Desde hace una semana la palabra corrupción volvió a ocupar titulares. Un escándalo que se creía mudo por un buen tiempo encontró en un testigo una oportunidad de estallar y acaparar la atención de las instancias judiciales. Se trata de la compra presuntamente irregular de ochenta carrotanques para llevar agua a La Guajira que siguen sin operar, algo de lo que Sneyder Pinilla sabría mucho.

Pinilla fue el subdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y ahora se convirtió en uno de los hombres más ansiosos por contar su verdad ante la Fiscalía, que tuvo que ofrecerle protección a cambio, y la Corte Suprema de Justicia. Ambas entidades investigan una red de coimas que pasó por la UNGRD, el ingeniero y las altas esferas del Congreso.

El escudero jurídico del exdirectivo es un abogado que en 2016 fue nombrado fiscal anticorrupción y dos años después fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción: Luis Gustavo Moreno Rivera, el encargado de llevar a Pinilla a probar los supuestos sobornos de $4.000 millones que en octubre del año pasado llegaron a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.

Moreno comenzó a figurar desde el 3 de mayo, cuando su cliente contó en medios de comunicación que la millonaria suma arribó a los bolsillos de Iván Name y Andrés Calle, con el auspicio de Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones a la que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia por el escándalo, y de Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Tras las declaraciones, Moreno y Pinilla le pidieron a la Fiscalía poder colaborar a cambio de un principio de oportunidad. Haciéndose protagonistas con videos y comunicados, ambos advirtieron amenazas que estaría recibiendo el exfuncionario de la UNGRD, lo que llevó a la Fiscalía a otorgarle un esquema de protección que garantizara su asistencia al búnker del ente acusador, donde empezó a negociar.

La Fiscalía ya estaba investigando a Sneyder Pinilla. El ente investigador mantenía abierto un caso por los sospechosos sobrecostos para comprar los aún inoperantes carrotanques para el norte del país. Según Pinilla, del dinero para contratar los vehículos, que salía de una cartera especial autorizada por el Gobierno desde 2022, nació la plata para los sobornos, presuntamente ordenados por González.

El 8 de mayo marcó el regreso de Luis Gustavo Moreno al búnker en el que trabajó por unos ocho meses. Acompañando a Pinilla en un ingreso discreto, una diligencia reservada y una salida en incógnito, Moreno recorrió unos pasillos que ya conocía bien, pues en septiembre de 2016 el exfiscal general Néstor Humberto Martínez lo nombró zar en la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Se dice que llegó a la cima de la Fiscalía por sugerencia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, aunque también se habla de que fue impulsado por el investigado por sobornos José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. José Luis Barceló, quien posteriormente se convirtió en presidente de la Corte, advirtió entonces sobre conflictos en la ética del penalista.

El de director nacional anticorrupción fue el primer cargo del jurista barranquillero en la Fiscalía, luego de que se había desempeñado por cerca de diez años como asesor legal de distintas entidades, como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y de varios políticos. Pocos meces después de su designación, le pidió una coima a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba.

La oferta era “ayudarle obstruyendo las investigaciones que contra él estaban en curso”, como reseñó la Corte Suprema en la sentencia de 65 páginas con la que condenó a Moreno, quien aceptó ante la justicia haberle pedido $100 millones a Lyons entre febrero y marzo de 2017. El pago de la coima ocurrió en Miami, así que la DEA de Estados Unidos investigó junto a la Fiscalía de Colombia.

En junio de 2017, en Bogotá, la Fiscalía y la DEA adelantaron un operativo con el que detuvieron a Moreno. En julio, la Fiscalía donde antes trabajaba lo imputó por concusión y uso indebida de información privilegiada, lo que él aceptó, pero el Tribunal de Bogotá no aceptó su allanamiento porque manifestó supuestas presiones por parte de un funcionario de la Fiscalía.

Días después, Moreno presentó un escrito en el que reafirmó que aceptaba los cargos. Aceptó haberle solicitado dinero a Lyons y, de ahí en adelante, se convirtió en un testigo clave en otros procesos penales desarrollados en el escándalo por el que fue condenado a 58 meses de cárcel: el ‘cartel de la toga’, una red de sobornos que involucra a fiscales y magistrados a cambio de torcer procesos.

La corte Suprema de Justicia lo condenó en Colombia y una corte federal de Miami lo condenó en Estados Unidos por sus sobornos. Luis Gustavo Moreno tenía 37 años y obtuvo sus sentencias a partir de declararse culpable. Recuperó su libertad en octubre de 2022, poco después de cumplir 41, y decidió no cambiar de carrera, sino volver al litigio y a la docencia en el campo del derecho.

¿Eso es posible? La respuesta corta es que sí. El abogado, de ascendencia valduparense, no tiene impedimentos legales para seguir ejerciendo como defensor privado. La Corte Suprema lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 48 meses y, aunque por sus delitos tiene una inhabilidad perpetua para aspirar a cargos públicos, no hay nada que evite que en el campo privado pueda laborar.

