De propuestas populistas está hecha la actual campaña por la Presidencia de la República y uno de los dos candidatos que compite por llegar a la Casa de Nariño tiene bien claro que las iniciativas más polémicas y llamativas, son las que más impulso le han merecido a su proyecto político.
Se trata de Rodolfo Hernández, el aspirante cuya bandera electoral es la lucha contra la corrupción y la reducción del gasto. Con su particular manera de ser y expresarse, el ingeniero santandereano viene promoviendo varias iniciativas que le han valido el aplauso de más de un colombiano. Sin embargo, ¿qué tan realizables son?
IVA general del 10%
En su programa de gobierno, el aspirante presidencial incorporó un capítulo dedicado a la política tributaria en la que su propuesta principal es la de aplicar una tarifa general de IVA del 10 %.
Rodolfo Hernández asegura que es necesario hacer práctico el pago de este impuesto, pues de esta forma los contribuyentes no tendrían cómo evadir el compromiso con la Nación. Su iniciativa mantendría a la canasta familiar libre de este tributo y reclasificaría los demás bienes y servicios excluidos.
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“De esta forma se garantiza el recaudo y se potencia la eficiencia en los procesos administrativos, pues todos los contribuyentes aportan el 10 % de IVA en cualquier etapa del ciclo económico, sin oportunidad para la corrupción, al no poder aplicar en ningún caso la figura del IVA descontable”.
Calificación: inconveniente
Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que lo que está proponiendo el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción es reemplazar el IVA por un impuesto a las ventas, es decir, pasar del esquema actual en el cual un producto solo está gravado al momento de ser consumido, a uno en el cual cada etapa en el proceso de producción se grava.
“Por ejemplo, hoy en día por una camisa el consumidor paga un impuesto del 19% y punto, mientras que en el caso del impuesto propuesto por Rodolfo Hernández, una camisa tendría sobrecostos adicionales y el consumidor tendría que asumir los mayores costos”, precisó Reyes.
Dijo que según los cálculos que han hecho en el Observatorio, esto aumentaría de manera importante la carga tributaria y los precios finales para los consumidores, “de manera que iría en contravía de lo que hemos visto que ha venido exigiendo la gente al movilizarse en contra de la reforma tributaria que tuvo que retirar el ministro Carrasquilla, en 2021”.
Cierre de embajadas y consulados
A mediados de mayo, faltando pocos días para la primera vuelta presidencial, el candidato Rodolfo Hernández anunció los que serían sus primeros decretos, si es elegido, desatando una abierta polémica que en lugar de restar, al parecer, terminó sumándole un buen número de votos.
En sintonía con su propuesta de acabar con la corrupción y la malversación de recursos del Estado, el ingeniero anticipó que a partir del 7 de agosto, “le aceptaría irrevocablemente la renuncia a todos y cada uno de los embajadores y cónsules de todos los niveles y categorías del servicio diplomático y consular de la República de Colombia”.
Para Hernández, eso lo haría con el fin de propiciar ajustes en varias de estas sedes y disminuir el gasto público. Lo que generó mayor ruido es que el aspirante aseguró que los cambios implicarían, incluso, la eliminación de algunas embajadas como Argelia, Australia, Austria, Bolivia, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Hungría, Indonesia, Jamaica, Kenia, Líbano, Malasia, Marruecos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, Suecia, Turquía, Uruguay, entre otras.
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Calificación: viable, pero inconveniente
En una reciente columna de opinión, la excanciller María Ángela Holguín, quien ocupó ese cargo durante los dos periodos del presidente Juan Manuel Santos, calificó esta propuesta como un “error estratégico” que podría poner en riesgo el desarrollo del país, y por lo tanto la consideró inconveniente.
En su criterio, el ahorro que contempla Hernández con estos cierres es una falsedad, pues aseguró que los presupuestos de la Cancillería en los ocho años que estuvo al frente de ese despacho ascendían al 0,1% del presupuesto general de la Nación y hoy están en el 0,32%.
“Colombia no puede aislarse y menos cuando necesita interactuar con el mundo para generar oportunidades que lleven a un mayor desarrollo. De otro lado, la idea de cerrar consulados implicaría dejar a los colombianos que viven en estos lugares sin asistencia y abandonados a su suerte. En vez de pensar en cerrar, lo que debe pensar es en ver cómo utilizar esta red especial que con mucho trabajo se ha desplegado en el mundo para desarrollar a Colombia”, escribió Holguín.
Por su parte, Julio Londoño Paredes, diplomático colombiano y académico, consideró que si bien es posible implementar esta propuesta vía decreto, como se ha planteado, y en alguna oportunidad ya se hizo en el país, aunque posteriormente fue reversada, es necesario tener el cuidado suficiente, para que el retiro de una embajada no vaya a generar el resentimiento de ese país o impida que haya un flujo comercial o consular indispensable.
“Eso se puede hacer, pero hay que verlo con especial atención”, dijo el exembajador.
Droga gratis a los adictos para acabar la demanda
La semana pasada, el candidato Hernández desató amplia controversia al anunciar que en un eventual gobierno suyo promovería un programa para entregar la droga de manera gratuita a los consumidores, pues, en su criterio, esta sería una forma de frenar la demanda de estas sustancias.
“Si a los adictos les entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración u oral, pues se acabó la demanda, porque nadie vuelve a comprar, porque para qué compro si me la regalan y si no compran, porque se la regalan, la oferta se acaba y se acabó la droga. Es la única manera, pues entre más muertos y más violencia haya para reprimir la producción, el precio sube y el negocio sigue (sic)”, planteó Hernández.
