La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avaló que el proceso de investigación contra el exsenador Richard Aguilar pase a manos de la Fiscalía General de la Nación.

El excongresista, quien tras su captura por orden de la alta Corte renunció a su curul en el Senado, es sindicado como presunto determinador de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propia y de terceros.

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Los hechos por los que investigan al exsenador ocurrieron de 2014 a 2015, cuando fue gobernador del departamento de Santander, por lo que las presuntas actuaciones no tendrían nada que ver con su actividad como congresista.

No obstante, el proceso de juzgamiento del caso seguirá estando en manos de la Corte Suprema de Justicia, que también es la entidad que juzga a los gobernadores, según lo establecido en la Constitución Política, en su artículo 235.

“El fuero Constitucional señala que cuando se es congresista, investiga la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y juzga la Sala de Juzgamiento, que si bien son dos salas separadas, siguen siendo la misma Corte. Cuando se es gobernador (como pasa con Aguilar cuando ocurrieron los hechos), esto implica que investiga la Fiscalía General de la Nación y acusa ante la Corte Suprema, es decir, quien juzga es la Corte, pero investiga la Fiscalía”, explicó el penalista Camilo Iván Pizza.

El senador es investigado puntualmente por un contrato en el reforzamiento del Estadio Alfonso López, en la Villa Olímpica de Bucaramanga, en 2015, por un valor superior a los 24.000 millones de pesos.

El 5 de diciembre de 2014, la gobernación, a través de la secretaria de Infraestructura, publicó el aviso de licitación pública para el reforzamiento estructural y adecuación del estadio, el coliseo Vicente Díaz y José Antonio Galán, así como las piscinas olímpicas. Esto por un valor de 15.000 millones de pesos.

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El 30 de enero de 2015 el contrato le fue adjudicado a la Unión Temporal Reforzamiento 2015, constituida por las empresas Ingream SAS, Ingeniería, Servicios y Asesorías de Santander y Argeu S.A, cuatro meses después, la entidad giró un anticipo del 40 %, es decir, por 6.111 millones de pesos. Luego se hizo una adición por 6.748 millones de pesos.

En este contrato, Aguilar supuestamente pidió una coima del 10 % del negocio. En total, dijo la Corte, Aguilar habría obtenido para beneficio propio más de 2.400 millones de pesos producto de “coimas”, y habría permitido la apropiación por terceros de recursos públicos del Departamento de Santander por más de 3.500 millones pertenecientes al contrato de obra No. 0766 de 2015, para el reforzamiento estructural del estadio de Bucaramanga.

Los testigos en contra de Aguilar son Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.

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