El robo, ocurrido la tarde del miércoles 1 de febrero, en el sector La Curva, entre Ocaña y Cúcuta, donde fueron interceptados dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), por presuntos disidentes de las Farc, fue tema de conversación del fiscal general, quien puso en conocimiento su preocupación ante el Ministerio de Defensa, sobre este y dos hechos más.

Todo se dio tras la reunión que sostuvo el fiscal Francisco Barbosa con el ministro de Defensa Iván Velásquez y la cúpula militar y policial, donde salieron a relucir  temas de “preocupación” para la Fiscalía.

Barbosa dijo que, el 30 de enero, en Tumaco, Nariño, fue interceptada una caravana de vehículos ocupados por fiscales adscritos a la Unidad de Crimen Organizado. Dijo que fueron intimidados por cinco hombres con camuflado, botas de caucho y armas de fuegos largas y cortas.

En cuanto a lo ocurrido en Norte de Santander, el 1 de febrero, entre Ocaña y Cúcuta, el fiscal precisó que dos funcionarios fueron abordados por miembros de las disidencias de las Farc, a quienes les hurtaron una camioneta y el arma de dotación.

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Y, sobre el más reciente hecho, resaltó que los fiscales en Tarazá, Antioquia, fueron abordados por personas que se movilizaban en motos sin placas. Dos de las funcionarias, según su declaración, fueron trasladadas en esos vehículos y pasaron por retenes militares, que no advirtieron que los automotores estaban sin identificación.

“Tres hechos que ameritan preocupación por parte de la Fiscalía General, si nosotros no hubiéramos tomado las decisiones como las debíamos tomar, es decir, rápidamente, podríamos estar lamentando otros hechos que implican un daño a la institucionalidad colombiana”, dijo.

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El Fiscal manifestó que el ministro “escuchó los argumentos y manifestó que existe un compromiso de la Fuerza Pública por acompañar todos estos procesos”, y resaltó que debe haber una mejor comunicación con el Gobierno Nacional “rápida y efectiva”.

“Nos señalaron que quieren que regrese la Fiscalía a Tarazá, que quieren hacerlo a través de una garantía de las condiciones de seguridad en esa zona, les informamos, por supuesto, que esto estará sometido a unos protocolos que debemos cumplir nosotros internamente para poder determinar el pronto regreso”, señaló Barbosa.

El jefe del ente investigador sentenció que “no existe justificación alguna para ningún tipo de secuestro, más aun tratándose de servidores de la Fiscalía”.

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