Calificación: viable, pero no desde el populismo
Para Daniel Rico, investigador, experto en economías criminales y director de C-Análisis, “el uso del acceso a las drogas como mecanismo de prevención es viable, pero no desde el populismo, sino a partir de la evidencia científica y mecanismos integrales serios”.
Rico asegura que en algunos países se han implementado programas con determinados pacientes considerados crónicos, dentro de unos procesos integrales de rehabilitación, tratamiento y prevención, pero que esta es una iniciativa que se debe sustentar en estudios rigurosos y no se puede presentar como una propuesta a la ligera, porque es necesario garantizar que se cuente con la capacidad no solo para estructurarla, sino hacerla sostenible y financiable.
Convertir la Casa de Nariño en un museo
Una de las propuestas más polémicas que ha lanzado el candidato presidencial Rodolfo Hernández es convertir la Casa de Nariño en un museo. Su idea incluye una rebaja sustancial de gastos en el funcionamiento de esta dependencia, que es el lugar habitual de hospedaje de los presidentes de Colombia. Así las cosas, le pondría freno a la operación y uso de la flota de aviones, helicópteros, vehículos y demás equipos destinados al uso del jefe de Estado, el vicepresidente, los ministros y la primera dama.
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El exalcalde ha dejado claro que hospedarse en la Casa de Nariño, si resulta ganador el 19 de junio, no es una opción, pues dice que vivirá en un apartamento que ya compró en Bogotá.
“(En la Casa de Nariño) dejo una piecita y me acuesto un rato cuando esté recontracansado. La convertimos en un museo de arte contemporáneo, arte moderno y una sala de arte itinerante de nivel internacional. Eso es lo que vamos a hacer. Abrimos a las 10:00 a. m. y cerramos a las 4:00 p.m.”, aseguró el aspirante.
Calificación: populista
David Andrés Murillo, abogado, consultor e investigador en temas de derecho constitucional, actualidad política y derecho internacional, y docente investigador de la Universidad Libre considera que la propuesta más que racional es populista.
“Es una propuesta que se parece a la que hizo López Obrador en México. Más que combatir la corrupción, esto tiene como objeto reducir gastos, por lo que suena más a una política de tipo populista que a un hecho en concreto”, aseguró.
Murillo considera que sacar al mandatario de un lugar en el que está bajo todas las medidas de seguridad implicaría un mayor reto para el Estado, a fin de garantizar que no sea blanco de un atentado, por lo que vivir en el apartamento incrementaría los gastos logísticos.
“El candidato dice que se podrían ahorrar $4.000 millones, pero eso no ayuda a solucionar el hueco fiscal. Hospedarse en un hotel o apartamento implicaría más responsabilidades para el Estado”, señaló el analista.
Quitarles las camionetas a los congresistas
Otro de los anuncios que más impulsó le generó a la campaña presidencial de Rodolfo Hernández fue cuando enseñó los cuatro primeros decretos que firmaría el mismo 7 de agosto, de ser elegido, y entre los que se encuentra uno que promete acabar con algunos de los “lujos” que se dan los congresistas del país.
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El segundo de esos decretos señala como objetivo intervenir la administración de los recursos públicos a cargo del Congreso, con el fin de continuar con la política de austeridad que promulga el exalcalde de Bucaramanga.
“A partir de la fecha, se suspende de manera indefinida la operación y funcionamiento de los vehículos y demás equipos destinados al uso de los senadores y representantes a la Cámara, que no son indispensables para el buen desempeño del servicio público a cargo de los congresistas de la República”, señala la propuesta de decreto.
Calificación: ataca poco la corrupción
Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, analizó la propuesta y concluyó que esta se basa en una reducción de gastos más no ataca el corazón de la corrupción.
“Son propuestas en consonancia con esta idea de la lucha contra la corrupción, pero que no tienen un impacto determinante. Uno puede reducir gastos de operación del Congreso, pero no es solo eso, la corrupción es un problema mucho más profundo y considero que se ataca con transparencia, rindiendo cuentas, dando explicaciones”, planteó el analista.
Jaramillo agregó que para cumplir esa misión de combatir la corrupción, Hernández se debe apoyar en los organismos de control y en el Ministerio Público. No obstante, insistió en que, la de los carros, “es una idea demasiado simple. El corazón de la corrupción no se combate así, es una propuesta común y basada en falacias”.
Recompensas por denunciar la corrupción
En su programa de gobierno, Rodolfo Hernández propone que incentivará las veedurías ciudadanas, con el fin de que delaten los mecanismos de corrupción que se dan en los diferentes niveles del Estado.
“Se les pagará recompensa por el dinero que se recupere de los políticos corruptos que denuncien. Dejarán de ser mal tratadas y sus recomendaciones tendrán que ser atendidas con prontitud", se lee en el plan, haciendo alusión a los incentivos a los líderes ciudadanos.
En esa línea, Hernández se asegura que creará un instituto virtual que les devuelva a los colombianos el dinero robado. "La idea es recompensar la denuncia ciudadana hasta con el 20 % de lo recuperado”.
Calificación: una propuesta novedosa
Édgar Allan Niño Prato, analista político y docente e investigador de la Universidad de Pamplona sostiene que este planteamiento, “Es una propuesta novedosa por lo que busca acabar con los focos de corrupción, pero su funcionamiento sería persuasivo, debido a que los corruptos saben que pueden caer y van a tener que cuidarse mucho porque los pueden denunciar. Tendrán que cambiar los métodos para no caer”.
Niño Prato sostiene que uno de los inconvenientes para su aplicabilidad es que Hernández deberá consultar al Congreso, algo que servirá de termómetro para ver cómo están las relaciones con el legislativo, mucho más cuando es una medida anticorrupción.
"Al no operar de mejor manera los entes de control, esta es una propuesta alternativa, novedosa para seguir controlando la desviación de recursos”, manifestó el docente.
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