“Es curioso que cuando dos personas sordas se encuentran, ahí se acaba la discapacidad, se vencen las barreras y es posible la comunicación”, dice Andrea Hernández, intérprete del lenguaje de señas.
Y es cierto. Basta con estar algunos minutos en compañía de un grupo de sordos, ‘escucharlo’, para entender que son la ciudad, las instituciones y el común de la gente quienes no están preparados para ellos y generan, tal vez, el principal obstáculo para su desarrollo y logro de metas.
Según Hernández, con experiencia en la interpretación certificada por el Instituto Nacional para Sordos (Insor), la población que tiene esta discapacidad en la región tiene solo una barrera: comunicarse.
“Estamos en un mundo auditivo”, afirma. “Además, la gramática de la lengua de señas es diferente a la del español y, en ocasiones puede tergiversarse o no entenderse”.
La intérprete recuerda cómo ha tenido que mejorar sus competencias en matemáticas porque, según cuenta jocosamente, no es la mejor en esta área.
“Si bien hay inclusión educativa, los intérpretes también necesitamos adaptarnos y capacitarnos en temas específicos”, afirma. “Es que es muy complicado que los intérpretes sepan de todo. Yo he tenido, por ejemplo, que pedir ayuda en matemáticas para poder entregar ese conocimiento”.
Aunque dice que lo ideal sería tener intérpretes especializados en las carreras que eligen los sordos, reconoce que se procura un desempeño apropiado para mejorar los espacios de inclusión que ya han sido ganados.
Jesús Romero, Alto Consejero para la Población con Discapacidad de Norte de Santander, indica que en el departamento hay logros importantes, especialmente en educación.
“Tenemos las puertas abiertas en la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona”, explica. “Por su parte, el Sena ha capacitado a la población para lograr que se vinculen laboralmente”.
Pese a ello, aún queda un reto: censarlos y caracterizarlos, con el fin de conocer sus necesidades reales e inmediatas.
Las cifras preliminares y extraoficiales hablan de unos seis mil sordos pero, según Montoya, los datos definitivos son difíciles de establecer.
“Nos basamos en el que seis por ciento de la población general tiene alguna discapacidad”, dice. “Si el departamento tiene una base de un millón 380 mil personas, tenemos unas 70 a 75 mil personas en condición de discapacidad, pero no hay especificación”.
La tarea del censo es una de las metas del cuatrienio y se espera culminarla lo antes posible, con el concurso de las EPS, el Instituto Departamental de Salud, las instituciones educativas, entre otras entidades que tengan el registro y puedan apoyar esta labor.
La incomprensión
(En Cúcuta ya se tienen lugares especializados en la atención de los sordos, especialmente para que logren su ubicación laboral.)
Pero más que los números, el reto para los sordos es la comunicación efectiva porque su condición lleva a aprender una nueva lengua, un idioma distinto del que usa la población que escucha, en el que una mala interpretación sería catastrófica.
“Una vez tuvimos el caso de una señora a la que, por una interpretación equivocada, casi le quitan la niña”, dice Hernández. “Han sido momentos muy complicados, en los que nos cuestionamos pero seguimos aprendiendo”.
Recuerda otra situación en la que un paciente con una grave complicación circulatoria tenía que someterse a la amputación de una de sus piernas.
“Se negó, y decía que no iba a acceder porque nadie lograba explicarle cuáles eran las razones”, dice la joven. “Muchos creen que basta con tener un intérprete en cada institución, pero la solución no es esa, sino que podamos compartir con ellos, con todos, la lengua”.
Esa ha sido la gran dificultad: carecer de un espacio para enseñar a los sordos sus derechos, agilizar sus procesos de conocimiento, y congregarlos para avanzar y salir del atraso.
Si comprar un artículo, acceder a un empleo, hacer un reclamo de un servicio público es complejo, imagine lo que significa elaborar un derecho de petición, exigir sus derechos, o comprender y descifrar los intríngulis de las entidades de gobierno.
Además, la falta de escenarios apropiados de encuentro complican las condiciones de vida e integración, pues en Cúcuta no hay un solo lugar para ellos.
“Teníamos un lote en Atalaya que nos había cedido el municipio hace años”, afirma. “Sin embargo, lo invadieron y, aunque hemos hecho las solicitudes, parece no haber forma de resolver el problema”.
Si de comunicarse se trata, los intérpretes y los sordos parecen tener más inconvenientes con las instituciones de gobierno, de baja audición para escuchar esta necesidad.
“Solo nos falta un sitio, porque desde el año anterior hemos tenido progresos con la educación por ciclos que les da la oportunidad de aprender; el Insor llegó a exigir mejoras en la calidad educativa; y el apoyo del Sena es fundamental”, afirma. “Vamos avanzando, pero falta superar las brechas y por encima de todo el temor de la comunidad oyente para poder tener un entorno más favorable para todos”.
Algunos datos
* En el Punto Vive Digital que instaló el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Cúcuta, se dictan talleres de alfabetización digital que permiten a la población sorda ubicarse en algún empleo.
* Según datos del Insor, el 59.51% de la población sorda no recibe servicio de rehabilitación, y sólo 161 personas cuentan con ayudas técnicas.
* Las principales causas por las cuales se origina la discapacidad auditiva son enfermedades en general con 24.71%, seguido alteraciones genéticas 8.38% y accidentes 6.99%
* Este año, el Insor y la secretaría de Educación de Cúcuta, suscribieron un convenio para realizar un proyecto piloto para ejecutar el programa ‘Colombia Primera en Educación para personas Sordas’, el cual se desarrollará en el Instituto Técnico Guaimaral, uno de los diez mejores planteles del país para sordos en el que hay 65 niños con esta discapacidad.
* La población sorda económicamente activa se desempeña como trabajador por cuenta propia el 23,1%; jornalero o peón el 13.9%, y obrero empleado particular el 12.8%.
* La población sorda económicamente inactiva no participa en el mercado laboral porque el 43.7% tiene una incapacidad permanente para trabajar (sin pensión); el 20.7% realiza oficios del hogar; el 6.9% estudia y, el 3.8% realiza actividades de autoconsumo.