La evacuación de decenas de familias afectadas por la avalancha que arrasó con tres veredas en los municipios de Villa Caro y Ábrego continúa, en medio de devastadoras escenas de dolor de personas que lo perdieron todo.

De acuerdo al último reporte de la Gobernación de Norte de Santander, hasta este lunes habían sido evacuadas 414 personas afectadas por la emergencia, a quienes lograron sacar con apoyo de la Fuerza Aérea, el Ministerio de Interior y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  junto a grupos de rescate y salvamento.

Los damnificados están siendo llevados a dos alojamientos temporales habilitados en Ábrego, donde reciben ayuda humanitaria, atención médica y sicosocial. Sin embargo, nada puede borrar el impacto que ha generado en sus memorias una tragedia que pudo haberse evitado.

Giovanni Becerra, habitante de la vereda El Tarrita, quien lideró las protestas que hicieron suplicando ayuda de los gobiernos municipal y  departamental, aún conserva registros de los encuentros en los que se pactaron acuerdos.

Ahora, solo ve con tristeza lo que dejó la avalancha y que reprodujo, como una profecía, lo que todos temían. La laguna natural que se formó el 10 de noviembre, cuando comenzó el proceso de remoción en masa en la parte alta de la vereda El Molino, se desbordó y se llevó a su paso todo el sedimento represado en la cabecera de la quebrada. 

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 “Cuatro protestas hicimos desde noviembre acá y nadie nos ayudó. Llegaban los alcaldes de Villa Caro y Ábrego, firmaban compromisos y no cumplieron ninguno”, indicó. 

Becerra fue una de las personas que en las mesas de diálogo insistió en la necesidad de drenar la laguna, un hecho que no se materializó. 

Cree que si se hubiera atendido cuando pararon las lluvias, en marzo pasado, el volumen no habría llegado a ese nivel y no se hubiese desbordado. “Acabó con el pueblo y con un montón de casas, entre ellas la de mi madre, fue una desgracia”, señaló.

“Alguien tiene que responder”

Manuel Reyes, abogado litigante y pensionado de la rama judicial donde ocupó cargos como juez de la República, tenía una cabaña en la vereda Puerto Rico, en Villa Caro, que desapareció junto con todo lo que se llevó a su paso la avalancha. 

Dijo que en esa tragedia hubo una enorme “negligencia” por parte de los gobernantes. “Hay muchas evidencias de las protestas que se hicieron y los acuerdos que firmaron, pero ocurrió lo que pasa con todos los acuerdos que cuando la gente levantaba la movilización se olvidan”, dijo. 

Como abogado sostiene que en este hecho se  pudo haber cometió un delito de prevaricato por  omisión deliberada de un acto propio de las funciones que tenían que cumplir, desde el gobernador hasta los alcaldes. “Esa responsabilidad la tiene que determinar la Procuraduría y la justicia penal”, declaró. 

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También lamentó que la respuesta siempre haya sido que no había recursos, cuando después que sucedió lo que advirtieron, haya aparecido cualquier cantidad de helicópteros, ayuda humanitaria y “dinero de donde no había”. 

No ha pasado el peligro

Carlos Daniel Serrano, alcalde de Villa Caro, se pronunció con respecto a lo sucedido y señaló que “hizo lo que pudo”. Sin embargo, no contó el apoyo del Gobierno Nacional que se requería para atender una emergencia de esa naturaleza.

Dijo que llevó maquinaria al lugar para despejar las vías y el municipio compró, con recursos propios, tres mil metros de manguera de tres pulgadas que pretendían instalar la semana pasada, justo antes de presentarse el desbordamiento.  

Serrano agregó que lo ocurrido fue producto de las lluvias que cayeron durante las últimas semanas, que hicieron que el nivel de la laguna que se formó en noviembre por el represamiento aumentara hasta buscar salida.
Sin embargo, cree que la emergencia no ha acabado y que tardará mucho tiempo en terminar de desprenderse todo el material que se removió producto de la falla geológica. 

“El agua hizo que la mole de tierra que sostenía la laguna se debilitara y empezara a derrumbarse, pero esto no termina aquí porque me atrevo a decir que aún quedó un 40% del agua represada y si continúa el invierno puede seguir bajando”, advirtió.

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Por su parte, Juan Carlos Jácome, alcalde de Ábrego, indicó que no se desatendieron los acuerdos pero que la atención siempre estuvo en cabeza de la Gobernación que hizo lo necesario para gestionar la ayuda.

Explicó que hubo intentos por meter maquinaria en la zona y se hicieron algunas recomendaciones que se atendieron, pero que en algunos casos fueron infructuosas porque “no era un tema fácil”. 

