La guerra que se ha librado en Colombia durante más de seis décadas se ensañó contra la población civil y especialmente contra los sectores menos favorecidos.
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Cerca del 80% de las víctimas de homicidio registrado entre 1985 y 2018 eran personas que no tenían nada que ver ni con la Fuerza Públicas ni con los grupos al margen de la ley. Pero si a esto se le suma el número de desaparecidos, el porcentaje de víctimas civiles alcanza el 90%.
Esta cruda radiografía fue la que durante más de tres años logró documentar la Comisión de la Verdad y condensar en el Informe Final que fue presentado al país a finales de junio, y cuyo contenido es socializado desde el jueves en Cúcuta.
“Esta guerra no fue entre soldados y guerrilleros, en esta guerra las víctimas las puso la población civil, los campesinos, los líderes sociales, esa fue la materia prima de este conflicto. Es una guerra contra los civiles”, fue una de las conclusiones que entregó el comisionado Saúl Franco, quien tuvo a su cargo el capítulo dedicado a los impactos, afrontamientos y resistencias del conflicto.
Franco se refirió específicamente a la situación de Norte de Santander y señaló que, infortunadamente, esta fue y sigue siendo una de las regiones que ha tenido que afrontar la guerra de manera intensa por su condición de frontera, la alta presencia de actores ilegales, su riqueza misma y el narcotráfico.
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Este coctel ha hecho que el departamento, según las cifras que logró cotejar la Comisión de la Verdad, ocupe los primeros lugares en materia de homicidios, secuestros y desaparición forzada, entre otros.
Por ejemplo, de las 450.664 personas que perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018, 21.418 casos se registraron en Norte de Santander, lo que equivale al 5%. Esta región es la tercera del país con más afectados.
En el Informe Final también se señala que después de Antioquia y Cesar, este fue el departamento que presentó la tasa más alta de secuestros entre 1964 y 2019: 3.327 en total, aunque sigue habiendo subregistros. En cuanto a la desaparición forzada, esta es la quinta región más afectada del país con 5.291 casos, también entre 1964 y 2019.
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De acuerdo con la información consolidada y contrastada por la Comisión, Cúcuta (1.949 casos) y Tibú (1.524 casos) han sido los dos municipios donde más se ha sentido este flagelo a nivel departamental.
Dimensión urbana del conflicto
El comisionado Saúl Franco hizo énfasis en que Norte de Santander, y concretamente Cúcuta, ha sido testigo permanente de la dimensión urbana del conflicto armado y en esa medida, una de las recomendaciones del Informe Final es que se necesita empezar a buscar soluciones frente a ese panorama.
“Aquí el paramilitarismo tuvo una presencia muy grande, muy dura, muy importante; llegó a imponer, incluso, horarios, modas, formas de peinarse etc. Pero no solo el paramilitarismo, antes también lo hicieron las guerrillas. Después, las peleas entre ellos afectaron duramente al departamento y la vida de sus comunidades”, dijo.
Franco planteó que la solución a lo que aquí se ha dado pasa, necesariamente, por la implementación de una paz territorial, la negociación con todos los actores armados ilegales, un cambio de fondo en la política antidrogas y un replanteamiento en las relaciones con Venezuela.
Los impactos del conflicto en los niños
Durante la presentación del Informe Final en Cúcuta, uno de los capítulos en los que se profundizó fue en el de los impactos de la guerra en la niñez y la adolescencia, que fue coordinado por el exsecretario de Educación de Cúcuta, Arturo Charria.
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En diferentes encuentros con estudiantes y jóvenes, la Comisión develó la barbarie que significó para la población menor de 18 años, décadas y décadas de confrontación armada.
“Norte de Santander es el tercer departamento en Colombia con la mayor afectación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de infracciones a los entornos educativos”, reveló Charria, quien recordó que entre 1985 y 2018, al menos 64.000 niños fueron asesinados por cuenta de la guerra que se libra en el país y en regiones como esta.
Dora Lancheros, coordinadora del enfoque psicosocial de la Comisión de la Verdad, también estuvo presente en la socialización y, de manera contundente, señaló que el espiral de violencia que se ha vivido en Colombia ha ocasionado un enorme “trauma social”.
Trauma que se refleja en las fracturas como sociedad y como país, en los sentimientos de enojo social, la polarización, la estigmatización y el señalamiento.
“Este informe y los diferentes capítulos tienen el compromiso de mostrar esa parte intangible que ha ocasionado la guerra en la vida de las personas, las familias, las comunidades y la sociedad”, resaltó.
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