Las aguas se agitan en América Latina cada vez que los venezolanos se preparan para acudir a las urnas. Las elecciones del próximo 28 de julio, coincidiendo con el natalicio de Hugo Chávez, sitúan una vez más al país petrolero en una encrucijada crucial.

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La disyuntiva es clara y estremecedora: De llegar a ganar Edmundo González, el candidato de la oposición, deberá liderar una coalición política unida exclusivamente por su rechazo a Maduro, pero que carece de una base organizacional que le permita negociar y construir consensos. Por otro lado, la reelección de Nicolás Maduro no solo perpetuará, sino que profundizará la emergencia humanitaria y la conflictividad social, en un régimen que se aferra a una combinación letal de represión, corrupción y clientelismo, mientras intenta liberalizar la economía y purgar sus propias filas.

A pesar de contar con un régimen autoritario, Maduro necesita elecciones que le permitan cohesionar sus bases y lograr legitimidad ante la comunidad internacional. Como afirma Ricardo Sucre, su problema central es “cómo lograr una elección presidencial reconocida por los principales países en las que no participe lo que llama la oposición insurreccional”, que ha intentado quebrar el régimen por todos los medios.

Para finales de 2023, y después de varios intentos infructuosos de negociación, la postura conciliadora del gobierno de Biden y los buenos oficios de gobiernos progresistas como el de Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula facilitaron que el gobierno de Maduro y la oposición firmaran los Acuerdos de Barbados.

Estos acuerdos tenían como objetivo acordar unas normas destinadas a garantizar unas elecciones más justas, con observadores internacionales, y proteger los activos de la nación depositados en territorios extranjeros. A cambio, Estados Unidos levantó las sanciones a las industrias petrolera y minera de Venezuela impuestas por Donald Trump y emitió una licencia que permitió a la petrolera Chevron extraer petróleo venezolano. Estas y otras medidas suavizaron el bloqueo y ayudaron a que la economía venezolana cerrara el año con un crecimiento del 2.6%, superior al de América Latina, que fue del 2.2%.

Al poco tiempo, la oposición venezolana realizó autónomamente unas elecciones primarias sui generis (pues el Tribunal Supremo de Justicia intentó prohibirlas) que venía preparando desde 2022 mediante la Comisión Nacional de Primarias. Con una amplia participación que evidenció el poco apoyo popular al régimen de Maduro, María Corina Machado (Vente Venezuela) fue elegida en las primarias de la oposición como principal candidata presidencial en octubre, con 2.3 millones de votos (90% del total).

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Sin embargo, una inhabilitación del Consejo Electoral la obligó a nombrar un sustituto el 22 de marzo. Dicho sustituto fue la académica Corina Yoris. No obstante, el mismo Consejo Nacional Electoral también puso problemas al registro de Corina Yoris, por lo que, a última hora, Edmundo González Urrutia, exdiplomático de 74 años (Mesa de Unidad Democrática), quien era el segundo suplente de la lista y sin ninguna aspiración real, fue elegido por consenso de todos los sectores de oposición como el candidato único para enfrentar a Nicolás Maduro.

Las campañas electorales

La época preelectoral transcurrió en medio de grandes tensiones cuyo momento más álgido llegó la semana pasada, cuando Maduro sorprendió a la opinión pública al anunciar durante un mitin que podría sobrevenir un baño de sangre si llegabaa perder las elecciones. Líderes de izquierda tomaron distancia de Maduro en vísperas de las elecciones, declinando la invitación a ser observadores electorales. Antes, los presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula expresaron su preocupación por la vida e integridad de los líderes del sector que pierda las elecciones.

Tras 25 años de un chavismo degradado por el liderazgo de Nicolas Maduro,  no hay dudas de que el deseo de los votantes es un cambio político. La necesidad de cambio atraviesa incluso al chavismo que ve desvanecida la idea de poder popular. Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, aseguró en entrevistas recientes que en Venezuela nunca se había llegado tan cerca de una elección con tantos escenarios abiertos.

En el caso de la oposición, la campaña no la maneja el candidato de la oposición, Edmundo González, sino una líder que ha sido inhabilitada y que tiene un altísimo nivel de respaldo popular. Ella endosa su fuerza pero es quien controla el mensaje. Por lo tanto, los líderes del chavismo han tenido la difícil tarea de neutralizar el movimiento de la líder que no es la candidata.

