El paradero del exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez París, sigue siendo un misterio y hoy tampoco pudo hacerse efectiva la orden emanada por un juez de la ciudad que pidió su inmediato traslado a la penitenciaría de la ciudad, tras revocar la medida de casa por cárcel de la que gozaba desde el año pasado.
En vista de que fueron tres las oportunidades en las que el Inpec se hizo presente en la vivienda donde el exmandatario se encontraba recluido, para pasar revista y notificarlo de la decisión, pero en ninguna fue localizado, la institución le pidió esta tarde a la Fiscalía General de la Nación investigar la posible fuga del exgobernante local.
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“La conducta presentada por el PPL infringe los preceptos legales establecidos en la norma penal colombiana, (como quiera) que se encuentra sindicado por el delito de prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, la cual se encuentra en Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías (sic)”, dice la denuncia instaurada por Liliam Patricia Rubio Escalante, directora encargada del Inpec.
En la solicitud elevada al ente investigador se relatan los hechos ocurridos en la última visita que tuvo lugar hoy y se advierte que no pudo materializarse la decisión del juez Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta, quien concluyó que la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en el domicilio del exalcalde no resultaba jurídicamente viable.
“Pongo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el posible punible de fuga de presos art. 448 CP, basado en informe rendido por el funcionario que estuvo a cargo de la diligencia”, se puede leer en la denuncia.
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Fuentes del Inpec le habían confirmado el jueves a La Opinión que desde el miércoles, y en dos oportunidades, se habían acercado a la vivienda que tenía registrada el exalcalde como lugar de domicilio para el cumplimiento de la casa por cárcel, con el fin de hacer efectivo el traslado, pero no aparecía en su casa.
Por estos mismos hechos, el juez que tomó la decisión de revocar la medida que tenía Ramírez desde mayo del año pasado, cuando se entregó a las autoridades, ya fue informado y se está a la espera de que proceda a emitir la orden de captura.
Donamaris Ramírez, alcalde de Cúcuta entre 2012 y 2015, afronta un proceso penal desde hace unos ocho años, por las presuntas irregularidades que rodearon la ejecución del contrato 876 de 2013 para la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Cormoranes, Ciudad Rodeo, Torcoroma Siglo XXI y Comuneros, cuyo valor alcanzaba los $4.695 millones.
Una de las razones que tuvo en cuenta el juez para enviar a prisión al exmandatario obedece a que la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario es la que resulta más efectiva ante el hecho que se está investigando.
En esa medida, advirtió que el traslado a un centro carcelario era necesario para poder proteger “el fin constitucional de peligro para la comunidad”.
Adicionalmente, en el fallo de segunda instancia se hace énfasis en que los hechos objeto de investigación comportan una “inusitada gravedad”, no solo por el número de delitos imputados, sino por la afectación real, efectiva y tangible que causaron al erario, la administración pública, y, “por esta vía a las bases del Estado de Derecho”.
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