"El Gobierno nos persigue", dice Alexander Contreras, uno de los más de mil cultivadores de hoja de coca reunidos en las montañas de Tibú, en la frontera de Colombia con Venezuela, donde reclaman a las autoridades por las promesas que dicen incumplidas.
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"Por ser recolector de hoja de coca nos tildan de guerrilleros, de narcotraficantes, de ser delincuentes", completa el campesino de 36 años, un raspachín o deshojador experto en la planta que es materia prima de la cocaína.
Congregados en el municipio de Tibú, los campesinos que viven del cultivo prohibido participaron el fin de semana pasado en una cumbre cocalera, donde denunciaron que aun con el nuevo gobierno de Gustavo Petro la situación no ha cambiado.
Desde que Petro asumió la presidencia, el 7 de agosto, tanto la persecución como la erradicación a la fuerza de los plantíos y la falta de apoyo en el tránsito a otras economías continúan, reclamaron a coro.
"Queremos contarle al mundo que somos campesinos (...) que por la no tenida en cuenta por los gobiernos anteriores la necesidad nos ha llevado a tener que cultivar la hoja de coca", dice Jhonny Abril, de 39 años, en medio del tercer encuentro de este tipo en la región conocida como El Catatumbo.
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Después de cosechar pérdidas con la yuca, el maíz, el café y la caña, miles se volcaron al plantío más rentable: la coca.
En 2021 Colombia -el mayor productor de cocaína del mundo- superó un récord histórico de narcocultivos con 204.000 hectáreas sembradas, un aumento del 43% en un año, según la ONU.
El bullicio de la asamblea se vio interrumpido durante unos minutos cuando varios helicópteros de la Fuerza Aérea colombiana sobrevolaron la zona y los asistentes.
Cientos de volantes cayeron de lo alto con un lacónico mensaje: "CampesiNO diga NO a los cultivos ilícitos".
La respuesta se oyó como un rumor: "Sabotaje".
Guerra antidrogas
En un terreno cercano, una veintena de personas deshojan el paisaje. Los arbustos color verde encendido se extienden entre un sinfín de montañas.
Laboratorios clandestinos transforman las hojas en pasta base de coca. Cosecha tras cosecha llegan hasta aquí familias enteras, migrantes venezolanos, madres solteras con sus hijos, ancianos, jóvenes empobrecidos.
En el país que más produce el polvo blanco que consumen en Estados Unidos y Europa, los recolectores son el eslabón más débil de la cadena.
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Petro cerró filas de su lado y ha dicho que no quiere más campesinos cocaleros encarcelados, al tiempo que denunció cuatro décadas de "fracasada" lucha antidrogas pese al millonario apoyo estadounidense.
Los cocaleros, en tanto, dicen ser blanco de estigmatización.
"Por ser recolector de hoja de coca (uno) es un delincuente (...) el Gobierno nos persigue, muchas veces nos han llevado presos", insiste Contreras en medio de los arbustos. El Catatumbo concentra 42.576 hectáreas de narcocultivos, la segunda región con más sembradíos en el país después del Pacífico (89.266 ha).
Desangrada por más de medio siglo de conflicto armado, Colombia no ha podido extinguir la violencia financiada por el narcotráfico, que deja más de nueve millones de víctimas.
Boom cocalero
El boom cocalero llegó tras el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en 2016, que ofreció a los cultivadores compensaciones económicas y el fin de la persecución judicial si destruían sus cultivos ilegales voluntariamente.
Los campesinos interpretaron el acuerdo de paz como un incentivo para sembrar más y recibir mayores beneficios por la erradicación, según autoridades y expertos.
También hubo mayor demanda de cocaína y se fortaleció el dólar con respecto al peso colombiano, lo que elevó el precio de la pasta base. "Nosotros queremos hacer el cambio (de cultivos), lo que pasa es que no hay un tema de inversión social", sostiene Luis David Rincón con un poncho sobre el hombro, al pie de su sembradío.
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En las profundidades del Catatumbo decenas de grafitis con las siglas de numerosos grupos armados recuerdan que son la autoridad de facto que controla el negocio de la droga.
El presidente colombiano planteó a los países consumidores, especialmente Estados Unidos, que se centren en la prevención del consumo. En su primera visita al Catatumbo en agosto se abrió al diálogo con los cocaleros para pactar su tránsito hacia una economía legal.
Petro aspira a reformar las políticas agrarias para potenciar la producción de alimentos y dar beneficios económicos a quienes dejen la siembra ilícita.
Los cocaleros esperan que este gobierno por fin cumpla con sus reclamos. "Hoy expresamos la voluntad política para que transformemos esta región", sostiene Abril.
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