Una convocatoria a las organizaciones populares para que se movilicen y entren en “asamblea permanente”, así como un llamado al cuerpo diplomático y hasta una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie, son algunas de las opciones que planteó el presidente Gustavo Petro como respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación y formular cargos contra su campaña presidencial.
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Tras insistir en que el tribunal electoral inició el golpe de Estado en su contra, con el propósito de “quitarle el derecho político” a la gente que votó por él, el jefe de Estado fue enfático en que llegará hasta donde el pueblo diga, “no importa mi vida”.
“Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. (…) Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así. Lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular, y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado”, afirmó Petro durante un acto público de reconocimiento de responsabilidad en Antioquia.
El mandatario reiteró que, con su decisión, los magistrados del CNE no respetaron, ni siquiera, la sentencia de la CIDH que lo favoreció y que le devolvió sus derechos políticos, años atrás, cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó del cargo como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.
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“Ahora nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo (sic)”, dijo, al tiempo que señaló que el golpe al que se refiere no es uno como los que se hacían antes, “de militares y cañones, y tanques”, sino que se planea mediante otros métodos.
Petro anticipó que la movilización que habrá a favor de su gobierno y de su elección como presidente de Colombia será “grande e inmensa” porque “creo que este pueblo se cansó de la ignominia y la injusticia y de tener que llorar muertos y muertos sin que haya justicia. Y porque creo que llegó el momento de definiciones en Colombia”.
Lo que encontró el CNE
Aunque temprano en la mañana el Consejo Nacional Electoral había anunciado el archivo de una de las dos investigaciones que adelantaba contra la campaña Petro presidente de 2022, por la financiación de un acto público en Barranquilla, horas más tarde se confirmó lo que era un secreto a voces en el país: la apertura de investigación y formulación de cargos por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales.
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Lo que desató la controversia y agitó al país político, es que el CNE ordenó que al proceso sean vinculados no solo Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores; el movimiento político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica, sino también el propio Gustavo Petro en calidad de candidato.
“Al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de $3.709.361.342”, dijo el CNE en un comunicado leído por el presidente de la corporación, César Lorduy.
Allí se advierte que las presuntas faltas en que habría incurrido la campaña son:
-Omitir el aporte realizado por Fecode en la suma de $500’000.000.
-Omitir el reporte del préstamo hecho por el Polo Democrático, por la suma de $500’000.000.
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-Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de $931’290.000.
-Omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de $356’102.872.
-Omitir el reporte de pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la Coalición Pacto Histórico por la suma de $202’471.731.
-Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de $1.249’793.230.
-Omitir el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera (USO) por $121’544.000.
A Petro también le reprocha el CNE que en la segunda vuelta de su campaña, en 2022, vulneró el límite de gastos en una cifra superior a los $1.600 millones, los cuales están sustentados en un evento realizado en el Movistar Arena ($100 millones), la omisión del reporte de testigos electorales ($177 millones), la omisión de gastos de servicios de transporte aéreo ($962 millones), entre otros rubros que también habrían sido ignorados en la rendición de cuentas ante Cuentas Claras.
Lo que sigue en el proceso
La Misión de Observación Electoral (MOE), explicó cuáles son las etapas que siguen en el proceso que se adelanta en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en el CNE. Estas son las fechas y momentos claves:
-8 de octubre: apertura de investigación por parte del Consejo Nacional Electoral.
-31 de octubre: presentación de descargos (si se notifica personalmente al siguiente día de la decisión).
-1 de febrero de 2025: termina el plazo para la práctica de pruebas.
-3 de abril de 2025: prórroga de la práctica de pruebas.
-28 de abril de 2025: alegatos de conclusión.
-29 de junio de 2025: decisión o fallo. (Contra esta procede el recurso de nulidad ante el Consejo de Estado).
Reacciones
Ante la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral y en la que no solo se involucra a los encargados de la campaña, sino al propio presidente en calidad de candidato, las reacciones no se hicieron esperar y desde el propio Gobierno advirtieron que la democracia “está en peligro”.
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Así lo señaló el vicecanciller Jorge Rojas, quien aseguró que el órgano electoral “niega el fuero constitucional” que tiene el presidente “generando un ambiente de desestabilización política y un golpe a la democracia”.
Por eso, anunció que la mejor manera de defender al país de lo que él considera es una “intentona golpista” es poner en conocimiento del mundo la situación que se está presentando. “Estamos procurando un pronunciamiento de la CIDH”, dijo.
Entre tanto, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Carolina Giraldo, le pidió al Gobierno hacer un llamado a la calma y consideró que la reacción del jefe de Estado al señalar que ha iniciado un golpe de Estado es desproporcionada “y de un político en campaña”.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también fue enfático en decir que la apertura de la investigación es en contra de la campaña y no del propio presidente, y por esa razón cree que no puede llamarse golpe de Estado a la decisión de una institución.
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