La Procuraduría General ordenó la apertura de indagación preliminar contra los congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, por la demora en el trámite de las quejas, denuncias y procesos que involucran las actuaciones del presidente Gustavo Petro.
La información, revelada por Caracol Radio, sostiene que la Sala de Instrucción del Ministerio Público busca establecer si hubo demora injustificada en el trámite de las denuncias y expedientes radicados contra el jefe de Estado. Según el documento conocido, la entidad investiga posibles conductas relacionadas con falta de diligencia, deficiencias organizativas e incluso eventuales prevaricatos por omisión.
“Por falta de diligencia, falta de organización y posibles prevaricatos por omisión de los representantes”, se lee en la decisión del Ministerio Público.
La apertura de la indagación se produjo después de una diligencia en la que el secretario de la Comisión informó a la Procuraduría sobre la dimensión del represamiento de expedientes que enfrenta esa corporación. De acuerdo con la información entregada, actualmente reposan cerca de 3.000 actuaciones, de las cuales alrededor de 290 corresponden a procesos relacionados con el presidente Petro.
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En cuanto a los procesos activos, la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta (del Pacto Histórico), explicó que los números de los procesos son: 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472. Sin embargo, no reveló el contenido de los mismos.
Durante un evento público en Magdalena, el presidente Petro reaccionó a las acusaciones: “Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar porque o si no, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado”.
¿Qué tanto puede avanzar la investigación contra el presidente Petro?
La apertura de una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política llega en el tramo final de su mandato y revive una discusión recurrente sobre la verdadera capacidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para producir decisiones de fondo contra un jefe de Estado en ejercicio.
La célula legislativa tiene abiertas indagaciones de oficio por las recientes declaraciones y publicaciones del mandatario relacionadas con la campaña presidencial.
En términos prácticos, el margen de avance es limitado. La Comisión puede abrir investigación preliminar, practicar pruebas, escuchar versiones y eventualmente formular una acusación ante la Cámara, pero históricamente sus procesos suelen extenderse durante años y rara vez desembocan en sanciones políticas o penales efectivas.
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No es casual que el organismo cargue desde hace décadas con el apodo de “Comisión de Absoluciones”, debido al bajo número de casos que terminan prosperando contra altos dignatarios.
Por participación en política, hay ocho funcionarios del Gobierno Nacional que están investigados o suspendidos por la Procuraduría. Se trata de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, y los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; del Interior, Armando Benedetti, y de Transporte, María Fernanda Rojas.
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