Solo unos días antes de que el modelo de salud de los maestros cambiara para eliminar la intermediación de las EPS, dos funcionarios le pidieron una cita al presidente Gustavo Petro con el fin de alertar lo que estaba pasando.

Los funcionarios fueron Mauricio Marín y Daniela Andrade Valencia, presidente y vicepresidenta de la Fiduprevisora. Ambos se sentaron durante casi una hora con el mandatario para explicarle que el modelo que iban a implementar con una rapidez inusitada en el Fondo del Magisterio (FOMAG) era improvisado, tenía fallas e iba a generar desabastecimiento y protestas.

Daniela Andrade era la pareja del asesor de Presidencia, Jaime Ramírez Cobo, amigo personal de Laura Sarabia y quien salió unos meses después de su cargo en medio de un escándalo por haber enviado chats al exdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, presionando por la firma de contratos para que congresistas le dieron el visto bueno al Gobierno en la intención de buscar créditos públicos.

Esa tarde en la reunión en el despacho presidencial, Andrade incluso llegó a llorar pidiéndole al mandatario que les dieran más tiempo para hacer una transición organizada porque el sistema podía colapsar.

La cita fue confirmada por tres fuentes directas y en ella también hubo alertas por la presión que estaba realizando el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para que se acelerara el proceso. Eso quedó evidenciado en los audios de una reunión del FOMAG, en la que Jaramillo dio instrucciones sobre los cambios puntuales en el modelo y en la selección de prestadores de medicamentos.

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“Después arreglamos”, decía el ministro sobre la forma en la que se facturaba y se dispensaban los fármacos. El cambio del Fomag fue la antesala del modelo que el presidente quiere implementar de manera general en el sistema de salud.

Este se resume en tres grandes conceptos: no intermediación de las EPS, autorizaciones directas de procedimientos y servicios y prevención como enfoque de salud pública. Para el Fomag, las alertas de Andrade y Marín se hicieron realidad.

El Gobierno había anunciado el cambio del modelo en diciembre de 2023 pero solo hasta el 27 de marzo de 2024 se presentó el primer consejo directivo que buscaba organizar los cambios.

El primero de abril se firmó un acuerdo en la junta en la vía de establecer un nuevo sistema para los maestros de todo el país. La hora cero fue el primero de mayo. Como era de esperarse, por una transición acelerada y sin la información y contratación necesaria, la modificación salió mal.

A varias de las antiguas clínicas y hospitales no las contrataron más y las nuevas no tuvieron la capacidad para resolver todas las atenciones. Hubo protestas en varias regiones del país que llegaron hasta Bogotá porque el sindicato de Fecode no entendía cómo el Gobierno había empeorado las condiciones.

Andrade decidió renunciar a su cargo (la nombraron en una notaría sin explicación) y Marín, hoy cuestionado por supuestas privilegios de pagos en el FOMAG mientras era presidente de la Fiduprevisora, se fue también enemistado con el ministro Jaramillo en una pelea que todavía tiene consecuencias en la guerra interna del Gobierno. Pero hay una historia más que no se conocía.

dos fuentes que estuvieron presentes en las reuniones en las que se estaba decidiendo el cambio del modelo del FOMAG, que el ministro Jaramillo habría pedido que se contratara a dos IPS por recomendación suya, algo que no debía hacer y para lo cual no tenía funciones porque el Ministerio hacía un acompañamiento técnico a la Fiduprevisora.

“Pidió que toda la red del Huila y del Tolima (de donde es oriundo) se la entregaran a un excombatiente del M19 llamado Abel Sepúlveda, que tiene una red de clínicas llamada Emcosalud. También pidió que se le hiciera un contrato a ComfaGuajira”, dijo una fuente que solicitó reserva por razones de seguridad.

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ComfaGuajira es una caja de compensación que fue intervenida por el Gobierno, cuya interventora sería cuota política de la senadora Martha Peralta de esa región.

Peralta hace parte de la Comisión Séptima que ya tiene en sus manos el tercer debate de la reforma a la salud, tras su aprobación este jueves en la Cámara.

“El ministro dijo a algunas personas que había que darle ese contrato a ese prestador para que la reforma pasara en la Comisión”, aseguró otra fuente que dijo incluso estar dispuesta a ratificar esta versión ante las autoridades judiciales.

En esas reuniones había varios funcionarios y una exministra que conocen lo que sucedió. Aunque en el caso de Emcosalud este prestador ya tenía contratos previos con el FOMAG, las fuentes aseguran que el ministro habría pedido explícitamente que se mantuvieran las contrataciones en el nuevo modelo.

De esta historia hacen parte varios ex miembros del M 19. Aldo Cadena, ex presidente de la Nueva EPS, y quien salió de allí con interrogantes ante la intervención de esa entidad por el propio Gobierno, fue nombrado vicepresidente del FOMAG el pasado 29 de enero. Augusto Rodríguez, quien ha tenido una guerra interna con Laura Sarabia -también mencionada en este caso- es cercano a Miguel Esteban Suárez, hijo de la pareja de Rodríguez, Mery Gutiérrez. Suárez es vicepresidente de Transformación de la Fiduprevisora, por lo que también tiene acceso a información relevante del Fomag. Y, finalmente, el empresario de Emcosalud, Abel Sepúlveda, a quien el ministro habría pedido que se le mantuvieran los contratos en el sistema de los maestros.

Marín y Andrade, los funcionarios que fueron a expresarle las alertas al presidente en persona, también enviaron cartas al Ministerio de Educación y dejaron clara su posición en las juntas del FOMAG.

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De hecho, existe un documento en el que Andrade señaló por qué renunciaba a la entidad reuniendo estos mismos argumentos. El FOMAG tiene alrededor de 890.000 afiliados que son los maestros de escuelas públicas en todo el país.

El sistema tenía un alto índice de quejas y reclamos y varios indicadores de enfermedades con más prevalencia como el cáncer y otras de alto costo en comparación con las cifras generales del país.

El presidente pidió que se retirara la intermediación para que las autorizaciones fueran inmediatas, no se retresaran los servicios o los medicamentos, y las personas tuvieran libre elección para ser atendidas. Y en ese momento lo mostró como el ejemplo de la reforma que quería aplicar al sistema de salud de todos los colombianos.

Pero esto se hizo sin un manual tarifario claro y con el riesgo de que los maestros pidieran consultas de primer nivel sin autorizaciones, lo que podría elevar los costos de manera general y sin gestión posible.

Se buscó al ministro Jaramillo para hacerle todas las preguntas pero la cartera delegó a una asesora que estuvo al frente de la transformación. Esta negó cualquier indicación del ministro para que se contratara a clínicas u hospitales en el nuevo modelo.

También aseguró que el problema de la Fiduprevisora era que estaban realizando procesos de muy altas cuantías y eran cerrados.

“Pedimos procesos abiertos pero ellos no cumplieron y escogieron para todo el país únicamente a tres prestadores de medicamentos”, dijo.

Afirmó que en octubre de 2023 la Fiduprevisora todavía no había entregado la información de los pacientes y que el modelo anterior no contaba con un sistema de Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud.

El presidente Gustavo Petro trinó en las últimas horas que el culpable de los fallos del modelo en el Fomag fue Marín y no el Gobierno.

A Marín lo han acusado de privilegiar pagos en su cargo y enriquecerse indebidamente. Pero hasta ahora no se conocía que un hecho similar sobre el papel del ministro Jaramillo en el nuevo modelo de los maestros se lo hubieran advertido al propio mandatario en su despacho, sin que nada ocurriera.

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