Con el fin de prevenir posibles irregularidades en los procesos de selección de los nuevos contralores municipales y departamentales para el periodo 2022-2025, la Procuraduría General de la Nación anunció ayer un riguroso acompañamiento a las convocatorias que ya están en marcha, en ciudades como Cúcuta y departamentos como Norte de Santander.

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En vista de ello, la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública requirió en las últimas horas a las Asambleas y Concejos que avanzan con esta elección, al igual que a las siete universidades contratadas para acompañar las pruebas, información detallada sobre los procesos que se vienen desarrollando desde hace algunas semanas.

Según se informó, el Ministerio Público solicitó también copia de todos los convenios o contratos suscritos con las instituciones de educación superior, así como información específica sobre los mecanismos dispuestos para garantizar la objetividad, transparencia y el uso adecuado de la cadena de custodia de las pruebas.

Las entidades deberán suministrar, además,  los actos administrativos, guías y otros documentos relacionados con la convocatoria y la aplicación de las pruebas de conocimientos y comportamentales, así como el nombre de las personas que diseñaron, evaluaron y tuvieron acceso a los exámenes, entre otros aspectos. 

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Las universidades a las que se les pidió información son: Nacional de Colombia, Francisco José de Caldas, de Cartagena, del Atlántico, de la Costa, San Buenaventura y Pedagógica y Tecnológica de Tunja.  

“Los rectores de los entes educativos contratados para adelantar este concurso deberán velar por el cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad y publicidad en la aplicación de las pruebas.  En caso de advertirse posibles irregularidades en este proceso el Ministerio Público activará su función disciplinaria”, señaló el ente de control en un comunicado.

En este se insistió que el propósito de hacer seguimiento a los procesos de selección que están en marcha es evitar que se vuelvan a presentar irregularidades, como ha ocurrido en procesos anteriores, tanto en la selección de las universidades que desarrollan las diferentes etapas de la convocatoria, como en la elección misma de los contralores.

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