La competencia por la Procuraduría General de la Nación se va a calentar en los próximos días.

Mientras el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia optaron por candidatos poco alineados con el presidente Gustavo Petro, la administración actual intensificaría sus esfuerzos para asegurar la elección en el Senado de un candidato que garantice sus intereses.

El Consejo de Estado dio el primer paso al elegir a Luis Felipe Henao como uno de los candidatos para la terna. Henao, exministro de Vivienda y destacado jurista, fue seleccionado entre una lista de diez aspirantes después de un exhaustivo proceso de selección que comenzó con 65 postulantes.

Henao, estrechamente vinculado al partido Cambio Radical y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, sería, seguramente, un procurador muy crítico de Petro.

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Una distancia evidente dado el reciente enfrentamiento entre Petro y Vargas Lleras, que incluyó una orden del Consejo de Estado para que el presidente se retractara y ofreciera disculpas por “acusaciones sin fundamento” contra la familia del exvicepresidente por su supuesta participación en las EPS.

El próximo lunes, la Corte Suprema de Justicia tendrá la responsabilidad de elegir a su candidato, sumándose así al proceso.

Los nombres que avanzan en la selección incluyen a figuras destacadas como Darío Bazzani Montoya, cuyo perfil ha ganado relevancia recientemente.

La Corte deberá decidir entre los diez candidatos que han sido preseleccionados, entre los cuales Bazzani ha emergido como una opción destacada, sorprendiendo por su propuesta de gestión para la Procuraduría. La elección se llevará a cabo el 16 de septiembre, y el resultado será clave para definir la terna final.

“Que las Cortes apuesten por candidatos alejados del petrismo demuestra una intención de mantener un contrapeso en un órgano que es autónomo e independiente de las tres ramas del poder público, como lo es la Procuraduría”, explicó a Colprensa el consultor y experto en asuntos gubernamentales, Germán González.

¿Qué pasa en el Ejecutivo?

Por su parte, el Ejecutivo, bajo la presidencia de Gustavo Petro, está en el proceso de seleccionar su candidato, cuyo proceso ha estado envuelto en un alto grado de hermetismo, con una lista de 20 aspirantes que se redujo desde los 26 iniciales.

Dentro de los postulados destacados se encuentran el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, así como Héctor Alfonso Carvajal, exabogado del Presidente Gustavo Petro en el proceso por la presunta violación de topes electorales en la campaña de 2022.

“La selección de un candidato afín al petrismo para la Procuraduría responde a la necesidad del Ejecutivo de consolidar el control institucional y asegurar que los principios de su gobierno sean implementados en la rama disciplinaria del Estado”, señaló González.

Asimismo, detalló que Petro “buscaría evitar interferencias que puedan ralentizar o bloquear las reformas y decisiones políticas que enfrenta en su mandato, en un contexto donde la Procuraduría juega un papel crucial en la supervisión de la función pública”. 

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Además, enfatizó González, “hoy la Procuraduría investiga desde su jurisdicción varios de los escándalos de corrupción que han salpicado a este Gobierno”.

El experto sugiere que la elección de un candidato cercano al petrismo podría permitir al Gobierno controlar mejor las investigaciones y la supervisión de la función pública, minimizando así las posibles críticas y obstáculos a sus políticas.

Sin embargo, este movimiento también podría intensificar las críticas sobre la falta de independencia del órgano de control, afectando la percepción pública y la confianza en las instituciones.

“No basta con tener una importante experiencia como juristas, sino también deben ser de la confianza del presidente”, explicó González, quien detalló que el Gobierno tiene un reto importante porque en el Senado no tiene mayorías y “esto crea los incentivos para dinámicas de negociación más transaccionales”.

En este contexto, figuras como Perdomo y Carvajal son considerados candidatos prominentes para el presidente, dada su evidente cercanía con el primer mandatario.

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Lo que se juega con esta elección

El impacto de la elección del procurador será significativo, ya que el nuevo titular asumirá el cargo en enero de 2025, con un presupuesto de $1.4 billones para 2025 y la responsabilidad de vigilar y sancionar a los funcionarios públicos.

Mientras el Ejecutivo busca asegurar una posición favorable, los poderes judiciales se inclinan por candidatos distantes del actual gobierno. Esta pugna no solo definirá el futuro de la Procuraduría, sino también el equilibrio de poder y la capacidad del presidente para implementar su agenda en los próximos dos años.

La terna final, compuesta por candidatos propuestos por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, será sometida a la elección del Senado, que decidirá quién reemplazará a Margarita Cabello Blanco en este rol clave.

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