Tal y como se proyectó hace quince días, hoy el Consejo Nacional Electoral volvió a aplazar el estudio de una ponencia que pide abrir investigación formal a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez en el 2022 por la violación de topes en al menos $5.000 millones.
Y como se previó ahora el motivo fue que se reincorporó como miembro del CNE el magistrado Altus Baquero, quien volvió al cargo a comienzo de mes en virtud de un fallo de la Corte Constitucional la cual ratificó que él si tenía la experiencia para ocupar ese cargo
Es por eso que el magistrado Baquero alegó que apenas asumió la semana pasada, por lo que pidió a la sala plena que le dieran dos semanas más para poder estudiar la ponencia. Ante la solicitud que tiene todo sentido, se aprobó darle el tiempo y se aplazó por segunda vez en menos de un mes el estudio de la ponencia.
La anterior suspensión se dio cuando la magistrada Alba Lucía Velásquez, pidió en rotación el expediente y ayudó a postergar la votación del pliego de cargos.
Este nuevo aplazamiento se ajusta a la estrategia que viene haciendo la defensa del presidente Gustavo Petro y su campaña, la cual se basa en presentar tutelas, recusaciones, con lo cual se hace imposible que la sala plena estudie la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz, quienes son los que pidieron desde mayo pasado cuando radicaron el documento que se abra es investigación.
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Pero mientras la sala plena acogía la petición del magistrado Baquero, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Lándinez, presentó una tutela contra el CNE por considerar que la autoridad electoral no está habilitada constitucionalmente para investigar al presidente.
Al respecto Lándinez sostuvo que “el Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela presentada para proteger mi derecho fundamental y el de más de 11 millones de colombianos a elegir, contenido en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que votamos por el presidente Gustavo Petro y para salvaguardar la figura presidencial y la democracia, hoy en riesgo debido a las actuaciones del CNE, que no cuenta con la competencia constitucional para investigar al presidente. Toda investigación sobre el jefe de Estado debe ser realizada exclusivamente por la Comisión de Investigaciones Acusaciones de la Cámara de Representantes”.
La semana pasada el presidente Petro instauró una demanda ante el Consejo de Estado, pese a que la sala de consulta ya le reconoció las facultades al CNE, pero la defensa del presidente insistirá otra vez para que los magistrados del CNE no voten el pliego de cargos hasta que se conozca el fallo de la demanda.
En mayo pasado la bancada del Pacto Histórico recusó al magistrado Álvaro Hernán Prada porque hace parte del Centro Democrático, un partido de oposición al presidente por considerar que hay conflicto de intereses.
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