La familia de la otra víctima del atroz hecho que se presentó la mañana del pasado viernes, en Tibú, a manos de presuntos miembros de la disidencia del frente 33 de las Farc, ya habría tenido contacto con algunas organizaciones defensoras de derechos humanos para buscar la forma de venir a Cúcuta a reclamar el cadáver que está en la morgue de Medicina Legal.

El joven respondería al nombre de Jackson Enrique Arriaga Parra y sus parientes lo habrían identificado por los videos y la información que ha salido por los medios de comunicación, además de un tatuaje que tiene en su brazo derecho con su primer nombre.

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Este hombre, de 23 años, y un niño de 15, fueron detenidos por algunos habitantes, comerciantes y mototaxistas de esa población del Catatumbo, luego de que supuestamente trataran de robarse unas prendas de vestir de un local.

Pero cuando las personas los alistaban para pasearlos por la zona céntrica de Tibú, con las manos amarradas y con carteles que decían "ladrones", antes de entregarlos a las autoridades, sin importar que estaban violando sus derechos, llegaron dos hombres, al parecer, integrantes de la disidencia y se los llevaron a la fuerza, amedrentándolos con armas. Minutos más tarde, ellos fueron asesinados en el sector Barrio Largo, a la salida de ese municipio que está a menos de tres horas de Cúcuta, en la vía a El Tarra.

Algunos medios venezolanos han señalado que la familia de Jackson Enrique vive en el sector Las Virtudes del municipio Tulio Febres Cordero, del estado Mérida, en Venezuela, pero que no contaría con dinero para trasladarse a Cúcuta a identificarlo plenamente y a solicitar la entrega del cuerpo para llevarlo y sepultarlo al otro lado de la frontera.

Al parecer, Arriaga Parra sería padre de una niña. Por eso, los familiares están buscando la forma de poder venir a la capital de Norte de Santander.

Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo están pendientes de la llegada de la familia a Cúcuta, para ayudarla en lo que necesite.

Ya se lo llevaron

Mientras que las autoridades en Cúcuta esperan la llegada de la familia de Jackson Arriaga, la tía y un hermano del niño de 15 años, de la etnia wayúu, que también murió en ese vil homicidio, ya se llevaron el cadáver para Maracaibo (Venezuela), donde viven.

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Ayer, luego de que las autoridades venezolanas remitieran la tarjeta decadactilar a Medicina Legal, para la plena identidad, los familiares recibieron el cuerpo y la funeraria San Miguel, de Tibú, se encargó del traslado del féretro.

Con ayuda de algunas organizaciones no gubernamentales, la familia del menor de edad logró pagar el costo para llevarse el cadáver y así darle el último adiós.

La Opinión pudo establecer en primicia que el pequeño y un hermano llegaron a vivir en la vereda Versalles, de Tibú, donde trabajaron en diferentes fincas, al parecer, raspando hoja de coca.

Además, las autoridades pudieron conocer que ante la crisis económica de Venezuela, el menor de edad dejó de estudiar y decidió venirse a Colombia a buscar trabajo para ayudar a su mamá, que padece una enfermedad.

Reclamo del gobierno

Precisamente, por todo lo que ha implicado este cruel asesinato, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, responsabilizaron al Gobierno del presidente Iván Duque, de lo sucedido.

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“Ellos dirán que estos dos niños venezolanos son menos que objetos, bestias de carga que no merecen justicia, pero aquí la estamos reclamando y la vamos a reclamar en todos los organismos multilaterales internacionales que tienen que ver con el tema de derechos humanos”, señaló Saab en un programa de televisión.

El funcionario recordó que las víctimas fueron retenidas ilegalmente, luego de ser acusados de robar en un almacén de ropa, “en el marco de la ‘detención’, los dos jóvenes fueron atados de manos y se observa a un hombre de la comunidad, diciendo que los jóvenes serían entregados a la Policía para que no aparecieran muertos en la vía, como en efecto aparecieron…”.

Mientras que Delcy Rodríguez señaló que, “Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio, persecución, contemplado en el artículo 7.1H del estatuto de Roma por la persecución contra nuestros migrantes, por el asesinato de nuestros migrantes”.

La vicepresidenta de ese país también manifestó que la oenegé Comisión para los Derechos Humanos, del estado Zulia (Codhez), documentó el asesinato de 360 venezolanos en Colombia, así como más de 800 desaparecidos.

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