Desde el 29 de julio hay menos venezolanos en sus casas y más en celdas de diferentes cuerpos de seguridad. Los reportes de diferentes organizaciones dan cuenta del incremento de presos políticos en el país en, al menos, 690%.
El Foro Penal tiene registro de 1.581 arrestos en el contexto postelectoral que se suman a la lista de detenciones arbitrarias que contabilizaba hasta el 28 de julio, para un total de 1.780 hasta el 26 de agosto.
La cifra de detenciones en un mes de protestas representa el 50% de las 3.127 registradas por Provea de enero a julio de 2014, en el ciclo de seis meses de protestas antigubernamentales de ese año. Como en la actualidad, en esa oportunidad la cifra incluyó en su mayoría a personas que participaban en protestas, pero también a transeúntes que aún sin tener vinculación con las manifestaciones también sufrieron detenciones y presentaciones a las órdenes de Tribunales.
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Además, desde el 29 de julio de 2024 se ha arrestado a casi 30% del número de 5.480 detenciones de abril a diciembre de 2017.
Estos datos indican que las detenciones este año superan el promedio mensual de 2014, que fue de 500, y el de 680 al mes de 2017.
Todos son vulnerables a detenciones
Entre los detenidos desde el 29 de julio en Venezuela resalta la cifra de 114 adolescentes, de acuerdo a la base de datos de Foro Penal. En la mayoría de estos casos el tribunal de menores correspondiente declinó su competencia al tribunal de terrorismo sin oportunidad de contar con defensa privada.
Lo mismo ha ocurrido con el resto de los detenidos, entre los que se incluyen 230 mujeres.
Desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), tienen registrados a 72 políticos tras las rejas, entre funcionarios de elección popular, personas con cargos en la administración pública e integrantes de partidos políticos.
Tres alcaldes presos
En este particular destaca el arresto de tres alcaldes. El 31 de julio, a José Mosquera, alcalde de Lagunillas en Zulia, lo detuvieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El mismo cuerpo de seguridad, el viernes 2 de agosto detuvo a Jordan Sifuentes, quien es el único alcalde opositor en Sucre, en el municipio Mejía. Y el domingo 4 de agosto, a Fernando Feo, alcalde de Tinaquillo en el estado Cojedes, lo arrestaron agentes del Estado, según denunció Vente Venezuela a través de la red social X.
Los datos de JEP indican que hay tres activistas de derechos humanos. El 2 de agosto, cuatro funcionarios encapuchados sacaron de su casa a Edward Ocariz, quien es miembro del Comité de Derechos Humanos de la parroquia Coche de Caracas. Le imputaron terrorismo e incitación al odio.
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Ese mismo día detuvieron a Kennedy Tejera, defensor activo de Foro en el occidente de Carabobo, mientras estaba en las afueras del comando rural de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Montalbán, indagando sobre la presunta detención de unas personas en el contexto de las protestas postelectorales, a los fines de poder brindar asistencia jurídica gratuita y defender sus derechos humanos.
El 17 de agosto, al intentar mediar con la policía para que no detuvieran a otra persona, el abogado y defensor de derechos humanos en Amazonas, Henry Gómez, también fue arrestado en Puerto Ayacucho.
Acoso a la prensa libre
Nueve trabajadores de la prensa en el país están en cárceles desde el 29 de julio. Se trata de cinco periodistas: Roland Carreño, José Camero, Gilberto Reina, Ana Carolina Guaita y Carmela Longo, esta última excarcelada al día siguiente con medidas cautelares.
También se incluyen en la lista los reporteros gráficos Yousner Alvarado, Paúl León, Fernando Chuecos y Deisy Peña. El último periodista que perdió su libertad, con lo que la lista subió a 10 es el político y coordinador del partido Convergencia, Biagio Pilieri, a quien apresaron al término de la movilización opositora que se celebró en Caracas este miércoles 28 de agosto.
Este martes 27 de agosto, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reiteraron su preocupación ante la continuación de las detenciones de periodistas y trabajadores de prensa tras el proceso electoral en Venezuela, y reclamaron la liberación de los colegas arrestados mientras desarrollaban su trabajo, así como el urgente esclarecimiento de las acusaciones en su contra.
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