En un momento crítico para la acción climática global, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca plantea un escenario preocupante para los esfuerzos internacionales de mitigación del cambio climático.
La posible reversión de políticas ambientales en Estados Unidos amenaza con ralentizar la transición energética y debilitar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.
La victoria electoral de Trump en estados clave como Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte marca un giro radical en la política climática estadounidense.
El proyecto elaborado por la Heritage Foundation, conocido como Project 2025, contempla desmantelar regulaciones ambientales, recortar fondos para descarbonización y fortalecer la industria de combustibles fósiles.
Este documento de casi 1.000 páginas incluye iniciativas para recortar fondos en políticas de descarbonización, reorganizar la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y flexibilizar las regulaciones de emisión, dando paso a políticas que benefician a los grandes contaminantes.
Como señala Christiana Figueres, exresponsable de clima de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), “el resultado de estas elecciones se considera un duro golpe para la acción climática mundial, pero no puede detener ni detendrá los cambios en curso para descarbonizar la economía y cumplir los objetivos del Acuerdo de París”.
Un análisis de Energy Innovation sugiere consecuencias económicas significativas: la implementación del Project 2025 podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) anual en 770.000 millones de dólares para 2030, debido a la pérdida de empleos y disminución de inversiones en tecnologías limpias.
Laurence Tubiana, directora general de la Fundación Europea del Clima, expresó en un comunicado que “el resultado de las elecciones estadounidenses es un revés para la acción climática mundial, pero el Acuerdo de París ha demostrado su resistencia y es más fuerte que las políticas de cualquier país”.
A nivel estatal y local, varios gobiernos ya han comenzado a implementar políticas climáticas contrarias a las de la administración Trump. Organizaciones privadas y multinacionales también han expresado su intención de mantener sus compromisos ambientales, independientemente de la postura federal.
El panorama en Colombia: desafíos y oportunidades
Mientras la arena internacional debate, Colombia se enfrenta a sus propios retos climáticos. El gobierno de Gustavo Petro ha tomado medidas significativas, como la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, apostando por una transición hacia energías renovables.
Los impactos del cambio climático en el país son ya evidentes. Según los expertos Sebastián Tirado e Ingrid Katherine Cepeda, docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, el principal impacto está asociado con el incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, como sequías y lluvias torrenciales, que han causado deslizamientos y pérdidas en la agricultura.
Regiones como el Caribe, el Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía enfrentan amenazas críticas: aumento del nivel del mar, deforestación y pérdida de ecosistemas. Los cambios en los patrones de lluvia han intensificado sequías e inundaciones, poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
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Un logro destacable ha sido la reducción de la deforestación amazónica en un 70% entre 2022 y 2023, junto con proyectos innovadores como el Biocarbono Orinoquía, que busca desarrollar alternativas de producción agropecuaria sostenible en cuatro departamentos.
En materia energética, Colombia está dando pasos significativos. El gobierno ha desarrollado 78 proyectos solares y dos eólicos, aunque el 65% todavía tiene trámites pendientes. Además, se están explorando nuevas fronteras energéticas, como lo demuestra la colaboración con Alemania para impulsar el hidrógeno verde.
Los expertos resaltan la importancia de la innovación, precisando que se están implementando 10 pilotos de hidrógeno verde con énfasis en el sector residencial, de transporte e industrial, todos producidos a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.
Tal es el caso que el Ministerio de Minas y Energía actualizó el Decreto 1073 de 2015, con el fin de promover la libre competencia y aumentar el uso de las fuentes no convencionales de energía renovable.
La normatividad previa restringía a los autogeneradores y a los productores marginales de abastecer su consumo de energía a través de fuentes de generación producida en los sitios distintos al de consumo.
“Estas modificaciones normativas abren las puertas para la nueva industria verde que diversificará la economía del país. Estas economías, intensivas en el uso de electricidad, podrán aprovechar los beneficios de la electricidad limpia producida en sitios diferentes a los de la manufactura industrial”, señalaron desde el Minenergía.
Por otra parte, las comunidades indígenas y rurales emergen como actores fundamentales en esta lucha. Gestionan gran parte de los bosques del país, actuando como sumideros de carbono esenciales. Sus conocimientos ancestrales ofrecen estrategias de adaptación resilientes.
Como destacan los especialistas, estas comunidades “gestionan una gran parte de los bosques y tierras del país, que representan sumideros de carbono esenciales y áreas de alta biodiversidad”.
Sus prácticas incluyen manejo tradicional de recursos hídricos, agricultura diversificada y uso de plantas autóctonas para restaurar la biodiversidad.
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Además, Colombia se ha comprometido a reducir el 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. El presupuesto para el sector ambiental ha aumentado, pasando de 1.3 billones de pesos en 2022 a 1.4 billones en 2023.
¿Qué se ha logrado?
El gobierno de Gustavo Petro, decidió que no firmará nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, lo que obliga a la búsqueda de nuevas fuentes de energía, pues dentro del modelo planteado se pretende garantizar el acceso universal de la energía mediante el uso de la energía solar y la energía del viento.
El presidente se ha enfocado en la protección de los recursos naturales enfatizando en una política que busca el ordenamiento del territorio alrededor de la naturaleza como eje central, la seguridad alimentaria y la justicia social.
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Otro de los logros en materia ambiental del gobierno se refiere a la ratificación del acuerdo de Escazú, que busca la justicia ambiental, protección de los lideres sociales y el acceso a la información ambiental.
En el arranque de la COP16, que se cumplió en Cali, en octubre, Colombia se unió a la lista de cerca de 30 países del mundo que presentaron su plan de acción para proteger la biodiversidad al 2030 dentro del Marco Global Kunming Montreal.
En concepto de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, el plan de Colombia se convierte en un instrumento de política pública ambiental que consolida seis metas nacionales que tienen 191 acciones para enfrentar la pérdida de la biodiversidad en el país en los próximos cinco años.
Durante la COP29, en Bakú (Azerbaiyán), la delegación colombiana en cabeza de la funcionaria llamó la atención sobre la necesidad de priorizar acciones concretas para alcanzar las metas establecidas en el Acuerdo de París y asegurar una transición justa hacia un futuro sostenible.
Las oportunidades entonces se encaminan a que se debe pensar en ciudades más sostenibles donde se utilicen soluciones basadas en la naturaleza para poder soportar este tipo de eventos, por ejemplo, sistemas de drenaje sostenible, techos y muros verdes, edificaciones que recolectan agua y se reutiliza, agricultura urbana, entre otros.
Continuar la con las iniciativas de las biodiverciudades, soluciones innovadoras que integran la biodiversidad en las ciudades y fomentar su potencial como ejes de resiliencia y bienestar humano.
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