Contó que había pedido ayuda del Ejército y que se habló incluso de hacer unas explosiones controladas, pero todo parecía poco para brindar una salida que no pusiera el riesgo la vida de nadie.

“Se hablaba de colocar unos radios y yo como alcalde coloque unos radios en varios puntos de lo cual tengo un acta y eso fue lo que de alguna u otra manera pude hacer para  ayudar a la gente a salvarse”, indicó.

Jácome dijo que asumirán como gobernantes las responsabilidades que tengan que enfrentar, pero que por su parte siempre respondió de manera oportuna todas las recomendaciones que le hacían desde el gobierno departamental a través de los equipos técnicos. 

 “En ningún momento los informes que tengo del Servicio Geológico Colombiano y los de la Gobernación,  por parte del   equipo técnico, me decían que yo tenía que evacuar El Tarrita. Solo pidieron evacuar El Molino y Puerto Rico, y esas se evacuaron”.

Temen volver a las fincas

Con lágrimas y un nudo en la garganta los damnificados de la avalancha de la vereda El Tarrita, narraron los episodios dolorosos sufridos en la madrugada del 31 de mayo.

Demoraron tres días a la intemperie en lo alto de la montaña, deshidratados, consumiendo frutos silvestres para mitigar el hambre. “Comíamos moras y cogollos de los árboles de guayaba y arrayanas para mitigar el hambre. Estábamos atrapados entre el lodo y la selva”, indicó Emilio Sepúlveda.

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Ramona Pérez de 60 años y oriunda de la vereda El Remolino calificó como una pesadilla la experiencia vivida en la finca con la catástrofe natural.  “Eso fue terrible, era como el fin del mundo, nosotros tomamos falda arriba porque no había nada qué hacer, todos corrimos hacia el monte y la creciente acabó con todo. Quedamos en la calle”, agregó.

Liceth Katherine Vergel, con un niño de brazos, indicó que fue muy duro. “Pensé que íbamos a morir todos y busqué la protección de mis tres hijos. Saqué una muda de ropa para los tres niños y corrí hacia el filo. Es muy triste observar cómo se acaba en un abrir y cerrar de ojos”.

Para Enrique Vergel, otro de los damnificados, no hay palabras para describir la tragedia, aunque los radios de comunicaciones jugaron un papel fundamental para salvar vidas humanas. “Regresar es muy difícil, no se puede confiar ya que puede volver otra avalancha, esperemos que ofrece el alcalde, el gobernador y presidente de la República. Estaban advertidos se pudo evitar la tragedia”, puntualizó.

SOS en Cáchira

La temporada de lluvias que ha causado emergencias en el departamento también afecta la zona rural de Cáchira, donde cientos de familias están en peligro debido a un proceso de remoción en masa que inicio el noviembre pasado en la parte alta del corregimiento La Vega.

El fenómeno se viene presentando en una montaña donde la tierra se agrietó producto de las fuertes precipitaciones, afectando las veredas La Explayada, El Salobre, San Agustín, Paramito, Calichana, pero además, se sumó en esta oportunidad la vereda Boca de Monte. 

Producto de la emergencia han tenido que desalojar a unas 25 familias de la zona rural, ya que temen que en la cima de la montaña se pueda presentar una tragedia como la ocurrida en Villa Caro.

En varias ocasiones han tenido pérdida de la banca, para lo cual no ha sido suficiente el empleo de maquinaria del municipio. “Definitivamente no hemos podido hacer mayor cosa porque sigue el fenómeno de remoción de masa y ya está llegando a una escuela”, dijo Pabón.

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El mandatario explicó que ha enviado informes de la situación a la Gobernación de Norte de Santander y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para pedir ayuda, pero sus requerimientos no han tenido respuesta.

En diciembre pasado, una comisión de la Consejería Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres hizo una visita en el lugar, pero no volvieron y una vez pasó la ola invernal, la situación quedó en el olvido. 

De continuar así se podrían ver afectado el corregimiento La Vega, uno de los más grandes del municipio que tiene una población cercana de 1.500 personas. 

La  Consejería Departamental de Gestión del Riesgo informó que al respecto han realizado visitas técnicas y de monitoreo al municipio de Cáchira.

Indicaron que “han establecido las obras necesarias para mitigar el riesgo de desastres en la zona, dentro de las cuales se han realizado labores de dragado y giros a la Alcaldía Municipal para apoyar la respuesta”.

El alcalde Javier Pabón dijo que en diciembre pasado la Gobernación realizó un giro de 120 millones de pesos que no fueron para atender esa emergencia, sino para asistir varios puntos afectados por las lluvias, entre ellos una vía secundaria de 37 kilómetros, cuyo mantenimiento es responsabilidad del departamento.

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