La representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presentó esta mañana el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2020, en el que reveló que esa oficina pudo documentar un total de 76 masacres en Colombia y que analizan cinco casos más.
Según informó, desde 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014.
Estos hechos de violencia implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes.
En el informe se advierte que los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que la violencia en varios territorios habría causado, en 2020, 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Entre tanto, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales.
“Preocupa al ACNUDH la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. A pesar de haber convocado reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (encargada en virtud del Acuerdo de Paz de desarrollar esta política), hasta la fecha el Gobierno y los actores de la sociedad civil representados en esta entidad no han logrado acordar una política”, señala el informe.
Asesinatos de líderes y defensores
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló, igualmente, que en 2020 se conocieron 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
“Debido a las restricciones derivadas de la pandemia, el ACNUDH solo pudo documentar 53 casos y continúa verificando 80. De los casos documentados, en el 9 por ciento las víctimas fueron mujeres, el 21 por ciento indígenas y el 4 por ciento afrodescendientes”, dice el informe.
En el documento se indica que los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurrieron principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente, así:
-72 por ciento de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
- 77 por ciento en zonas rurales.
-91 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional.
-94 por ciento en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica.
-96 por ciento en municipios con economías ilícitas.
-85 por ciento en departamentos donde existen “enclaves de producción de coca”.
De los casos verificados, el 25 por ciento fueron presuntamente cometidos por grupos criminales, 15 por ciento por grupos de disidentes de las Farc, 13 por ciento por el Eln, y el cuatro por ciento por integrantes de la Policía o del Ejército.
“Los altos índices de violencia y la desprotección que viven algunas regiones del país crean contextos de vulnerabilidad aguda para líderes y lideresas sociales”, manifestó Juliette de Rivero.
Según la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, en el 2020 la defensa de los derechos humanos en Colombia continuó siendo una actividad de alto riesgo.
En el informe presentado esta mañana a los medios de comunicación también se hace referencia a las denuncias que fueron recibidas sobre 42 casos de “privaciones arbitrarias de la vida”, en las que habrían estado vinculados miembros de la Fuerza Pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo dos mujeres, siete niños, tres indígenas, cinco afrodescendientes y dos personas LGBTI.
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La representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que el 2021 presenta una oportunidad importante para hacer frente a estos diferentes retos de derechos humanos en el país y en particular en los territorios más afectados.
“Confiamos en la capacidad y voluntad del Gobierno y del Estado en su conjunto de buscar soluciones prácticas y eficaces a estos desafíos, con la participación de la sociedad civil, reforzando esfuerzos existentes. Es importante hacer ajustes para poder prevenir las violaciones de derechos humanos”, dijo.