Luis Gustavo Moreno reapareció ante las cámaras el año pasado, cuando posó como defensor del dragoneante Cristian Oviedo Mogollón, capturado por presunta corrupción al interior del Inpec. Con una corbata azul y una repisa llena de libros de derecho detrás de él, Moreno intervino en una audiencia, tuvo un desacuerdo con el juez de garantías del caso y, súbitamente, renunció a su poder como defensor.

Aunque ese era su regreso al litigio, Moreno no era ajeno a buscar nuevas oportunidades laborales. En enero de 2023 apareció como analista en el portal informativo Nación Paisa. Meses después, en noviembre del año pasado, fue anunciado como el apoderado de Jorge Luciano Bolívar, un excandidato a la Alcaldía de Ibagué (Tolima) que denunció presunta corrupción electoral.

Según Bolívar, la alcaldesa electa de la capital tolimense, Johana Aranda, quien lo superó por unos cuatro mil votos, propició alteraciones en los formatos diligenciados para que la Registraduría anunciara los resultados de los comicios regionales de octubre de 2023. “No podemos permitir que las autoridades, engañadas, cometan una decisión en contra de la democracia”, expresó Moreno en un video.

“Hice parte de unos hechos que empañaron la administración de justicia, pagué por ellos. Fui extraditado, recorrí los pasillos tortuosos de la extradición, pagué pena de prisión en Colombia y en Estados Unidos. Pero cuando uno está privado de la libertad uno sueña con el momento de encontrarse con la libertad y qué hacer con ella. Yo, sin duda, tuve ese sueño recurrente”, continuó el jurista.

Las actuaciones de Moreno en su momento no solo tuvieron que ver con su rol de fiscal, sino con su rol de abogado. Por eso, en abril de 2019 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura lo inhabilitó por quince años, luego de que él mismo aceptó las solicitudes de dinero que le hizo al exgobernador Alejandro Lyons a través del abogado Leonardo Pinilla.

Sin embargo, la reestructuración que tuvo la rama judicial por varios años terminó beneficiando a Moreno. En junio de 2020, cuando aún existía la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y aún no estaba en firme la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ni sus Seccionales, la Sala le suspendió a Moreno el ejercicio de su profesión por tres años.

Moreno, entonces, no aparecía con antecedentes disciplinarios. El abogado confesó, como lo ha hecho en instancias penales, haber intercedido en varios procesos a partir de coimas, lo que llevó a la sanción de la Sala. Con la entrada de la Comisión de Disciplina Judicial, la corte disciplinaria ordenó recibir el expediente por el que Moreno recibió su suspensión para pronunciarse en segunda instancia.

Era una segunda instancia automática, conocida como “consulta”. La Comisión Nacional empezó a examinar las carpetas del proceso disciplinario en agosto de 2021, cuando estableció “que no se habían aportado la totalidad de piezas procesales requeridas”. La secretaría de la Comisión insistió con un auto en mayo de 2022, que fue respondido por la ahora Comisión Seccional en junio.

En total, la comisión Nacional recibió dieciocho CD y seis cuadernos con, cada uno, más de trescientos folios, y decidió pronunciarse en favor de Moreno. La explicación, que consta en un auto de once páginas con ponencia del hoy presidente de la Comisión de Disciplina, el exdefensor del pueblo Alfonso Cajiao, es que el vencimiento de términos (o prescripción) no admite otra condena.

La Comisión detalló que cuando Moreno se convirtió en fiscal, o sea, cuando se posesionó, el 6 de octubre de 2016, dejó de ser solo un abogado en ejercicio y se convirtió en funcionario público. Por ello, debía tomar en cuenta sus actuaciones de litigante, en las que se asoció con el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte para torcer expedientes antes de llegar a la Fiscalía.

Moreno ha sostenido que se asoció con Ricaurte para que fuesen intermediarios del exmagistrado Leonidas Bustos en el cobro de sobornos para desviar procesos que perjudicarían a Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Nilton Córdoba, Álvaro Ashton, Lucas Gneco Cerhar, entre otros personajes de la política, en el marco del cartel de la toga, incluso antes de su posesión como zar anticorrupción.

La Comisión aseveró que solo podía pronunciarse hasta el 6 de octubre de 2021, así que cuando llegó la decisión a favor de Moreno, en diciembre de 2022, habían transcurrido más de los cinco años “con los que cuenta esta Corporación para emitir pronunciamento de fondo”. En consecuencia, “se declarará la terminación y el archivo de las diligencias, por la extinción de la acción disciplinaria”.

El regreso de Luis Gustavo Moreno a los reflectores de la corrupción puede confirmarse con el certificado de antecedentes disciplinarios de abogados, en el que se lee que “no aparecen registradas sanciones contra el doctor”. Lo propio señala el certificado sin observaciones del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, que muestra que su tarjeta profesional sigue vigente.

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