El parlamento venezolano aprobó este jueves una ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela y ahora estas entidades deberán informar al régimen sus actividades y financiamiento.
En segunda discusión, la Asamblea Nacional, que es controlada por el chavismo, votó a favor de forma uniforme por la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, así lo informó el presidente de esta entidad, Jorge Rodríguez.
La reglamentación consta de 39 artículos en donde destaca que estas organizaciones deben inscribirse al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, como la antigua ley, pero deben declarar si su financiamiento es realizado “total o parcialmente, a través de personas naturales o jurídicas extranjeras”.
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También, las ONG deben indicar en sus estatutos “la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social” prohibirá la inscripción a las que consideren que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnico, religioso, político, sociales, ideológico, de género”.
Con la aprobación de esta legislación, la organizaciones no gubernamentales deberán informar su inventario, bienes, balances contables y estados financieros. También deberán presentar actas de asambleas, nombramientos, aperturas y cierre de sedes.
En el texto no se aclara qué sucederá con las entidades que reciban financiamiento internacional, pero quien incumpla estas normas podrá recibir multas que lleguen a los 10 mil dólares.
La aprobación de esta ley va en contra de la solicitud que había hecho Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien había pedido en días anteriores que no se adoptaran leyes “que socaven el espacio cívico y democrático en el país”.
Representantes de estas organizaciones y de organismos internacionales ya alzaron su voz contra esta normatividad.
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Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea afirmó que esta ley formaliza la persecución a estas organizaciones, mientras que la relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, calificó esto como “terrorismo de Estado”.
