En un interrogatorio de más de nueve horas, el condenado contratista Emilio Tapia decidió prender el ventilador ante la Fiscalía por el escándalo del polémico contrato de Centros Poblados.

Y aunque la información se está depurando, ya se sabe que habló de las personas que le habrían permitido acceder a información privilegiada para quedarse no solo con ese proyecto estatal, sino con el anticipo que el Ministerio de las TIC giró, el cual asciende a los $70.000 millones.

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Se estableció que a la cita, realizada este jueves en el búnker del ente investigador, en Bogotá, acudieron su abogado, Alejandro Sánchez, y el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eduard A. Calderón.

Del encuentro salieron nuevos nombres de quienes estarían al frente de torcer y validar la póliza que utilizó la Unión Temporal Centros Poblados –controlada por Tapia– para tramitar el contrato que, en total, tenía una asignación de $1,07 billones.

Tras encender el ventilador, Tapia –condenado a siete años y medio por su participación en el Carrusel de la Contratación de Bogotá– abre así un nuevo capítulo de investigaciones en la Fiscalía.
En efecto, el ente acusador ya tiene conocimiento de fechas, lugares y personas que habrían participado en este entramado corrupto y que podrían también terminar presas en cuestión de días.

De hecho, los delitos por los que en este escándalo ya han sido capturados Luis Fernando Duque (representante de Centros Poblados) y Juan José Laverde (de la aseguradora de la póliza) también podrían derivar en compulsas de copias a la Corte, pues se sabe que salpicó a aforados.

Este diario se comunicó con el abogado Sánchez para conocer más detalles, sin embargo dijo no poder hablar por razones médicas y familiares.

Tapia buscaría acuerdo

Así, el contratista cordobés ya comenzó a labrar su sendero de colaboración, pues el mes pasado se conoció que iba a dar nombres de políticos que intentaron frenar la caducidad del contrato a cambio de beneficios. Y, si la Fiscalía corrobora positivamente lo que dijo en la diligencia, se abrirían los otros expedientes.

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Por ahora, una de las incógnitas de la cita en el búnker es a qué políticos nombró, ya que por este escándalo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema adelanta un proceso preliminar en contra de los senadores Armando Benedetti, de La U, y Antonio Zabaraín, de Cambio Radical –quien pidió declarar en versión libre–.

En el caso de Benedetti, su citación se da porque varias veedurías e incluso la exministra TIC, Karen Abudinen, lo señalan de haber intervenido para que el Ministerio cediera el contrato. De hecho, ella dijo que él la llamó para tal fin.

Pero en esto Tapia no es el único que se le ofreció a la Fiscalía para esclarecer el entramado corrupto, ya que Juan Carlos Cáceres, de Novotic –una de las cuatro empresas de Centros Poblados–, acudió a la Fiscalía a, según él, decir toda la verdad (ver Anécdota).

Entra en juego la Corte

Como Tapia mencionó a congresistas –está por saberse a quiénes y en qué contexto–, será el alto tribunal el que judicialice esa información.

Incluso, es por eso que este 3 de noviembre está citada, en calidad de testigo, la exministra Abudinen que, tal como se reveló, salió hacia Estados Unidos la semana pasada argumentando motivos personales. Sin embargo, subrayó que estará en Colombia para cumplir con su declaración.

Por ahora, el contratista permanece detenido en la cárcel La Picota, de la cual se supo que por seguridad fue removido del pabellón ERE Sur –conocido por sus comodidades– hacia el que están personas condenadas por delitos relacionados al paramilitarismo.

La razón del traslado es que en el ERE Sur hay presos que tendrían lazos con políticos a los que Tapia mencionó en su declaración a la Fiscalía, los cuales le habrían expresado su incomodidad.

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