Aunque inicialmente se había planteado la eliminación o transformación de las cuestionadas EPS en ‘aseguradoras en salud’, el proyecto de reforma a la salud decidió dejarlas, aunque con mayores exigencias, según los ponentes, uno de cuyos coordinadores es el representante a la Cámara Jairo Cristo.

En el Congreso de la República hace tránsito la iniciativa según la cual las llamadas empresas promotoras de salud deberán competir en calidad por  los servicios que les prestan a los usuarios.

Todo esto con el propósito de retirar del sistema a aquellas EPS ineficientes por medio de un proceso de depuración progresivo que garantice el derecho a la salud de los usuarios y al mismo tiempo lograr que cada colombiano cuente con un médico familiar.

Además, el proyecto abre la posibilidad de que las Empresas Sociales del Estado (ESE) puedan estar a cargo de más de una entidad territorial, proporcionando adaptabilidad para la atención de microterritorios partiendo desde una visión departamental y regional.

Lo anterior se enfoca dentro de las medidas orientadas a implementar un modelo de atención enfocado en el nivel primario, territorializado y con énfasis en salud familiar, con capacidad resolutiva de más de la mitad de las patologías, estableciendo al prestador primario como componente básico del servicio de salud y con capacidad resolutiva para atender la mayor parte de las enfermedades y mitigar los riesgos en salud de la población, que de igual forma estará apoyado en prestadores complementarios de mediana y alta tecnología, que garanticen la atención integral de los pacientes indistintamente de la complejidad de la enfermedad.

Se plantea que la atención primaria, la prestación del plan de beneficios, la coordinación de la atención y evaluación de las Intervenciones sobre la salud de los individuos y su familia se hará desde un Plan Único de Beneficios en Salud (PLUS) que será financiado través de la figura de Unidad de Pago por Capitación.

Los ponentes han dicho que el propósito es lograr una atención enfocada en la promoción, prevención y, en el tema de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de manera oportuna. 

Seguridad sanitaria

Los proponentes también destacaron que a fin de evitar que otra pandemia o algo semejante desde el punto de vista de salud nos tome desprevenidos y dependiente de otros países, se buscan crear mecanismos para que el gobierno actúe con prontitud en la adopción de medidas sanitarias y para que Colombia pueda volver a producir vacunas.

En ese sentido el congresista Cristo Correa resaltó los nuevos artículos de la seguridad sanitaria,  en los que se señala que una vez aprobada la Ley, el Gobierno Nacional tendrá menos de un años para formular, evaluar e implementar “una política pública de seguridad sanitaria intersectorial que tenga como objetivos garantizar  la disponibilidad, accesibilidad y calidad de servicios y tecnologías, del recurso humano y de los recursos financieros que se requieren para la atención integral en salud de los habitantes del territorio nacional”.

Se plantea que los ministerios de Salud y de Comercio Exterior en conjunto con el Invima y la academia, determinen las acciones a seguir para la producción de vacunas en el país y la necesidad de convenios  y acuerdos con laboratorios y asociaciones científicas en el país para asegurar el acceso a tratamientos preventivos y curativos con el propósito de contrarrestar contingencias de epidemia o pandemia.