En cualquiera de los escenarios de participación existe una diferencia de entre 20% y 34% a favor del candidato Edmundo González, quien hasta hace tres meses era totalmente desconocido por la población.

Sin embargo, los resultados finales son inciertos pues el CNE ha restringido enormemente el Registro Electoral Permanente (REP) de nuevos votantes y se ha impedido la inscripción de votantes en el exterior, donde se encuentran 7.7 millones de venezolanos. Se estima que al menos 5 millones están en edad de votar, pero el CNE solo permitió la inscripción de 65 mil votantes.

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Similar al Movimiento de la Séptima Papeleta en Colombia, la oposición venezolana considera las primarias y toda la campaña presidencial como un momento constituyente para alcanzar una transición democrática luego de la deriva autoritaria del gobierno de Maduro.

El hartazgo de la gente produjo multitudinarias manifestaciones durante los actos de campaña de la oposición, donde las mujeres lloran en los brazos de María Corina y muchos se acercan conmovidos a pedirle que los salve.

Las imágenes que se replican por redes sociales indican que son los propios ciudadanos los que se acercan a los comandos para preguntar cómo pueden aportar a la campaña de manera aparentemente espontánea.

La campaña de Machado-González se realizó con muy pocos recursos, sin promociones en los medios, sin una hora muy clara, sin un solo afiche en la calle, y sorteando toda clase de obstáculos inverosímiles. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) multó y cerró por varias semanas dos hoteles en los estados de Falcón y Zulia por permitir a Machado hospedarse durante su gira electoral.

Asimismo, las autoridades han cerrado al menos 16 locales por brindar servicios a la oposición en sus giras de campaña. Al respecto, la teoría de la movilización de recursos de McCarthy y Zald puede ayudar a entender el éxito de Machado.

Según esta teoría, los movimientos sociales requieren no solo de una causa movilizadora, sino también de recursos organizacionales, liderazgo efectivo y oportunidades políticas. En este caso, la exdiputada conservadora Machado ha aprovechado el descontento generalizado, ha reunido recursos significativos y ha capitalizado las oportunidades políticas generadas por la crisis económica y humanitaria.

Lo que viene

El periodo postelectoral será crítico, con el despliegue de complejos escenarios políticos. Una variable clave es la diferencia de votantes entre los dos principales candidatos. Cuanto mayor sea la diferencia, más incuestionables serían los resultados, permitiendo a los factores democráticos tener una capacidad de negociación mucho más amplia. Hay una puerta abierta para una conversación entre la oposición y el gobierno.

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Todos los escenarios preven una fuerzas politicas fragmentadas con necesidad de negociar y conciliar. Sectores importantes de la oposición reconoce que una derrota electoral del régimen no forzará necesariamente la salida de Maduro de la arena política ni dará lugar a enjuiciamientos por la corrupción y las violaciones de los derechos humanos del gobierno.

Sin embargo, también es posible que Maduro y sus aliados decidan aferrarse al poder por cualquier medio necesario ante el riesgo de ser encarcelados y enjuiciados. Inhabilitar a los oponentes políticos y montar farsas electorales, similar a Nicaragua, podría parecer un camino viable en un mundo en el que actores no democráticos como China y Rusia ayudan a sostener un aliado clave que garantiza un contrapeso en la región.

Barclays, la firma de riesgo financiero, pronostica una victoria de la oposición y el inicio de un periodo de transición en el que Venezuela experimentaría una expansión económica significativa. En este escenario, Colombia sería uno de los principales beneficiarios económicos de la transición de régimen político en Venezuela.

En el ámbito político, Petro perdería un aliado regional que comparte los principios generales de su programa de gobierno. Al mismo tiempo, favorecería a la derecha colombiana, que tendría aliados mejor posicionados en el vecino país y un argumento para reforzar la imagen del Pacto Histórico como un emulador del proyecto chavista.

Una transición en Venezuela enfocada en el reconocimiento y restablecimiento de las víctimas del conflicto y la violencia permitiría el surgimiento de una agenda común de construcción de paz en la que Colombia y sus instituciones de justicia transicional tendrían mucho que aportar. En dicha agenda, las cuestiones fronterizas y el desmonte de los grupos armados ilegales que incluyen a guerrillas y bandas transnacionales como el Tren de Aragua serían un punto fundamental 

Escrito por: Jorge Andrés García Villamizar  (jagarciavi@gmail.com)

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