Cambiar la percepción que en el departamento se tiene de su proyecto político y demostrar que, pese al poco respaldo que recibió en las urnas en esta región del país, su compromiso con Norte de Santander, el Catatumbo y las crisis que aquí se viven, es total, es talvez uno de los principales desafíos del electo presidente de los colombianos, Gustavo Petro.  

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En su tercera carrera por la Presidencia de la República, Petro apenas obtuvo 149.413 votos en esta zona del país, frente a 557.406 de Rodolfo Hernández. El nuevo mandatario solo ganó en cuatro de los 40 municipios.

A pesar de la baja votación, los representantes del Pacto Histórico en el departamento confían en la palabra del hoy presidente electo y en su promesa de potenciar a una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y el accionar de los grupos armados ilegales.

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Tras su elección, La Opinión hace un repaso por las principales tareas que deberá enfrentar el nuevo jefe de Estado en Norte de Santander a partir del 7 de agosto, cuando asuma formalmente las riendas del país. Para ese día, Petro se comprometió a reanudar relaciones con Venezuela, a fin de facilitar la reapertura completa de la frontera.

Reapertura de la frontera con Venezuela

Una de las principales necesidades de la región y que Petro prometió atender de la mejor manera, es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y la apertura de la frontera con ese país, la cual se encuentra cerrada para el paso vehicular desde agosto de 2015.

En su penúltima visita a la capital de Norte de Santander, el entonces candidato hizo énfasis en la reanudación del paso por los puentes internacionales, para lograr un desarrollo industrial de la región, incluso mencionó que el ferrocarril desde el norte de departamento y hasta el Lago Maracaibo era una necesidad imperiosa para que se lograra una exportación más rápida de los frutos de la industria cucuteña.

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“Creemos que la única posibilidad de prosperidad en Cúcuta depende de la actividad de la frontera. Es decir, no se puede pensar una Cúcuta próspera con fronteras cerradas. Cualesquiera que sean los regímenes políticos de uno y otro lado, Cúcuta siempre debe preservar la continuidad de las relaciones económicas, sociales y políticas”, mencionó el entonces candidato.

Incluso, Petro, en su visita a la ciudad el pasado 5 de mayo, mencionó que una de las primeras acciones que adelantaría siendo presidente, sería el restablecimiento de las relaciones con el hermano país.

“Lo primero que plantearíamos el 7 de agosto es la normalización de las relaciones consulares y diplomáticas, y la apertura completa, sin duda, del comercio bilateral. Hoy hay unas posibilidades mejores que antes”, señaló.

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Tras ser elegido presidente, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, mencionó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “nuevos tiempos se avizoran para este hermano país”, anunciando que se abre una nueva etapa de relaciones entre los dos países, tal como se asegura en un comunicado de la Presidencia de ese país.

“El Gobierno Bolivariano de Venezuela expresa la más firme voluntad de trabajar en la construcción de una renovada etapa de relaciones integrales por el bien común de la nación que compartimos amparadas en dos Repúblicas soberanas, cuyo destino no podrá ser jamás la indiferencia sino la solidaridad, la cooperación y la paz de pueblos hermanos”, se lee en el documento.

Como se sabe, desde febrero de 2019 volvió a quedar nulo el paso de vehículos de carga por los pasos fronterizos que comunican a Norte de Santander con el Táchira, una decisión diplomática que ha dejado pérdidas millonarias en la economía del departamento y que ha carecido de soluciones por parte de los gobiernos de Bogotá y Caracas.

Una vez esté abierta la frontera por Norte de Santander, los gremios esperan que entre el 65% y el 70% de la carga que se ha movido por Maicao se traslade a esta región, lo cual equivaldría a entre 54.000 y 58.000 toneladas brutas, y entre 2.700 y 2.900 tractomulas, con un promedio mensual de entre 6.700 y 7.300 toneladas y entre 360 y 375 tractomulas.

“Vamos a abrir la frontera y meter aquí al Estado para ayudar a los pequeños y medianos empresarios a desarrollar la producción industrial, mejorar las vías de salida del departamento y al mar, para que pueda abrirse a través de un mercado más amplio. Esa es mi propuesta”, manifestó Petro una semana antes de ser elegido presidente desde una fábrica de zapatos de la ciudad.

Cultivos ilícitos, un mal que crece aceleradamente

Las siembras de coca en Norte de Santander van en aumento año tras año, posicionando al departamento como el segundo con más cultivos ilícitos y el primero en producción de base de coca y cocaína, dejándoles millonarias ganancias a los diferentes carteles mexicanos y locales que dominan este negocio, así como a los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio.

Actualmente, la región del Catatumbo, conformada por 11 municipios, registra más de 40 mil hectáreas sembradas con hoja de coca, lo que indica que se estarían produciendo diariamente 854 kilos de cocaína. Esto para los dueños del negocio representa unos $4.697 millones o $15.000 millones si logran sacarla hacia los Estados Unidos, una cifra astronómica que hace cada vez más atractivo este comercio ilegal.

