A través de un proyecto piloto de erradicación y sustitución de cultivos, que se ejecutará entre la Alcaldía de Cúcuta y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), la administración de Jairo Yáñez le apunta a arrancar 80 de las 400 hectáreas de hoja de coca que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) calcula hay en la zona rural.

La iniciativa se adelantará en el corregimiento de Banco de Arena, en una vereda cuyo nombre aún no revela la administración de Yáñez y que le permitirá a 35 familias pasar de los cultivos ilegales a una propuesta que ayude a suplir el déficit de algunos alimentos en el departamento, y que de paso se convierta en otra alternativa para los pobladores.

“Todas son familias víctimas del conflicto armado que el año pasado, en julio precisamente, sufrieron un desplazamiento masivo. En la zona no opera un solo grupo, sino hay dos o más grupos, por lo que el desarrollar el proyecto junto a Unodc nos genera una expectativa y una ilusión grande”, le dijo a La Opinión Elisa Katherine Montoya Obregón, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de la Alcaldía de Cúcuta.

Así funcionará el proyecto

Según le reveló Montoya Obregón a este diario, el proyecto arrancará sus diferentes fases el próximo 1 de agosto y durante los siguientes 25 meses. La funcionaria resaltó que la iniciativa tiene proyectada un gran futuro debido a que nació desde la misma comunidad.

“La idea es que este proyecto productivo tenga un modelo general; esto se está concertando con la comunidad. Por ejemplo, la ganadería lechera sería una buena alternativa, en el tema del plátano hay un déficit de 400 toneladas que se traen semanalmente de Arauca.

Lo único que ha quedado plenamente descartado es la palma por el impacto ambiental que se genera”, sostuvo.

La propuesta es que el proyecto productivo, bien sea agrícola o pecuario, se lleve a cabo de manera escalonada para que se den las cosechas en tiempos diferentes y para eso ya se adelanta un estudio de suelo con especialistas que están en la zona.

“Brindaremos asistencia técnica integral, vereda por vereda, finca por finca, vamos a ayudar a la gente a implementar el proyecto productivo que le vamos a direccionar”, aseveró la titular de la dependencia.

Seguridad alimentaria

Uno de los grandes interrogantes está relacionado con la seguridad alimentaria de las 35 familias, es por esto que quienes se acojan al programa tendrán los cuatro primeros meses para permitir la erradicación, bien sea por voluntad propia, adelantada por el Ejército Nacional u otra entidad capacitada para tal fin y desde el quinto mes se recibirá un auxilio económico.

“La seguridad alimentaria en el tema de proyectos productivos es muy importante. El proyecto tiene un primer alcance de corto plazo, es decir un rendimiento en 9 meses. Mientras sale este cultivo, se creó un Esquema de Seguridad Alimentaria con unas transferencias condicionadas”, dijo.

Montoya aseguró que estas transferencias condicionadas serán “como un sueldo para estas familias, para que mantengan este proyecto productivo y para evitar la resiembra”.

El otro escenario negativo, y que ya se ha presentado en otros proyectos de sustitución, es que las familias pueden volver a los cultivos ilícitos, bien sea porque no le cumplieron lo prometido o porque lo recibido no era rentable, a lo que Montoya argumentó que se tendrá un gran acompañamiento para vigilar su cumplimiento.

“En el primer mes ratificamos compromisos, refrendamos lo hablado en las mesas. El acompañamiento y monitoreo que harán profesionales psicosociales, de temas agrícolas y agropecuarios nos permitirá hacer un monitoreo para que no pase ese abandono que se ha presentado en otros proyectos”, aseveró.

En el cuarto mes se tiene planteado hacer la construcción de los planes de inversión y adquisición de bienes, debido a que hay fincas que son más llanas, otras falderas y esas diferencias requieren atenciones selectivas.

La siguiente fase está relacionada con la entrega de insumos, maquinarias y materias primas para el proyecto, los cuales se garantizarán desde la Alcaldía de Cúcuta.

“Depende del modelo de proyecto productivo que escoja la comunidad, sabremos si se necesitan guadañas, semillas, cercas, fertilizantes, elementos pesados, livianos, boro, nutrientes, etcétera”, apuntó la secretaria.

Además del acompañamiento, también habrán capacitaciones y formaciones en cooperativismo, en temas psicosociales, en emprendimiento, en redes de comercialización.

El proyecto tendrá una inversión de más de 1.750 millones de pesos que saldrán todos de la Alcaldía. La mayoría de estos recursos corresponden a los giros monetarios y la compra de insumos.

“Ya tramitamos la vigencia futura porque este año se va a invertir gran parte del dinero. El primer año son $1.200 millones, el segundo año desciendo a cerca de $600 millones y en el tercero aproximadamente $200 millones. Lo que cuesta el proyecto por familia es de cerca de $50 millones a lo largo de los 25 meses”, aseveró.

Además de Unodc, entidades como Sena, ICBF, la Registraduría Nacional, la Unidad para las Víctimas y la Cooperación Internacional han aportado con su conocimiento y acompañamiento a la formulación de la propuesta.

Para el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, “ este proceso hay que cuidarlo con el alma, ya que nos permite cambiarle la vida a la gente de la zona rural, y ese es uno de nuestros compromisos irrenunciables desde el primer día.Debemos retomar ese tejido social que ha sido vulnerado por tantos años de abandono, por eso este proyecto será una de nuestras banderas”.

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