El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana realizó un informe analizando los efectos que deja el conflicto armado en la permanencia y en el rendimiento académico de los estudiantes en los territorios afectados históricamente por la guerra.

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En dicho análisis quedó evidenciado que, en regiones como Chocó, Arauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Norte de Santander, la deserción escolar, la repitencia de grados y la reprobación de materias, así como los bajos resultados en las Pruebas Saber 11 son situaciones generadas a raíz de la violencia que viven los niños y jóvenes en sus territorios.

De acuerdo con el informe, en estos departamentos, la tasa de deserción promedio en 2022 fue de 5,35%, lo que representa 1,26 puntos porcentuales más que la tasa de deserción promedio a nivel nacional, traducido en que 1 de cada 19 estudiantes en zonas de conflicto desertó de su colegio debido a hechos victimizantes como masacres, secuestros, exposición a minas antipersonas, atentados, enfrentamientos y hostigamientos y abandono forzado o despojo forzado de tierras.

“La inestabilidad del entorno producida por el conflicto puede afectar el aprendizaje efectivo y el desarrollo académico de los estudiantes no solo porque se dificulta su asistencia a la institución educativa sino también por la escasez de recursos y la falta de profesionales capacitados en estas zonas”, indica el informe.

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Y es que, el conflicto armado en el país y en zonas como Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo ha sido un factor importante para explicar la interrupción de la educación, ya que profundiza los desafíos económicos que enfrentan las familias afectadas y esto también puede estar reforzando las barreras para la participación y permanencia en la escuelas, ya que, al generarse los desplazamientos forzados, se obliga a la migración de familias enteras, afectando con ello la continuidad educativa de los estudiantes. 

El Catatumbo, la zona más afectada

De acuerdo con el último reporte del Consejo Noruego para Refugiados, ‘Escuelas Seguras’, Norte de Santander es el departamento donde se reporta el mayor número de ataques contra la educación, pues en la región, especialmente en los municipios de Hacarí y Convención se concentran el 39 por ciento del total de los eventos presentados en el país: la mayoría ocurridos de camino a las escuelas.

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Otro de los factores que influye en que la deserción escolar aumente, como lo mencionó uno de los docentes del municipio de Hacarí, es que existan garantías de seguridad reales con más presencia de la Fuerza Pública, para que, no solo estudiantes, sino docentes puedan acudir a las aulas de clase sin temor.

“Cuando uno accede a orientar clases en estos territorios, sabe los riesgos que corre, sin embargo, el panorama es cada vez más desalentador, porque podemos empezar el año con 30 o 40 estudiantes y terminarlo con la mitad o menos y es preocupante cuando uno se da cuenta que muchos de estos niños se salen de los colegios para ingresar a un grupo armado o para irse a raspar hojas de coca”, dijo una maestra del Catatumbo consultada por La Opinión.

La docente indicó que, aunque en conjunto con la Secretaría de Educación de Norte de Santander, así como con las alcaldías y otros grupos sociales, se establecen estrategias para lograr que los estudiantes permanezcan en las aulas de clase, “la violencia lleva las de ganar”.

Otro de los factores que afecta el rendimiento académico de los estudiantes es la ocupación de los espacios en las escuelas, pues muchos grupos armados llegan hasta allí y custodian  toda la zona, lo que impide el normal desarrollo de las clases.

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Sardinata, Teorama y La Playa de Belén, son municipios en donde las escuelas, desafortunadamente también han sido víctimas de los actores armados.

“Es cierto que se afectan los estudiantes porque muchos por miedo prefieren no volver y por la situación económica se ven obligados a abandonar los estudios para irse a trabajar. Pero también estamos los profesores, algunos nos quedamos por amor a nuestro trabajo y queremos educar a niños y jóvenes para un mejor futuro, pero nosotros también somos víctimas de amenazas y por eso pedimos traslados y abandonamos los cargos”, expresó un docente de Tibú.

La maestra explicó que, en efecto, quienes no desertan, pero van a las escuelas en medio de estos escenarios de violencia, suelen tener bajas calificaciones, ya que se mantienen dispersos, tratando no solo de aprobar y/o aprender sobre una asignatura, sino también, pensando en “cómo salir vivos, o en que no los reclute un grupo armado o que su familia no sea desplazada”.

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Desde la Secretaría de Educación de Norte de Santander, cuando se presentan situaciones en contra de instituciones educativas, se activa una ruta especial que comienza con el reporte del establecimiento afectado, para luego pasarlo a la Secretaría de Gobierno que lidera la ‘Mesa de Prevención y Garantías de No Repetición’, para que la Fuerza Pública actúe, especialmente con las amenazas de minas o bombas.

No obstante, son situaciones que, señalan los docentes, suelen ser difíciles de controlar, pues los grupos armados desafortunadamente tienen el control de estos territorios, por lo que hacen un llamado para que las escuelas se conviertan en escenarios de paz y los estudiantes no se vean obligados a abandonar sus estudios.

Gobierno, sociedad civil y entidades privadas

Enrique Pertuz, presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, manifestó que no solo el Catatumbo, sino también la zona rural de Cúcuta viven estas situaciones, donde el rendimiento académico de los estudiantes se ve afectado debido al conflicto armado.

“Muchos jóvenes terminan la primaria y las esperanzas de continuar con sus estudios se acaban porque tienen la opción de irse a raspar coca para ayudar a las familias o entrar a organizaciones insurgentes, y no solamente hablamos de hombres, también hay mujeres”, dijo Pertuz.

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El defensor de Derechos Humanos señaló que Colombia está en un proceso de la búsqueda total de la paz, pero para que esta verdaderamente llegue a cada territorio debe haber inversión en educación, salud, vías, entre otras acciones, una tarea que, considera, está haciendo Norte de Santander, pero que no puede hacer solo, sino que debe fortalecerse de la sociedad civil, la empresa privada y, por supuesto, del Gobierno nacional.

“En zonas como el Catatumbo, la deserción escolar aumenta, porque sus pobladores vivían de la hoja de coca y como hay una crisis, a los padres de familia se les dificulta el sostenimiento de tres o cuatro hijos y entonces los muchachos deben saltarse esas etapas y ponerse a trabajar, y a eso se le suman las amenazas contra docentes”, agregó.

Pertuz señaló que si bien es cierto que ha aumentado la presencia de la Fuerza Pública en estos territorios afectados por el conflicto, es necesario tener en cuenta que esto no soluciona las problemáticas de violencia que allí se dan, pues se requiere del apoyo de toda la institucionalidad.

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