La decisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar de separar del cargo a la directora administrativa de Comfanorte, Claudia Cecilia Uribe Rangel, dentro del proceso de intervención ordenado a la entidad, no solo le puso fin a una disputa interna, sino que dejó abierto el interrogante sobre si este definitivamente será el fin de una era en esa Caja de Compensación.

Anteriormente, las mayorías del Consejo Directivo ya habían hecho dos intentos por remover de su silla a Uribe Rangel, quien completa 20 años en la dirección de esa corporación privada, pero en las dos oportunidades la funcionaria logró reintegrarse y seguir al frente del timón, gracias a los recursos jurídicos a los que acudió y que la favorecieron.

En esta ocasión, la decisión que la apartó de sus funciones obedece a una medida cautelar decretada por la Supersubsidio, en respuesta a las circunstancias de ingobernabilidad que venían presentándose en la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander y que podían terminar afectando de manera grave a los afiliados.

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Según quedó consignado en la Resolución 0052 del 8 de febrero de 2021, mediante la cual se ordenó la intervención administrativa total de la Caja, la decisión de tomar el control de esta entidad y separar del cargo tanto a Uribe Rangel como a los miembros del Consejo Directivo resultaba no solo idónea, sino necesaria, ante la inminencia de la configuración de mayores daños.

“(…) la medida cautelar es idónea, en tanto permitirá, a través de la remoción de las personas que hacen parte de los órganos de dirección y control de la corporación, y en donde se encuentra la división de criterios y posturas personales que están afectando a la Caja, que se retorne a la unidad en la dirección y control de la entidad”, dice la Resolución.

No obstante, aunque la Supersubsidio señaló que el proceso de intervención se desarrollará en un periodo de hasta seis meses y durante este tiempo podrían desencadenarse nuevas investigaciones sobre la gestión y manejo de la Caja en los últimos años, la removida directora tiene todavía algunas cartas que jugarse a su favor, con el fin de asegurar su regreso, una vez más.

En la propia Resolución 0052 se advierte que Uribe Rangel, así como los integrantes del Consejo Directivo podrán presentar un recurso de reposición ante la Superintendencia, con el fin de intentar revertir la decisión o darle un giro parcial.

En caso de que la respuesta sea negativa, la saliente directora tendría la posibilidad de acudir a otros recursos como una tutela, solicitando que le sean restituidos sus derechos. Recordemos que en las dos oportunidades anteriores en las que fue apartada de su cargo, los recursos de amparo fueron algunas  de esas acciones que le permitieron volver y seguir al frente de la entidad privada.

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Aunque Uribe no se ha referido al proceso que seguirá tras la intervención y su salida de la dirección administrativa de la Caja de Compensación, y mediante un comunicado se refirió a esta decisión como si fuera definitiva, allegados a la funcionaria sugirieron que la lucha jurídica continúa, aunque esta no será nada fácil.

En ese sentido, la exdirectora acudiría no solo al recurso al que tiene derecho ante la Super, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, sino que buscaría  otras  salidas legales.

Conocedores del tema aseguran que, al término de la intervención, y una vez subsanadas las inconsistencias que pusieron en riesgo la Caja, la Superintendencia podrá decidir si permite el reintegro de Uribe o en su defecto convoca a una nueva elección, un escenario que, por ahora, no está tan claro por cuanto el proceso apenas comienza y la situación con la que se encontrarán no es la mejor.

‘Ingobernabilidad fue denunciada durante tres años’

Anoche, mediante un comunicado, Claudia Cecilia Uribe se pronunció sobre la decisión de apartarla del cargo y aseguró que de tiempo atrás la dirección administrativa, el revisor fiscal, los sindicatos y algunos miembros del Consejo Directivo venían denunciando la obstrucción por parte de algunos consejeros para adelantar una debida gestión, sin obtener respuesta o una actuación al respecto.

“Precisamente, el hecho de que la Superintendencia guardara silencio ante el cúmulo de evidencia remitida y omitiera tomar correctivos oportunos frente a algunos miembros del Consejo que originaron esta situación, son los que derivan en esta decisión que afecta una labor transparente y responsable ejecutada por la Dirección Administrativa durante más de veinte años”, manifestó Uribe.

Insistió en que la presión ejercida en su contra obedeció a “ilegítimas ambiciones generadas en la voracidad política” y catalogó su salida como “injusta”.

“Salgo de Comfanorte satisfecha, dejando importantes remanentes para reinvertir en programas sociales, un equipo de trabajo responsable y comprometido con la corporación, activos que le permitirán, finalmente a la Superintendencia del Subsidio Familiar corroborar nuestras reiteradas denuncias e identificar a los verdaderos responsables que generaron el entorpecimiento social y funcional del gobierno corporativo, durante los últimos años”, sostuvo.

Y agregó: “lamento la omisión y la acción tardía por parte de la Superintendencia como ente de inspección, vigilancia y control, pero respeto y acato las decisiones legales como una demócrata convencida”.