La Constitución Política, luego de ser proclamada, dejó la puerta abierta para que el constituyente derivado, es decir el Congreso, en donde están representadas todas las fuerzas políticas del país, cambiara algunos artículos. Es así como hasta el 2019 habían sido aprobadas 48 reformas a la carta política y se dice que en el 2021 ya superaron las 53. 

El trámite para cambiar la Constitución es engorroso: el acto legislativo tiene que ser discutido dos veces en cada comisión y dos veces en cada una de las plenarias, lo que garantiza el debate. Además, la Corte Constitucional hace un control que permite avalar o no las reformas que aprueba el Congreso. 

Sin ir más lejos, el año pasado el Legislativo colombiano decidió cambiar el artículo 34 de la carta política para instalar la prisión perpetua para violadores de niños en el país. Algunos de los cambios hechos en estos 30 años a la carta política han sido polémicos e incluso han trascendido en el tiempo. Un ejemplo es el artículo que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe y posteriormente de Juan Manuel Santos. Años más tarde, esta modificación fue sepultada y se volvió a un periodo presidencial de cuatro años sin reelección. 

El senador Iván Marulanda sostiene que a la Constitución le han hecho muchos cambios. “La vieja clase política no quiere la Constitución y nunca la quiso, ellos no la habían querido cambiar porque no les interesaba. A pesar de los cambios que se le han hecho, la carta política está intacta, está virgen”, opina. 

A su turno, Antonio Navarro Wolff sostiene que “lo más importante que nos dejó la Constitución fue la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho, eso se ha aplicado muy parcialmente porque no ha sido prioridad para los gobiernos y para los congresos en estos 30 años. Sin embargo, la Constitución sigue siendo un punto de unidad para quienes quieran una mejor Colombia”. 

Fabio Villa Rodríguez dice que la mayoría de reformas que se le han hecho a la Constitución son regresivas, como la reforma al régimen de transferencias.

“La Constitución en los artículos 356 y 357 estableció que la Nación debería mandar hasta el 46% de los ingresos corrientes partiendo de un 26%, hoy, 30 años después, estamos por debajo del 26%. No solo no hemos crecido en transferencias sino que el centralismo ha disminuido la cantidad de recursos que se mandan en los territorios para seguir concentrando en Bogotá el poder político y las decisiones públicas”, planteó. 

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