El Gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación emitió el Decreto 0874 de 2024, con el cual reglamentaron la creación de las Asociaciones Público-Populares.
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La iniciativa se centra en reglamentar las condiciones bajo las cuales las entidades estatales pueden celebrar contratos con personas naturales y entidades sin ánimo de lucro que formen parte de la economía popular y comunitaria.
Estos contratos, denominados Asociaciones Público-Populares están diseñados para impulsar proyectos en áreas como infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias, cultura, eficiencia energética, producción de alimentos, entre otros.
En este sentido, se busca fortalecer la economía popular y comunitaria, es decir, que se beneficiarán las Juntas de Acción Comunal y pequeños emprendedores, para el desarrollo de proyectos y servicios esenciales en diversas áreas.
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El decreto aclara que la economía popular incluye actividades mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades económicas de baja escala, que pueden operar de manera individual o asociativa.
Así las cosas, las entidades estatales deberán justificar la conveniencia de utilizar estas asociaciones, basándose en las necesidades identificadas y el impacto esperado en la economía popular. Además, deberán definir los requisitos técnicos y de idoneidad para seleccionar a los contratistas adecuados.
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“Estos contratos permiten también que en situaciones de emergencia y desastres, las entidades estatales puedan comprar de manera directa productos agropecuarios de pequeños productores agrícolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, establece el decreto.
Beneficios
Líderes comunales de la ciudad y el área metropolitana señalan que esta es una oportunidad para ejecutar contratos de manera transparente que beneficien a las comunidades.
“Tenemos juntas comunales totalmente organizadas y legalizadas con muchos proyectos archivados que, con esta ley podrían ejecutarse o proponerlos a las administraciones para que los evalúen y poder desarrollarlos. Además, permite que a la vez de ser contratistas, podamos ser veedores, entonces es una buena oportunidad”, dijo Carlos Ibarra, líder barrial de la ciudad.
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Entre las condiciones que tendrán los contratos es que además de ser directos tendrán límites y por ejemplo, las entidades no podrán dividir un contrato grande en otros más pequeños para utilizar el mecanismo y tendrán que colgar los contratos en el Secop.
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