Tras la firma del presidente Iván Duque, la Política Integral Migratoria (PIM) traza los lineamientos para una migración segura, ordenada y regular, que llega para contribuir con situaciones como la de Necoclí, Chocó, donde actualmente 15 mil migrantes africanos y haitianos buscan pasar la frontera con Panamá.
Esta iniciativa busca responder a la realidad migratoria que muestra que en Colombia aún permanece un poco más de 1,76 millones de venezolanos y en los últimos años han retornado más de 300 mil connacionales.
Este proyecto de Ley N° 036 de 2019 de Senado resulta muy importante, porque tiene un mayor alcance al establecer un marco legal permanente en materia de migración y extranjería.
Además, dentro de sus bondades incluye múltiples beneficios a los colombianos que retornan al país, de los cuales, en los últimos años han regresado más de 300 mil connacionales. Para los coonacionales residentes en el exterior, la PIM facilita su acceso a la oferta de servicios y trámites institucionales y define los diferentes tipos de retorno al país.
“Es necesario regularizar para atajar las situaciones de irregularidad que abren paso a la delincuencia. Este proyecto de política migratoria permitirá poner a salvo a las miles de personas que han sido víctimas de tráfico de migrantes y tráfico ilícito, que en menos de 7 años en Colombia creció hasta casi un 1.000%, donde el 82% son mujeres y de ellas, más del 10% son niños, niñas o adolescentes, según el Instituto Nacional de Medicina Legal”, enfatizó Emma Claudia Castellanos, senadora por el partido Cambio Radical.
Para la autora de la PIM, “esta iniciativa también nos lleva a ponernos en los zapatos de los migrantes que han llegado por condiciones humanitarias, sobre todo si tenemos en cuenta que la Agencia para las Naciones Unidas estima que para finales de 2021, habría 6,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, y Colombia, lo cual no es un secreto, se ha convertido en el máximo receptor de esta realidad migratoria”.
La PIM, que llega también para fortalecer el Estatuto Temporal de Protección decretado en febrero de 2020 por el presidente Iván Duque, beneficia a los ciudadanos colombianos en el exterior y a los retornados, así como a los migrantes extranjeros en Colombia, especialmente en lo relacionado con su permanencia e inclusión cultural y socioeconómica.
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