Desde hace más de dos años, las autoridades judiciales tienen los ojos puestos en las redes que han desfalcado el sistema de salud colombiano, comercializando medicamentos de enfermedades crónicas y de alto costo, que son adulterados o traídos de forma irregular de Ecuador y Venezuela, sin importar que están vencidos.
Los tentáculos de una de esas organizaciones llegaron a Cúcuta, donde por medio de una farmacia y distribuidora de medicamentos, logró hacer de las suyas.
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Luego de tener el material probatorio suficiente y de establecer quiénes eran los que estaban detrás de ese fraude, entre ellos uno en la capital de Norte de Santander, les ‘echaron mano’.
Una vez fueron detenidos, la Fiscalía decidió seguirle el rastro al dinero que esa red había ganado delinquiendo y fue así como esta semana le aplicó la extinción de dominio a 68 bienes, de los cuales hay varios en Cúcuta y Chinácota.
La operación
Un grupo de policías, acompañados por miembros de la Fiscalía, se desplegaron por Cúcuta, Chinácota, Bogotá, Ibagué y Espinal (Tolima), Coveñas (Sucre), Villavicencio (Meta) y en Palermo (Huila).
Las autoridades le aplicaron la medida cautelar a 41 inmuebles urbanos, 16 establecimientos de comercio, 6 vehículos y 5 sociedades, todo valorado en, aproximadamente, 100 mil millones de pesos.
“La investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio da cuenta de que, presuntamente, los bienes fueron adquiridos con dineros producto del desfalco al sistema de salud colombiano”, aseguró la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.
Según las autoridades, a partir del mismo instante en que se ejecutó la operación, la administración de los bienes fue asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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La extinción en Cúcuta y Chinácota
Extraoficialmente se conoció que los bienes que fueron sometidos a extinción de dominio estaban a nombre de Jhon Arbey Albarracín Vélez (capturado) y Beatriz Karina Campillo Vela.
La medida cautelar en Cúcuta se le aplicó a un lote dentro de un conjunto cerrado del barrio Prados del Este; y a una casa lote en la urbanización Rincón del Escobal.
Una droguería, valorada en $500 millones, donde comercializaban farmacéuticos medicinales, cosméticos y cosas de tocador, también fue sometida a extinción de dominio.
Una sociedad, donde aparecería Jhovany Alberto Figueroa, también está dentro de las acciones que aplicaron las autoridades.
En Chinácota, a Jhon Albarracín y Beatriz Campillo, también le aplicaron extinción de dominio a dos lotes que tenían en un conjunto campestre.
Las capturas
En 2019, luego de saber cuáles eran las personas que hacían parte de esta organización delincuencial, las autoridades capturaron a Marco Antonio Ramírez Varón, líder de la red, quien aparecía como representante legal y propietario de Fundasalud, entidad por donde habrían podido sacarle todo el dinero al Gobierno.
También cayó Mónica Liliana Ovalle Páez, regente de farmacia y persona de confianza de Marco Ramírez. Trabajaba en una sede de la unión temporal Tolihuila, en la que Fundasalud era el operador logístico encargado de la entrega de los medicamentos a pacientes del magisterio.
Yesid Wilches Machado, propietario y representante legal de la comercializadora Distrimedical A.S, fue señalado de adquirir fraudulentamente medicamentos de alto costo, para enfermedades como la hemofilia.
John Arbey Albarracín Vélez, representante legal de Medline Pharma, en Cúcuta, también fue detenido. Según las autoridades, esa razón social tenía como objeto la distribución de medicamentos de alto costo y vitales no disponibles.
Asimismo, Juan Gabriel Basto Granada, alias Mike, presunto coordinador de la cadena de comercialización de medicamentos, de la organización delincuencial.
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La Fiscalía señaló que en marzo de 2019, Marco Ramírez Varón se allanó a los cargos en audiencia concentrada, como responsable de los delitos de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, entre otros.
Y gracias al delinquir de la red que manejaba Ramírez, fue que obtuvieron todos esos bienes, además, habrían tenido complicidad de gobernadores y alcaldes, de diferentes regiones de Colombia, lo que refleja el alcance de los tentáculos de corrupción que alcanzaron.
Marcos Ramírez ya fue condenado a más de siete años de prisión, según se pudo conocer.
¿Cómo funcionó este cartel?
El centro del escándalo de corrupción fue en Córdoba, cuando varios gobernantes desviaron fondos provenientes de regalías de ese departamento y recursos públicos del Sistema General de Participaciones (SGP), a las IPS, que luego de recibir los dineros, eran usados para pagar costos incurridos en campañas políticas o agrandar riquezas personales.
El trabajo de un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, logró recopilar la evidencia física y técnica, para que todos los integrantes del monopolio criminal fueran identificados, conociendo que obtenían ganancias de hasta 1.000 millones de pesos por convenio, quedando al descubierto las vías ilícitas que usaban para conseguir los medicamentos.
Esta red, presuntamente, ingresó medicinas de contrabando de Ecuador y Venezuela. “Estos productos entraban al país sin respetar la cadena de frío o las medidas de conservación, y eran trasladados hasta distintos puntos del país, donde les alteraban las fechas de caducidad y los lotes de fabricación para darles una apariencia de legalidad”, sostuvo la Fiscalía.
Por la frontera entre Cúcuta y Venezuela, habrían ingresado gran cantidad de esos medicamentos.
La red también compró medicamentos descontinuados o vencidos. “Hay evidencia de que la organización ubicaba hogares geriátricos y otros institutos de salud y les compraban los medicamentos que daban por descontinuado, por caducidad o mal estado”, explicaron las autoridades.
Los investigadores también conocieron que la estructura contactaba pacientes con enfermedades catastróficas y les compraban, a bajo costo, los medicamentos que les entregaban las EPS; así sacaban al mercado y a mayor precio las medicinas de uso restringido.
Además, la Fiscalía determinó que ese cartel fue una alianza criminal creada por Alejandro Lyons y los hermanos Musa y Edwin Besayle.
Alejandro huyó a los Estados Unidos y se encuentra en ese país con asilo político, mientras que Musa, quien fue senador de la República, fue inhabilitado por 10 años a cualquier cargo público, y Edwin pagó un tiempo en la cárcel La Picota, en Bogotá.
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