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Los productores de la base de coca en esta región del país también reciben jugosas ganancias a diario, si se tiene en cuenta que cada 24 horas estarían sacando 1,6 toneladas de esta droga, lo que significa que sus ingresos sobre pasan los $3.000 millones.

Y si bien el Gobierno Nacional ha intentado ponerle freno a esta problemática, ni el despliegue militar que ha ordenado con más de 10.000 uniformados, entre militares y policías, algunos de los cuales avanzan en procesos de erradicación, ni el programa de sustitución voluntaria, ha dado frutos hasta ahora y, por el contrario, los cultivos van en ascenso.

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El director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Hernando Londoño Acosta, reconoció recientemente en diálogo con La Opinión que para que esta iniciativa logre su objetivo de poner fin a las siembras ilegales y darle paso a otro tipo de economías, se debería invertir por lo menos $1,4 billones, sin contar los costos administrativos, “lo cual sería algo muy inviable. Con otro programa, como ‘El Norte de Santander Sustituye’, sin embargo,  valdría como $800.000 millones”, explicó Londoño Acosta.

Como se recuerda, el PNIS surgió como parte del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc en 2016 y la propuesta apuntaba a garantizar un subsidio de hasta $36 millones a cada uno de los cultivadores que se acogieran al programa, además de otros beneficios para la transición a proyectos productivos. No obstante, los beneficiarios comenzaron a manifestar los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno. 

Al programa, finalmente, solo se inscribieron un poco más de 3.000 familias, porque las amenazas de los grupos armados ilegales y de narcotráfico no se hicieron esperar, además, muchos cocaleros aseguraron no tener confianza con este nuevo plan, pues ya les habían quedado mal en los anteriores que se intentaron.

Grupos armados ilegales, un dolor de cabeza

Las autoridades en Norte de Santander también enfrentan una dura lucha contra los grupos armados ilegales que se anclaron y hacen de las suyas sin ningún problema en zonas como el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y el sur del departamento.

El Eln, la disidencia de los frentes 33, 41 y 45 de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), un pequeño reducto de Los Pelusos,  el Tren de Aragua, además de algunas bandas delincuenciales dominan buena parte del territorio nortesantandereano y mantienen una guerra por el control de esas zonas y el dominio de los negocios ilícitos.

Una clara muestra de ese poder que tienen estas organizaciones criminales son los distintos ataques terroristas que han perpetrado, no solo poniendo en riesgo la vida de quienes viven en la región, sino la del mismo presidente de la República, como ya sucedió en el último año.

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Estos grupos ilegales reciben grandes sumas de dinero por narcotráfico, extorsiones, secuestros, tráfico de armas y trata de personas, entre otros delitos, especialmente en la zona de frontera.

Aunque las autoridades han llevado a cabo varias operaciones contra esas organizaciones, capturando jefes e integrantes, constantemente siguen apareciendo más miembros delinquiendo y dominando muchos más territorios, razón por la cual una de las tareas urgentes del nuevo gobierno es darle un giro a la estrategia con la que han venido enfrentando a estos grupos al margen de la ley.

Compromiso con la paz

Durante su campaña, el candidato Gustavo Petro se mostró a favor de cumplir con lo pactado en los Acuerdos de Paz de La Habana y a su vez con abrirle paso al diálogo con otros grupos subversivos que tienen presencia en Norte de Santander.

Ese compromiso está asumido en el mismo programa de gobierno, en donde un eje completo está relacionado con la construcción de paz. Allí prometen “recuperar el tiempo perdido” en la implementación del Acuerdo y “hacer realidad lo pactado en toda su extensión”. 

Además, en el documento se hace énfasis en que “cesará la violencia contra los firmantes de paz”, que desde el inicio del gobierno Iván Duque hasta el pasado 4 de junio ya sumaban 245 asesinados, según datos de Indepaz.

Horas después de la elección de Petro, el excombatiente de las Farc, Rubén Zamora, se refirió a la oportunidad de implementar los acuerdos de paz con la extinta guerrilla, compromiso que, reveló, será una prioridad en el nuevo gobierno.

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“Vamos a implementar el Acuerdo de Paz, es un compromiso del presidente electo; vamos a realizar diálogos con distintos actores armados, vamos a realizar un gran diálogo regional para que la paz no se sustraiga de las realidades y de las dinámicas sociales. La paz la vamos a construir con las sociedades desde el territorio”, puntualizó el representante del Pacto Histórico.

Sobre este mismo asunto,  Gustavo Petro y Francia Márquez planean retomar el diálogo con el Eln, con “lecciones aprendidas del Acuerdo con las Farc” y desmantelar de manera pacífica “los grupos sucesores del paramilitarismo y articulados al narcotráfico” mediante sometimiento judicial. 

Ayer mismo, el Eln mostró voluntad de reactivar los diálogos de Quito con el nuevo gobierno colombiano, bajo el mando de Petro, diálogos que se interrumpieron en enero de 2019 después del atentado a la Escuela General Santander.

“El Eln mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un Proceso de Paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017″, mencionaron en un comunicado.

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