El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villa del Rosario revocó la tarde de este jueves la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario que había sido proferida el pasado 11 de noviembre contra el alcalde de ese municipio, Carlos Julio Socha.
La orden de detención y la posterior decisión de enviarlo a la cárcel se produjo en el marco de una investigación penal que cursa en contra del mandatario rosariense, por las presuntas irregularidades que rodearon un contrato celebrado en 2013, para la remodelación del parque Los Libertadores, en el municipio metropolitano.
La Opinión conoció que la defensa de Socha presentó días atrás un recurso de apelación contra la orden emanada por un juez de control de garantías, que envió a prisión al gobernante local, pero esta no fue sustentada en debida forma y por esa razón no prosperó.
En consecuencia, los abogados del alcalde rosariense elevaron una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, la cual fue resuelta a su favor en las últimas horas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la localidad fronteriza.
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La Fiscalía, sin embargo, apeló esta decisión y este viernes se llevaría a cabo una nueva audiencia en la que se deberá resolver si queda en firme la orden de detención en centro carcelario, le conceden el beneficio de prisión domiciliaria o, por el contrario, confirman la revocatoria de la medida, tal y como lo consideró la jueza de Villa del Rosario, y Socha recobra plenamente su libertad.
Según se conoció, hasta la noche del jueves, Carlos Julio Socha permanecía recluido en una clínica de la ciudad, en donde fue internado desde hace algunos días, luego de sufrir quebrantos de salud tras conocer la decisión de que tenía que ir a la cárcel.
Los hechos por los cuales el tres veces alcalde del municipio histórico se encuentra en líos con la justicia tienen que ver con una denuncia que hizo la arquitecta María Consuelo Mendoza, quien fue la encargada de diseñar los planos del nuevo parque principal de Villa del Rosario. Sin embargo, al parecer, estos fueron utilizados tiempo después por la Alcaldía, pero con la firma de otro arquitecto.
Al mandatario le imputan una posible participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, violación a los derechos morales de autor y violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.
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