jurados nos tenemos que presentar el domingo a donde fuimos citados? Preguntas como estas se escuchan con frecuencia en los últimos días en los diferentes sectores de la ciudad, pero las respuestas en realidad son pocas o al menos no tan claras.

Y es que desde que la Registraduría Nacional solicitó, el pasado 18 de enero, un nuevo aplazamiento de la fecha de la consulta, argumentando que no tenía los recursos necesarios para su desarrollo, todo es confusión.

El jueves anterior se conoció un documento expedido por Omar Montoya Hernández, director general del Presupuesto Público Nacional, en el que informa sobre la asignación de los $792 millones que le hacían falta a la organización electoral para la jornada democrática, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público un nuevo pronunciamiento por parte de la entidad, confirmando la celebración de la jornada democrática.

Fuentes al interior de la Registraduría Nacional, en Bogotá, consultadas ayer en la tarde por La Opinión dieron por hecho que la revocatoria en la que se definirá la continuidad del mandatario local está aplazada y que aún no hay nueva fecha para su celebración.

Aunque no hay mayores precisiones sobre el porqué se postergaría si ya están las asignaciones presupuestales, la semana pasada se comentó que una vez recibiera el dinero, el tiempo que le quedaba a la entidad para avanzar con los preparativos de la consulta, es decir, con la contratación, no sería suficiente.

No obstante, el decreto expedido por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, convocando para el 30 de enero la votación del mecanismo de participación sigue vigente, puesto que el mandatario se mantuvo en que no era posible revocarlo, como lo pedía la Registraduría.

Lo anterior, por cuanto la fecha ya establecida fue fijada en el marco de una decisión judicial que le tuteló el derecho a un ciudadano y como tal debía respetarse y cumplirse.

En ese sentido, para la Gobernación de Norte de Santander no existen los argumentos para que, a tan solo unos días de la celebración de la jornada democrática, se advierta sobre la imposibilidad de su organización, mucho más si se tiene en cuenta que desde un principio la propia Registraduría sugirió el 30 de enero como la fecha más viable para este ejercicio.

Ayer también se supo que el alcalde ad hoc, Juan Camilo Restrepo Gómez, se encuentra, igualmente, a la espera de algún pronunciamiento por parte de la organización electoral, pues por ahora lo único claro es que el Ministerio de Hacienda ya dispuso los recursos.

Entre tanto, desde el comité promotor de la revocatoria están convencidos de que la consulta sí se votará este domingo, puesto que no solo el decreto que la convoca está en firme, sino que ya está todo dispuesto en términos de recursos, asignación y preparación de los claveros y escrutadores, así como los jurados de votación.

Miguel Galindo, integrante del equipo que impulsa la iniciativa ciudadana, manifestó que ayer en la tarde estuvo averiguando sobre la organización de la jornada y que desde la Registraduría de Cúcuta le informaron que estaban a la espera del material y la logística para el desarrollo del mecanismo.

Por ahora, el ambiente sigue siendo de incertidumbre y desde el mismo comité esperan que en las próximas horas se conozca un nuevo pronunciamiento, confirmando el desenlace de la revocatoria.

De otra parte, la expectativa está puesta también en la tutela que interpuso el alcalde Yáñez en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, y que hace trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La defensa del mandatario alega que el tribunal electoral le violó su derecho al debido proceso y a elegir y ser elegido, por haber expedido la certificación de cumplimiento de requisitos legales de las cuentas de ingresos y gastos de la campaña promovida por el comité promotor de la revocatoria, a pesar de que se encontraba en curso en esa corporación una investigación por el supuesto incumplimiento en el reporte de algunos gastos.

Hace unos días se conoció, precisamente, que el CNE ordenó abrir investigación y formular cargos contra los miembros del comité “Que se va, se va, póngale la firma’, por la posible falta de información relacionada con la totalidad de los gastos en que incurrieron los promotores de la consulta ciudadana.

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