Menos de un día de vida legislativa tuvo el proyecto de reforma constitucional que se radicó en el Cámara de Representantes, con el fin de extender el mandato del presidente Iván Duque hasta agosto de 2024, congelaba por diez años los salarios de los congresistas y ampliaba de cuatro a cinco años los periodos de los altos funcionarios del Estado, entre otras enmiendas.

Este fue un proyecto que se había ‘cantado’ desde hace más de un mes que se presentaría por sectores afines al Gobierno Nacional, para hacer ‘la jugadita’ de poder tener dos años de mandato bajo el supuesto de unificar los mandatos del Presidente de la República con los alcaldes y gobernadores, como también al Congreso con concejos y asambleas.

Aunque el proyecto nació en el seno de la Federación Nacional de Municipios, es decir, los alcaldes, el mismo tuvo eco en un grupo de 25 representantes, en especial conservadores, quienes lo radicaron en la noche del miércoles y de inmediato suscitó un escándalo, tanto de la oposición, que calificó el mismo como un golpe de estado, como de los principales dirigentes de los partidos de la alianza gobierno.

El ‘tsunami’ político de esta reforma obligó a que el propio presidente Iván Duque tuviera que salir a decir en público que no apoyaba, mientras que en privado su ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo un lobby para que se retirara el proyecto o, al menos, se hundiera sin que se arrancara su discusión.

“Lo voy a contestar de la forma más clara. Iván Duque Márquez, presidente Colombia, con cédula de ciudadanía 79.940.745 será presidente hasta el 7 de agosto de 2022. Este país no está para otras discusiones. Más claro no se lo puedo decir”, dijo Duque en una entrevista con Semana.

Se desmontaron

Esta reforma fue radicada por los representantes conservadores Buenaventura León, Nidia Marcela Osorio, Félix Chica, Felipe Muñoz, Armando Zabaraín, Liliana Benavides, José Gabriel Amar; del uribismo estuvo, Luis Fernando Gómez Betancourt; de la U Alonso del Río, Mónica Valencia, Teresa Enríquez, Jorge Eliécer Salazar y Astrid Sánchez.   

También los liberales Juan Diego Echavarría, Hernán Estupiñán, Carlos Julio Bonilla; por Cambio Radical Camilo Arango, Modesto Aguilera, Salim Villamil. Otros firmantes fueron Milene Jarava Díaz, Franklin del Cristo Lozano (Opción Ciudadana).

Los liberales fueron los primeros que tuvieron que recular por el enfrentamiento interno que se dio. El jefe del mismo, el expresidente César Gaviria, le dijo que retiraban su firma o él se iba de la dirección, porque en ese tema el liberalismo no se identifica.

De ahí que los representantes Hernán Estupiñán y Carlos Bonilla, en carta a la Secretaría General, solicitaron que “se elimine la firma y por ende mi nombre del listado de coautores de este proyecto de reforma constitucional antes de su publicación en la Gaceta y su reparto a la Comisión Constitucional Permanente correspondiente”. 

De la misma forma estaría pidiendo quitar su firma el representante Estupiñán. Una suerte similar se dio en el Partido Conservador, en donde su presidente, Ómar Yepes, se apartó de acción de los representantes a quienes se les había advertido desde la semana anterior que el proyecto no es compartido por el partido. 

Para Yepes, “no es bueno para la democracia que se proponga el alargue del periodo para la Presidencia de la República y para el Congreso Nacional. El país no puede estar cambiando las reglas de juego democrático. Si el pueblo votó periodos de cuatro años, esto se debe respetar. Así de claro”.

Desde Cambio Radical se conoció que la postura se tomará en conjunto con la bancada y no de forma individual, por lo que los representantes Camilo Arango, Modesto Aguilera y Salim Villamil, quitaron su firma del proyecto.

Al comienzo de la tarde en la Secretaría General de la Cámara ya se habían recibido más de 15 cartas de los 25 representantes que habían radicado el proyecto, retirando la firma de la iniciativa. Un acto legislativo para que pueda ser tramitado obliga a que tenga al menos 10 firmas de congresistas, es decir, sin contar con esa cantidad mínima no puede arrancar su trámite.

Lo que se manifestó

El expresidente de la República Álvaro Uribe, aseguró que su partido Centro Democrático no acompaña el trámite del proyecto de acto legislativo para ampliar hasta el 2024 el mandato del jefe del Estado y otros funcionarios.

Uribe se pronunció desde su cuenta de Twitter, en donde señaló que: “el Centro Democrático respalda la posición del presidente @IvanDuque, quien ha afirmado que NO apoya el proyecto para la ampliación del periodo”. Precisó además que “nuestro foco está en la vacunación masiva, la reactivación segura y la transformación social sostenible”.

Muy temprano, la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, rechazó el acto legislativo. “Como lo ha dicho el presidente Iván Duque: fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia”, escribió desde su cuenta de Twitter la funcionaria.

De la misma forma, expresó que “nuestras preocupaciones y prioridades son vacunación; reactivación y repotenciación económica; e inclusión de la población informal”.

Los partidos de izquierda, agrupados ahora en el llamado Pacto Histórico (Petrismo, Polo Democrático, Farc), enviaron una carta de alerta a la CIDH en la que denuncian que el Gobierno y partidos aliados buscan alterar las reglas del juego democrático para las próximas elecciones.

“La intención de sustituir nuestra Constitución Política ha sido presentada por veinticinco (25) congresistas de todos los partidos de gobierno, y contempla, además de la extensión del periodo actual, la ampliación a cinco años del período del Presidente de la República, los congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, así como del Fiscal General, Contralor General, Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Auditor General y los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional. Finalmente, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pasarían de un periodo de ocho a diez años.”, indica la carta.

Lo cierto es que éste proyecto no tuvo vida más allá de los titulares en los medios de comunicación, que durante casi un día tuvieron noticia hasta el momento en que se formalizó su hundimiento.