Este viernes, la Cámara de Representantes tomará una decisión histórica: por primera vez escogerá a una mujer para liderar la Defensoría del Pueblo. Se trata del organismo encargado de proteger e impulsar los derechos humanos, así como de ser garante de las libertades de los ciudadanos.

Sin embargo, es una entidad que congrega también a más de 2.400 funcionarios y 100 contratistas, y que solo este año manejará un presupuesto superior a los $1,2 billones. De allí que –como casi todo lo que ocurre en el Congreso–, de por medio haya movimientos políticos, estrategias sin distingo de orillas ideológicas y todo tipo de maniobras para arañar un poco de burocracia y sumar una aliada en una de las entidades más importantes del Estado.

La puja está es entre tres reconocidas defensoras de derechos humanos que fueron postuladas la semana pasada por el presidente Gustavo Petro: Dora Lucy Arias, Iris Marín Ortíz y Jomary Liz Ortegón.

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Este jueves, tras intensas y maratónicas reuniones a manteles con las diferentes bancadas, las aspirantes acudieron formalmente a la Cámara y ante la plenaria presentaron sus planes para fortalecer y transformar la entidad.

Hoy la balanza parecer estar inclinada hacia Iris Marín, quien parece ser virtualmente la próxima defensora del Pueblo a partir del 1 de septiembre. Se trata de una abogada que viene de ser magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y quien ha forjado una carrera alrededor de la justicia transicional. Marín jugó un papel preponderante en el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc al asesorar al gobierno de Juan Manuel Santos.

Fruto de ese trabajo conoció a una figura de primer orden que, según fuentes consultadas por este diario, apoyó entre sombras su candidatura: el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Lo cierto es que Marín logró hacerse al respaldo público de los 27 miembros de la bancada conservadora, así como de la mayoría de los 33 representantes del Partido Liberal, la fuerza más poderosa de la Corporación.

A ello se suman los apoyos de los 15 representantes del Partido de La U, los 15 de la denominada coalición Verde-Centro Esperanza y los 16 de las curules de paz. Es decir, Iris tendría asegurados, al menos en el papel, 106 de los 188 votos de la Cámara de Representantes. Para ser elegida, la jurista necesita el respaldo de al menos 95 congresistas.

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Sin embargo, en medio de la puja aparece Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Se trata de una organización que ha sido afín a pesos pesados del petrismo, como el senador Iván Cepeda o el representante Alirio Uribe. De allí que la señalen como la candidata del Pacto Histórico, que no ha anunciado su voto.

Lo cierto es que la jurista, quien cuenta con formación en derecho constitucional y derechos humanos, ha litigado en numerosos casos internacionales de violaciones a derechos humanos, incluida la demanda de Petro contra el Estado colombiano tras su destitución como alcalde de Bogotá.

Sin embargo, con todo y que reuniera los votos del petrismo en pleno, contra Jomary Ortegón juega un factor en contra: la oposición –en cabeza del Centro Democrático–, la señala de montar una persecución judicial contra el expresidente Álvaro Uribe que incluso se habría extendido a Argentina. En julio pasado, un juzgado admitió una querrella promovida por Cajar contra el exmandatario debido a su supuesta responsabilidad en los falsos positivos.

Así las cosas, de entrada, Ortegón tendría que descontar los 16 votos del uribismo en la Cámara, así como los 18 de Cambio Radical, teniendo en cuenta que ambas colectividades, aunque independientes, funcionan como una oposición colegiada y unida.

Finalmente, aparece Dora Lucy Arias, una abogada que ha representado jurídicamente a víctimas en múltiples casos de violaciones de derechos humanos, quien no tendría más remedio que arañar votos de lado y lado para asegurar algunos apoyos.

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