El VI Seminario Regional para la implementación de la Ley 2094 de 2021, mediante la cual se reforma el Código General Disciplinario, realizado en Pasto, Nariño, fue el escenario ideal que usó la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, para referirse a la propuesta del presidente entrante Gustavo Petro, quien desde hace dos semanas manifestó su propósito de proponer acabar la entidad.
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Aunque no se refirió directamente a Petro sobre su controvertida propuesta, señaló que: “Frente a la polémica que ha suscitado el anuncio de eliminar a la Procuraduría, igual que nos ocurrió a nosotros, se están dando cuenta que no es fácil dar con una solución que satisfaga la orden de la Corte IDH. ¡No se trata de proferir un articulito y ya!”.
Y precisó que “la eliminación de la Procuraduría requiere de una Asamblea Nacional Constituyente".
Cabello también se refirió a las órdenes que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano, como consecuencia de la sentencia que se dio en su momento sobre el entonces alcalde Gustavo Petro.
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Sostuvo al respecto que “el proceso disciplinario que se había adelantado en la Procuraduría contra el ex alcalde de Bogotá, y hoy presidente electo de la Republica, no se respeto la garantía de imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, bajo el criterio de que al ser un mismo funcionario quien realizó la instrucción, realizó el juzgamiento y profirió la sanción se violaron esos principios, por lo tanto, la Corte Interamericana obliga al Estado Colombiano a que re-organice su ordenamiento jurídico”.
Señaló, que esas dos órdenes que impartió la Corte Interamericana, fueron precisamente las razones que tuvieron en cuenta para el desarrollo del proyecto de ley, que hoy constituye el nuevo Código Disciplinario, Ley 2094 de 2021.
Así mismo, resaltó que la Procuraduría cumplió con esas órdenes dictadas por la CIDH, no obstante, indicó que acatar dichas ordenes representó un reto debido a que, para cumplir la sentencia literalmente, se requería tomar las normas disciplinarias y entregarlas a la justicia penal, lo cual implica un conflicto de jurisdicciones.
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Indicó que sumado a eso existía la problemática de que los funcionarios de elección popular dejarían de ser juzgados disciplinariamente, sólo podrían ser juzgado penalmente, estos dos factores según señaló dificultaron el cumplimiento del fallo.
Finalmente, la Procuradora reiteró las garantías implementadas en el nuevo Código Disciplinario, como, por ejemplo, la implementación de la doble instancia, ya no habrá única instancia, la separación de funciones, es decir, que quien investiga es un funcionario diferente de quien acusa, entre otras. Por último, se refirió a la necesidad de acercar a la ciudanía a la nueva reforma.
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